Algunas de las principales exigencias que establece el decreto ley de reforma del sistema financiero aprobado ayer por el Gobierno vienen marcadas por las llamadas directrices de Basilea III, el nuevo marco regulatorio de las finanzas internacionales que entrará en vigor en 2013. Otras, las que obligan a bancarizar (eufemismo poco disimulado del verbo privatizar) las cajas de ahorros, son defendidas desde el Gobierno como la única forma de sanear el sistema financiero español y dar confianza a los mercados para que vuelva a fluir el crédito a empresas y familias. Se pone fin a un modelo que, con sus mil y un defectos de gestión y su politización excesiva, al menos garantizaba contrapesos a la demostrada voracidad del puro negocio bancario. Como sucede en otros ámbitos, los focos se concentran en todos los aspectos criticables de la gobernanza de las cajas y apenas se habla ya de una obra social que muy pronto se echará de menos. Aunque las cajas no respondieran exactamente a la definición de banca pública, es muy discutible el rechazo absoluto a contemplar siquiera la existencia de una entidad de capital público ajena a esa gigantesca competencia especulativa que está precisamente en el origen de la crisis financiera actual. El decreto contempla la limitación de sueldos y dividendos en las entidades que reciban ayudas del Estado. Menos mal, porque de los mercados (por mucha confianza que ellos exigen) no puede fiarse el contribuyente.