JORGE CALERO

Catedrático de Economía Aplicada

El fracaso escolar en España se sitúa en torno al 30% desde hace más de una década. Esta cifra corresponde a la definición más extendida, la “oficial”, de fracaso escolar, en la que se mide la proporción de alumnos que no obtienen el título de graduado al finalizar sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria. En otros países de nuestro entorno la cifra equivalente es muchísimo más baja, y lo que se considera potencialmente problemático no es el fracaso escolar, sino el abandono prematuro, es decir, la no obtención de un título de secundaria postobligatoria.

Pero ¿corresponde ese 30% de fracaso escolar a algún concepto claramente delimitado, basado en criterios objetivos y homologable internacionalmente? La evaluación internacional PISA, llevada a cabo por la OCDE y cuyos últimos resultados hemos recibido en diciembre pasado, suscitan una serie de dudas al respecto. En PISA

se considera que la obtención de una puntuación inferior al nivel 2 conlleva un elevado riesgo de fracaso escolar. La proporción de alumnos españoles que se situaron en 2009 por debajo de ese nivel 2 es la siguiente: 19,5% en el caso de las competencias de lectura; 23,7% en competencias de matemáticas; y 18,2% en las competencias de ciencias. Las cifras medias para los países de la OCDE (recordemos, países con un elevado nivel de desarrollo) fueron, respectivamente, 19,7%, 24,8% y 20%. Es decir, cuando medimos el nivel de competencias con instrumentos

homologables nos encontramos con que la situación española en cuanto a los alumnos con más problemas de aprendizaje no se diferencia en absoluto de la situación de nuestros vecinos de países desarrollados. Cuando la medimos en función de cuánto aprueban o suspenden los alumnos, las diferencias son importantísimas.

El fracaso escolar español, por tanto, es parcialmente un problema derivado de procesos de acreditación, en los que la exigencia de los profesores y centros españoles parece mayor a la que se aplica en nuestro entorno. Esta afirmación es seguramente inadmisible para buena parte de la profesión docente, que considera que los que no reúnen suficientes condiciones académicas no son sólo los “fracasados”, sino también bastantes de los que obtienen el graduado. Pero los datos exigen que nos replanteemos inercias que pueden estar situándonos en desventaja en cuanto a las posibilidades de formación de nuestros jóvenes.