Ramón Cotarelo

En un tipo ideal de sistema parlamentario con Estado unitario hay una nítida separación entre el Gobierno y la oposición. En un Estado compuesto real, con órganos de gobierno en niveles distintos (nacional, subnacional y/o local), especialmente cuando esos gobiernos son autónomos, la línea de separación entre Gobierno y oposición se hace confusa, no porque ambos órdenes se mezclen, sino porque el partido de Gobierno en un nivel puede ser oposición en el siguiente.

En un caso extremo, en España, podría haber un Gobierno nacional del PP o del PSOE con todos los autonómicos en manos del otro partido, de forma que cada uno es Gobierno en un nivel y oposición en el otro. Así sucede en la realidad: el partido del Gobierno central es oposición en la Comunidad Autónoma de Madrid o en la de Valencia, así como en sus respectivos municipios, todas ellas administraciones territoriales de considerable envergadura demográfica y presupuestaria. Carece de sentido que el PP afirme que el Gobierno persigue a la oposición porque –aunque consiguiera demostrar tan repudiable hecho, cosa impensable pues no exhibe prueba alguna– no podría demostrar que el PP que gobierna en Madrid sea al mismo tiempo oposición por la elemental regla de la identidad de que una cosa no puede ser ella misma y su contraria al mismo tiempo. Y da la casualidad de que las principales persecuciones judiciales de presuntos comportamientos delictivos se dan en comunidades como Madrid, Valencia y Murcia, en las que gobierna el PP, o en otras como Baleares, en que lo hizo. Decir que el Gobierno persigue a la oposición cuando el partido supuestamente perseguido es a su vez Gobierno es una falsedad de política partidista. Y se añade una consecuencia igualmente perversa para el funcionamiento del sistema democrático: confundir la jerarquía de los niveles de Gobierno con falta de lealtad al conjunto utilizando, por ejemplo, los gobiernos de los niveles autonómicos para hacer oposición al Gobierno central.

La perversión reside en que así como se exige que el Gobierno central no discrimine comunidades autónomas en función de su partido de Gobierno, estas mismas se permiten el lujo de boicotear las políticas del Gobierno central en asuntos propios de las competencias de este, como hace la Comunidad Valenciana con la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la madrileña con la Ley de Dependencia. La situación se complica si a los distintos niveles internos en España unimos el de la Unión Europea, en donde el PP, oposición al Gobierno central en España y Gobierno en algunas de sus comunidades autónomas, también es gobierno de la UE, dado que el grupo del Partido Popular Europeo (en el que se integra el PP) es mayoritario en el Europarlamento. Llevar la insólita cuestión de la pretendida (y no probada) persecución de la oposición española al Parlamento europeo y pretender una declaración institucional de este es un golpe bajo para la Presidencia española del primer semestre de 2010 y una muestra de la nula lealtad del PP a los intereses del Estado español en su conjunto.

Catedrático en Ciencias Políticas