ÓSCAR CELADOR ANGÓN

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

Uno de los grandes males que ha asolado tradicionalmente a la comunidad científica española es la fuga de cerebros. Esta especie de hurto de recursos humanos altamente cualificados implica que los mejores frutos de las inversiones públicas dedicadas a la mejora de nuestro sistema educativo y universitario son captados por otros países, gracias a su enorme capacidad para ofrecer estímulos económicos, tecnológicos o, simplemente, un futuro profesional. En otras palabras, mientras que el precario panorama laboral empuja a los jóvenes investigadores españoles al desempleo, las principales potencias económicas extranjeras se dedican a captar e importar a nuestro mejor talento nacional para generar riqueza en el país de acogida. Se trata de la pescadilla que se muerde la cola, ya que el sector productivo español necesita mejorar su déficit tecnológico para ser competitivo y crear empleo, pero al mismo tiempo, como consecuencia –entre otros factores– de la ausencia de mecanismos que permitan retener a los futuros líderes tecnológicos, nuestra economía se sustenta en un tejido económico poco productivo que nos impide ser eficientes en un mercado tan competitivo como es el de la sociedad globalizada del siglo XXI y, en consecuencia, generar empleo y riqueza.

La gran paradoja de nuestro modelo científico reside en que nuestro país es la novena potencia mundial en términos de producción científica, pero nuestro sector productivo refleja un importante déficit en el área del desarrollo tecnológico. Esto es debido a dos factores: de una parte, dada la escasa cualificación laboral del mercado laboral español, nuestro modelo económico se ha caracterizado tradicionalmente por importar tecnología y exportar productos de escaso valor añadido; y de otra, a la ausencia de políticas públicas eficaces dirigidas a la creación y retención del conocimiento vinculado con la producción empresarial y tecnológica.

El proyecto de Ley de la Ciencia, que el Consejo de Ministros acaba de remitir a las Cortes Generales, contiene los ingredientes necesarios para que la receta tenga éxito, es decir, que el talento de nuestro capital humano deje de fugarse al extranjero en busca de mejores oportunidades. Ahora esperemos que la clase política sea consciente de la importancia que esta ley está llamada a tener para nuestro futuro económico y social y sepa estar a la altura de las circunstancias.