El Supremo ha condenado al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a ochos meses de prisión y a una inhabilitación especial por un asuntillo de 1994, cuando él presidía Banesto y quiso cobrar a toda costa con la ayuda del juez Estevill –ayuda que en su caso nunca era impagable- un préstamo fallido de manera arbitraria. Diecisiete años después de aquellos hechos que llevaron al trullo a tres personas inocentes, el Tribunal ha encontrado culpable a Sáenz de intento de estafa procesal y acusación falsa. La Justicia es lenta y con los banqueros pillados en renuncio se eterniza, como si quisiera equiparar sus vencimientos al de un crédito hipotecario.

El drama para Sáenz no es la pena de prisión sino la de inhabilitación, que debería obligarle a dejar el consejo del banco donde cobra el salario mínimo interprofesional: 10 millones de euros al año. En una especie de sarcasmo, la ley establece que los consejeros de un banco han de ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, un requisito grotesco tras una crisis financiera en la que todos los banqueros conservan su honor intacto aunque hayan perdido la vergüenza. En el caso de Sáenz la cosa se complica, ya que tener antecedentes penales con las correspondientes fotografías de frente y de perfil es algo más que un contratiempo. Así que don Alfredo, a sus 67 años, acudirá en amparo al Constitucional, que tampoco tendrá prisas en ver su recurso, para poder jubilarse con todos los pronunciamientos favorables.

Lo de jubilación de Sáenz tiene su miga, siendo pública la pensión que el Santander le tiene reconocida y que asciende, a falta de aplicarle el IPC, a cerca de 90 millones de euros. ¿Deberían los accionistas del banco aceptar sin rechistar que uno de sus ejecutivos, condenado en sentencia firme por un delito doloso, se lleve a casa la suma que un español medio tardaría 3.000 años en obtener trabajando honradamente ocho horas diarias?

Opinan los entendidos que el relevo de Sáenz será inevitable antes incluso de que se pronuncie el Constitucional porque el Santander no puede permitirse semejante daño reputacional en momentos tan turbulentos. De la reputación que Pedro Olabarría y los hermanos José Ignacio y Luis Romero perdieron al ser encarcelados a instancias de Sáenz ni se habla.