MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC

Recientemente la prestigiosa revista Nature dedicaba un editorial a España, haciéndose eco del malestar de la comunidad científica por los recortes que el Gobierno había previsto en los Presupuestos de 2010. Reconocía Nature que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero deslizaba una interpretación de la situación creada este año aludiendo a la escasa experiencia política de la actual responsable del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Creo que el artículo de Nature no era ecuánime: adoptaba exclusivamente el punto de vista de la comunidad científica, no contemplaba elementos importantes del contexto social y económico en el que nos desenvolvemos los españoles y simplificaba hasta la caricatura la atribución de responsabilidades políticas.

Una Ley de Presupuestos tiene un difícil y complejo trámite desde que el Gobierno hace los primeros borradores hasta que se decantan las diferentes enmiendas parlamentarias. Al final de este proceso, en el que la ministra Cristina Garmendia se ha involucrado activamente en las negociaciones con los grupos parlamentarios, se ha conseguido incrementar las partidas de I+D en 150 millones de euros, garantizando la dotación de los programas esenciales del Plan Nacional (becas, contratos y proyectos) y un importante esfuerzo en las políticas de innovación. No es un resultado óptimo, pero es mucho mejor de lo que se podía temer cuando Nature publicó su editorial. El único problema grave que puede quedar por resolver para el próximo año es, en realidad, el del presupuesto de aquellos Organismos Públicos (OPI) de Investigación que no tienen reservas propias suficientes para capear el temporal.

La política tiene por lo menos dos tiempos diferentes: el de la gestión cotidiana y el de los proyectos a largo plazo. El MICINN lleva casi dos años agobiado por los problemas cotidianos. La propia creación del ministerio ya fue problemática: una decisión pensada para un ciclo expansivo de la economía, pero que se llevó a cabo en plena crisis, sin una sede adecuada, sin infraestructura administrativa suficiente y sin un diseño completo que, para empeorar las cosas, al cabo de poco más de un año se vio sometido a una fuerte convulsión, al retornar las competencias en política universitaria al Ministerio de Educación.

El tiempo del largo plazo es mucho más interesante para la política científica. Y cabe suponer que es el que se ha iniciado ahora con las destituciones y nombramientos que Garmendia ha llevado a cabo. El nuevo secretario de Estado, Felipe Pétriz, es un hombre de su confianza, con sobrada capacidad para el trabajo discreto y eficaz y para la negociación tenaz y el consenso. Tendrá en sus manos la responsabilidad de desatascar la Ley de la Ciencia, potenciar y coordinar la actividad investigadora de los OPI y las universidades, culminar la gestión eficiente y ágil del Plan Nacional y completar el equipo de la ministra en la nueva etapa que ahora se inicia, para diseñar el futuro del sistema de ciencia e innovación en España. Si lo hacen bien, todavía es posible que el año 2010 sea sólo un paréntesis y que al final salgamos de él con un sistema científico más ágil, más grande, más integrado y más comprometido con las necesidades de la sociedad.

Miguel Ángel Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia