El Consejo de Ministros aprobó formalmente ayer el polémico plan de ajuste anunciado el miércoles de la semana pasada por el presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados. Las vicepresidentas De la Vega y Salgado aportaron, en conferencia de prensa, los detalles del tijeretazo al gasto social –por ejemplo, la tabla de las reducciones salariales a los funcionarios y empleados públicos, que oscilarán entre el 0,56% y el 7% en función de la escala–. Además, concretaron que las medidas de austeridad, encaminadas a reducir el déficit público, provocarán una revisión a la baja de cinco décimas en las previsiones de crecimiento económico.

Apenas hubo novedades de fondo. La que iba a ser la gran noticia de la jornada no se produjo: la aprobación de un “Impuesto Extraordinario sobre la Riqueza”, destinado a quienes acumulan entre bienes y rentas un capital superior a 1,5 millones de euros. A preguntas de los periodistas, las vicepresidentas se remitieron a unas declaraciones recientes de Zapatero en las que anunció un tributo “a los que más tienen” y aseguraron que esa medida se adoptará en el “momento oportuno”.

El presidente ha preferido aplazar la aprobación del impuesto por considerar que su inclusión en el plan de ajuste se podía tachar de demagógica. Pero son esos cálculos tácticos los que deben aplazarse en las actuales circunstancias. El plan de ajuste requiere correcciones urgentes por el lado de los más ricos. El “momento oportuno” corre prisa.