Hace semanas que no escribo, porque hace tiempo que las reflexiones se me amontonan en la cabeza, pero se me mezclan con incredulidad y enmudezco. Quiero hablar de seguridad, pero cada idea se me hace grande y se convierte en enmienda a la totalidad.

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Demasiados disparates en la tele, demasiadas verdades en las plazas.

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En relación con la utilización electoral de la inseguridad y el orden público, oír en pocos días barbaridades como que “los inmigrantes han traído enfermedades ya erradicadas”, como dijo la presidenta del PP de Catalunya, o que hay que ir “hasta dónde la ley lo permita y más allá” para evitar “alteraciones del orden público” (léase manifestaciones) y “atentados a la propiedad privada” (que es cuando una persona le rompe un cristal a un banco, no cuando un banco le rompe la vida a una persona), como dijo el responsable de interior de la Generalitat catalana después de la manifestación del Primero de Mayo, o leer en un programa de gobierno que el futuro de la seguridad pasa por la seguridad privada, basta para dejar a cualquier persona que se haya creído esto de la construcción democrática en estado de shock.

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Dicen algunos politólogos que es habitual que los políticos copien recetas de otros lares, y que muchas veces, cuando esas recetas no consiguen los resultados previstos, los políticos copiones, escasos de ideas propias, prefieren endurecer las recetas a cambiarlas. Esto explica que se siga utilizando la carta racista y la mano dura cuando es evidente que la mayoría de nosotros nos hemos quedado sin tiempo para insultar al recién llegado, ocupados como estamos en intentar que no nos sobre tanto mes al final del sueldo/subsidio/ayuda familiar.

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Me temo, no obstante, que esta obstinación por insistir en recetas que ya no sirven no se limita al ámbito de la seguridad. Nuestros gobernantes muestran tanta cabezonería en el uso irresponsable de la inseguridad como en la perpetuación de políticas de humillación salarial de trabajadores y trabajadoras y de descapitalización de los servicios públicos que nos están llevando al desastre personal y colectivo. En el manual político del siglo XXI dice privatizar y precarizar, y, como semos europeos, toca callar.

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Bueno, tocaba. Desde el 15 de mayo, muchos ya no se callan, muchos ya no nos callamos. Lo que estamos viviendo en estos meses, en políticas de seguridad (que es lo que conozco), en políticas sociales y en políticas económicas (que es lo que vivo) es un ataque concertado a principios democráticos que parecían intocables: el Estado de Derecho, salud y educación para todos, una fiscalidad progresiva, la posibilidad de soñar en dejar un futuro mejor a las próximas generaciones… las cuatro cosas que parecían llenar de sentido la superación de la dictadura.

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¿Y para qué? ¿Para reequilibrar la balanza de pagos? Después de años de relación inversa entre la “moderación salarial” y el aumento del paro, entre el endurecimiento del Código Penal y la sensación de inseguridad, entre la inversión en campañas electorales y la confianza en los políticos, no me digan que esta crisis es económica: ESTA CRISIS ES POLÍTICA.

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Que los bancos no renuncien a exprimir a sus clientes no sorprende a nadie; que las grandes empresas chantajeen a las arcas públicas para conseguir subsidios para luego llevárselos a Suiza es habitual; que los empresarios no hagan contratos indefinidos pudiendo ahorrarse derechos con contratos precarios es previsible; que las constructoras compren favores para conseguir contratos es el pan de cada día; que las multinacionales de la sanidad presionen para que el Estado les mande clientes es natural.

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Lo que no es normal es que los representantes de la ciudadanía sirvan a bancos, grandes empresas, constructoras y multinacionales y no a las personas que les pagan el sueldo, ni que se dediquen a cubrirse mutuamente cuando la punta del iceberg de favores, sobornos, enchufes, malversaciones y engaños sale fugazmente a la luz. Lo que no es normal es que se llenen la boca de seguridad cuando nos echan a un abismo de trabajo precario, ejecuciones hipotecarias, emigración económica, policía privada, sanidad rentable, educación inalcanzable, salarios de miseria e irresponsabilidad política.

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Lo que gritan hoy las plazas de todo el país es que los problemas sociales merecen políticas sociales, y no ajustes estructurales. Que si los ciudadanos les damos miedo, ni pueden protegernos ni merecen representarnos. Que si ni saben, ni quieren, ni pueden, que renuncien.

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La incógnita ahora es saber qué gritarán las urnas el domingo -y cómo los resultados afectarán al futuro del grito de dignidad y cordura que retumba en las plazas.