Un tribunal de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en las selvas del Ecuador, le acaba de imponer a la petrolera Chevron-Texaco la multa ambiental más alta de la historia: 9.500 millones de dólares. Dice Pablo Fajardo, el abogado de los demandantes (cuatro tribus indias del Amazonas, donde también es nacido Fajardo), que en sus 18 años de explotación del petróleo en la región la Chevron abrió 356 pozos, vertió en los ríos y quebradas 18.000 millones de galones de aguas contaminadas y varios millones de galones de crudo y abrió mil fosas de desechos tóxicos, desplazando en el proceso a 30.000 personas. Y que la multa debiera ser por lo menos cuatro veces más alta.

Pero lo de “imponerla” es tal vez excesivo. Digamos más bien que el Tribunal Provincial la propone. La Chevron va a apelar. Bueno: tampoco “apelar” exactamente. Quiere que el pleito vaya a arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, y que esta condene al Gobierno ecuatoriano a indemnizar a la petrolera por daños y perjuicios. O que vaya a un tribunal de los Estados Unidos. Porque, aseguran los directivos de la empresa, la sentencia del juez fue obtenida “con fraude”, y el sistema judicial del Ecuador es “totalmente corrupto”.

Puede ser. Aunque fue la propia Chevron la que hace ocho años (el pleito va en 18) solicitó al juez federal de Manhattan que llevaba el juicio que lo trasladara a la justicia ecuatoriana. Tal vez porque, precisamente, la consideraba corrupta y en consecuencia fácilmente manipulable. Sólo que en el intervalo el Ecuador ha pasado de tener gobiernos pro-norteamericanos a tener uno crítico de la política de los Estados Unidos. Alega entonces la petrolera que el caso no es jurídico, sino político, y la acusada no es ella, sino el Gobierno de los Estados Unidos. En cuanto a los daños ambientales, si los hay, no fueron causados por ella sino por “la indisposición o la incapacidad del Gobierno del Ecuador para cumplir con sus obligaciones” debido “a la falta de infraestructura para tratamiento de agua, la deficiente infraestructura de saneamiento y el acceso insuficiente a la atención en salud”. Lo que hay, dice la Chevron, es una “farsa judicial”, una sentencia “ilegal e ilegítima” y una simple y llana “denegación de justicia”.

La Chevron ha figurado entre las cinco empresas más grandes de los Estados Unidos desde que la prensa especializada hace este tipo de mediciones. Opera en 180 países. ¿Sí podrán ganarle la partida cuatro tribus de indios amazónicos?