RAMÓN COTARELO

Desde el accidente del Yakovlev-42, hace cinco años, Federico Trillo-Figueroa, entonces ministro de Defensa, no ha tenido otro objetivo que zafarse de las consecuencias jurídico-penales y políticas. Hasta la fecha lo ha conseguido, bien es cierto que al muy alto coste del general ludibrio en que lo tiene una opinión pública que exige que los responsables políticos asuman sus responsabilidades y dimitan de sus cargos cuando hay desaguisados de este porte. Como, por asunto de muchísima menos gravedad, hizo hace poco Mariano Fernández Bermejo precisamente a instancia reiterada e indignada de Trillo.

Son dos los desaguisados producidos en el accidente del Yak-42:

las condiciones de contratación de la aeronave, rayanas en el fraude, y el desbarajuste en la identificación de los cadáveres que dio lugar a una situación de doble perjuicio para las víctimas y sus familiares. Los dos implicaban la responsabilidad de Federico Trillo, por acción o negligencia. Que haya conseguido soslayarla hasta la fecha demuestra el grado de implicación y complicidad en tareas de encubrimiento que alcanzan las administraciones públicas cuando les interesa y la habilidad de Trillo para aprovechar los entresijos legales y los privilegios e inmunidades que otorga el poder a fin de escurrir el bulto al hacer frente a las consecuencias de su gestión por acción u omisión.

Sin embargo, el inexorable curso de la justicia está haciendo que su situación sea cada vez más insostenible. Es cierto que tanto el juez de instrucción, Grande Marlasca, como el actual presidente del tribunal juzgador, Gómez Bermúdez, han considerado impertinente la personación de Trillo en la causa. Pero el desarrollo de esta –con la permanente aparición de datos e informaciones que apuntan a decisiones emanadas directa y personalmente de Trillo– están abocando al proceso a un callejón sin salida. Empieza a carecer de sentido que se mantenga su incomparecencia, ya que cada vez es más claro que es sobre él sobre quien recae la responsabilidad de la autoría intelectual del presunto delito, por utilizar una terminología que viene siendo familiar de un tiempo a esta parte.

En cuanto a la obvia responsabilidad política de la que Trillo se ha escurrido hasta la fecha, sostiene el ex ministro que quedó sustanciada desde el momento en que su partido, el Partido Popular, perdió las elecciones y él fue reelegido diputado por Alicante. Son dos falacias en una: la responsabilidad política era y es personal, no colectiva, no afectaba al Gobierno en su conjunto y menos al partido; por otro lado, la elección en listas cerradas y bloqueadas no dice nada sobre una eventual (y, por lo demás, imposible) exoneración de responsabilidades políticas.

La situación de Federico Trillo es insostenible y la decencia democrática requiere que dimita de todos sus cargos políticos a la espera de que el procedimiento penal exija su comparecencia en él. Entre otras cosas, para evitar la penosa impresión de que ha dejado en la estacada a sus subordinados.

Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencias Políticas