Mucha atención se sigue prestando a un pintoresco incidente, pero, no por ello, menos lamentable; el ocurrido el pasado domingo en Poyales del Hoyo, a la salida de misa de 12, entre miembros de algunas asociaciones de Memoria Histórica y entre supuestamente pacíficos vecinos de este pueblo. Entre quienes se autodefinen como nietos de obreros a los que no pudieron matar aquellos que aparecen como fieles cumplidores de los mandamientos de la Iglesia Católica. Todo bajo la pugna entre el obrerismo revolucionario de corte bolchevique y entre las más clásicas esencias patrias de la involución de nuestra sociedad. Así, frente a frente, lo pretendidamente perenne frente a lo realmente inexistente. Medios de comunicación y noticieros siguen atentamente esta anécdota de verano y sus detalles. Políticos y pseudo-políticos, con manida y hueca invocación, claman por el respeto a los muertos o la correcta aplicación del orden público. En resumen, que al esperpento y a lo grotesco difícilmente se le puede añadir más.

Pero bien, ante ello, me planteo una propuesta, como es verlo desde más hondo calado, desde más allá de puntuales imágenes, pues entiendo que el suceso y sus razones son claramente pasajeros y enmendables, pero no lo es lo que subyace. Esto es, si los muertos de las cunetas y los exhumados de ellas tienen o no derechos seguros y efectivos ante nuestras leyes. En especial, en la llamada Ley de Memoria Histórica. Ante este problema, ésta cita, sin precisar, unos marcos de competencia, que desde todo ente se rechaza; a multidisciplinares protocolos conjuntos que no se elaboran, al menos, desde el rigor; a la genérica colaboración de todas las administraciones para la localización e identificación de víctimas, etc. etc., pero, de efectividad, nada de nada, lo muestra bien a luz el citado suceso y, sobre todo, precedentes administrativos. Resulta, por tanto, en último extremo, patético e hiriente para una sociedad madura que, una ley que ocupó casi toda una legislatura completa, que llevó a la acritud política, donde se recordaron fantasmas del pasado, se manipuló sobre la equiparación de bandos, se habló de la reescritura o no de nuestra historia, más muchísimos otros tópicos, no proporcione ninguna aplicación práctica a unas simples cuestiones que plantea la real existencia de las desapariciones forzadas en España.

Si de esta ley hubiera resultada aprobada una mínima previsión vinculante, solo algún precepto de efectiva aplicación, resultaría ocioso examinar donde, de verdad, nos hallamos: que los familiares de estas víctimas quedan a expensas de la buena comprensión de la autoridad que administra cementerios; que los restos exhumados sean tratados conforme a tradicionales ordenanzas, o por contrario, según alguna norma especial de ámbito provincial o autonómico; sobre cómo resolver reales diferencias entre familiares, etc. etc., la casuística sería amplia. Y es en esto, donde se encuentra el real origen del incidente sucedido en Poyales, con independencia de cualquier otra consideración.

Ante la situación, no deja de ser oportuno recordar, una vez más, que ellas son las víctimas de un holocausto, negado, todavía ni tan siquiera tiene puesto nombre a las víctimas, pero que tiene mostrada su realidad. Por tanto, cuando menos, esperar que por quienes deben y pueden se extraigan necesarias enseñanzas y se adopten medidas generales, pues son bien posibles.

Fernando Magán es abogado de las víctimas en la causa contra el franquismo.