ANTONIO IZQUIERDO

La política de inmigración española está obligada a curtirse en la crisis, pero cabe pedirle coherencia y pedagogía, de modo que el mensaje público ha de procurar el engarce de las actitudes de los ciudadanos con el desarrollo del ciclo migratorio. El discurso de coyuntura puede violentar las tendencias profundas de la inmigración y partir la realidad social en dos frentes: a un lado los comportamientos xenófobos y, en el otro cabo, el rencor migratorio. La conclusión es que hay que hablar menos de retornos y fronteras y actuar más sobre la integración hacia dentro.

Un signo de que las medidas que se toman son coherentes es su encaje con un modelo migratorio en el que más de la mitad de la inmigración ha arraigado. El giro político actual anda desequilibrado al poner todo el énfasis en el ajuste laboral sin percatarse de que la aportación de los foráneos va más lejos. No se agota cuando pierden un empleo. Los inmigrantes tienen hambre de futuro y no se desaniman ni a la tercera de cambio.

Una manera de evitar la fractura entre percepciones y escenario migratorio es actuar sobre los extranjeros establecidos que están perdiendo su trabajo. Y el abanico de opciones se estrecha cuando se da una imagen sesgada de sus recursos educativos y de sus capacidades. La percepción que se extiende entre los españoles es que tenemos una inmigración no cualificada cuando lo que vemos es su trabajo, no su aptitud. No están perdiendo el empleo por analfabetos sino en razón de la rigidez normativa, la poca antigüedad, el exceso de contratos temporales y la concentración en empleos vulnerables. No tenemos una inmigración poco formada sino muy desclasada.

El retrato educativo de la inmigración no comunitaria es el que sigue. Uno de cada diez no tiene estudios y otros dos han completado la enseñanza primaria. Los siete restantes se reparten del modo siguiente: cinco con estudios de grado medio y dos con título superior. En pocas palabras: la inmigración ha aumentado el nivel de estudios de la población que vive en España. Sin haberlo costeado, tenemos más capital educativo.

El desclasamiento profesional mide la distancia entre la ocupación y los estudios. Evidencia la separación entre las circunstancias y las expectativas. El resultado es que los menos instruidos resultan más vulnerables al desempleo mientras que los más cultivados registran un desfase mayor entre sus aptitudes y su trabajo. Unos aparecen más excluidos y los otros mas desclasados.

La política ha de favorecer la ambición de los inmigrantes sin menospreciar sus capacidades ni maniatar su movilidad social. Es tiempo de reconocer sus titulaciones, ofrecer formación profesional continuada y facilitar el cambio de ocupación, empleador, sector de actividad y provincia. La movilidad es innovación y cuando se la traba con argumentos burocráticos todos perdemos.

La opinión pública tiene que percibir que tenemos un modelo migratorio en el que caben las bonanzas y las crisis. Según el período cambiará el acento y las prioridades, pero no el fondo. Las acciones de gobierno que se impulsan hoy han de pensar en su repercusión futura para no añadir a la ruptura migratoria la generacional.

Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología