ÓSCAR CELADOR ANGÓN

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

Las recientes declaraciones de la Conferencia Episcopal española sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales deben interpretarse en el marco de una estrategia más amplia. Una estrategia internacional que pretende influir en la decisión que en breve debe adoptar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso presentado por Italia contra una de sus decisiones, que estableció por unanimidad que la presencia de crucifijos en el contexto mencionado lesiona, entre otros derechos, el derecho de libertad religiosa.

Según la Iglesia católica, la presencia del crucifijo en la escuela es una manifestación del derecho a la libertad religiosa de los cristianos y un instrumento indispensable para que Europa no pierda su identidad y valores culturales cristianos. Con esta actitud, la Iglesia está pretendiendo que muchos niños que, por voluntad propia o de sus padres, desarrollan su personalidad en un contexto ajeno a sus símbolos religiosos, puedan ser obligados por los poderes públicos a escolarizarse frente a un crucifijo. Dejando a un lado el hecho de que los argumentos de la Iglesia también servirían, por ejemplo, para obligar a todos los escolares a estudiar su credo, parece evidente que se trata de una posición que ignora que Europa sólo tiene futuro en la medida en que sea capaz de aglutinar bajo la misma bandera a todos los europeos, con independencia de sus creencias y convicciones.

La presencia de cualquier símbolo religioso en los espacios tutelados por los poderes públicos es muy discutible desde la perspectiva de la laicidad del Estado, pero mucho más aún cuando dicho símbolo se localiza en las escuelas públicas, ya que en ese caso se lesionan tanto el derecho a la libertad religiosa de los alumnos no cristianos como el derecho de aquellos padres que, habiendo decidido que sus hijos tengan una educación laica, se ven obligados a enviarlos a estudiar a un contexto presidido por un símbolo con una indudable naturaleza religiosa. Con esta actitud, la Conferencia Episcopal está demostrando que parece ser la única que no entiende que en España, al igual que en la mayoría de los países europeos, los crucifijos no fueron retirados de las escuelas públicas porque los españoles decidiésemos romper con nuestra cultura e historia, sino porque así lo exigió la instauración de un régimen democrático soportado sobre la neutralidad religiosa e ideológica.