ALFONSO EGEA DE HARO

Profesor de Ciencia Política

La solidaridad tiene un límite. Italia ha encontrado esta respuesta cuando ha solicitado de la UE activar la Directiva 55 de 2001 que contempla la posibilidad (requiere la mayoría cualificada de los 27) de dar protección temporal en caso de la afluencia masiva de personas desplazadas de terceros países a los que no pueden regresar. Una protección en forma de permisos de residencia que se extendería inicialmente por un año y que se aplicaría con “espíritu de solidaridad comunitaria”, esto es, cada Estado miembro debería indicar su disponibilidad de acogida.

La justificación por parte de la Comisión Europea para rechazar las tesis del Gobierno italiano ha sido el conocido eufemismo de que se trata de emigrantes económicos. Resulta difícil comprender qué califica a una persona como emigrante económico, si priman las razones económicas sobre otras (políticas o familiares), o si simplemente concurren todas. Sobre todo cuando estas personas que llegan a las islas italianas son mayoritariamente de origen tunecino o libio. Pero aún es más complicado entender cómo es más fácil conseguir una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la organización de una intervención militar por razones humanitarias que la aplicación de una norma europea.

No hace mucho (enero de 2011) la comisaria europea de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, tuvo que salir al paso de las críticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de las deficiencias en la aplicación de la normativa europea en materia de asilo. En aquel momento, Malmström abogó por la suspensión temporal de las devoluciones de inmigrantes a los países europeos de entrada cuando no se tuvieran las suficientes garantías en la protección de sus derechos. Ahora, sin embargo, la respuesta no parece ser tan contundente. Mientras, la inmigración se convierte en un problema, eso sí, de carácter nacional, sin conexión alguna con la situación de inestabilidad política en los países del sur del Mediterráneo. Una deriva que previsiblemente sea nuevamente encapsulada en forma de lucha partidista nacional y nos haga preguntarnos el porqué del ascenso de los partidos xenófobos. Pero puede también que sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que nos recuerde que existen normas comunitarias que han de ser aplicadas.