NÚRIA BOSCH

El pasado 24 de enero se acabó el plazo para que los municipios españoles presentaran las solicitudes de realización de los proyectos financiados mediante el Fondo Estatal de Inversión Local. Este, creado por el Gobierno central, tiene una dotación global de 8.000 millones de euros, que se distribuyen entre los municipios según su población. Los recursos han de destinarse a financiar obras de competencia municipal de nueva planificación, es decir, que su ejecución no estuviera prevista en el presupuesto de 2009, de un importe inferior a 5 millones de euros y cuya finalización esté prevista en el primer trimestre de 2010. Además, se exige que el nuevo personal que el contratista de la obra necesite emplear para su ejecución se encuentre en situación de desempleo.

El Fondo parece un instrumento adecuado para contribuir a paliar la crisis económica e inyectar recursos a la maltrecha Hacienda municipal. Su objetivo básico es dinamizar a corto plazo la actividad económica, creando empleo y –a su vez– capitalizando a los municipios.

La acogida del Fondo ha sido muy positiva, ya que casi la totalidad de los municipios han presentado proyectos. Para los gobiernos municipales ha supuesto un balón de oxígeno, al permitirles financiar inversiones que tenían en cartera, pero para lo que el sistema actual de financiación local no proporciona los recursos suficientes. Asimismo, la ejecución de equipamientos e infraestructuras gusta a los responsables municipales al poderse visualizar perfectamente para la ciudadanía, lo que da réditos electorales.

Ahora bien, estas medidas coyunturales no tienen que hacer olvidar la necesidad de una reforma competencial y financiera a nivel local. La descentralización fiscal habida en España en las últimas décadas ha ido dirigida únicamente hacia las comunidades autónomas. Los gobiernos locales españoles tienen un peso específico dentro del total del sector público parecido al del inicio de la etapa democrática: gestionan el 13% del gasto público, porcentaje muy distinto al que tienen en la mayoría de países federales descentralizados, que se sitúa en una media del 18%. Es la hora de una segunda descentralización hacia los gobiernos municipales o, mejor dicho, hacia el nivel local de gobierno, ya que debido a la pequeña dimensión de muchos municipios, la administración más pertinente para asumir más competencias es la de carácter supramunicipal.

Por lo que respecta a los problemas que presenta la financiación local, uno importante es que el sistema actual de imposición municipal se vincula a la prestación de servicios relacionados con el patrimonio inmobiliario y no se adecua a la prestación de servicios personales, que son una parte considerable de los provistos hoy por los municipios. Además de que prestan servicios en suplencia de otras administraciones sin la adecuada financiación.

En conclusión, esta lluvia de millones de euros hacia los municipios no tiene que hacer olvidar al Gobierno competente en la materia que tiene una asignatura pendiente con los mismos, que es darles el protagonismo que se merecen, con la asunción de nuevas competencias, y dotarles de un buen sistema de financiación adecuado a las mismas.

Núria Bosch es Catedrática de Hacienda Pública