El municipio de Zarra (Valencia) obtiene la máxima puntuación técnica para acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, pero sobre todo cumple todos los requisitos políticos para alzarse con tan polémico honor. Ninguna comunidad autónoma ha apoyado oficialmente a los ayuntamientos que votaron a favor de ubicar en sus terrenos el cementerio nuclear, de modo que contentar a un gobierno autónomo era imposible. Abocado, por tanto, a enfadar a alguien, el Gobierno ha decidido (por una vez en los últimos tiempos) no enfadar a los suyos. Catalunya con Ascó y Castilla-La Mancha con Yebra son opciones técnicamente válidas, pero políticamente suicidas. Sólo le faltaba a José Montilla llegar a la cita electoral del 28 de noviembre con el cartel de almacenista de residuos nucleares; José María Barreda, por su parte, sería capaz de encadenarse a la verja de la Moncloa si Zapatero le echara ese “cable” en su futuro duelo con Cospedal. De modo que Francisco Camps, ducho en el complejo arte de la recepción de regalos, está a punto de recibir uno bien grande, exactamente 13 hectáreas de edificios que albergarán 7.000 toneladas de desechos radiactivos. El alcalde de Zarra, expulsado del PSPV por presunta corrupción, dice que el cementerio “dará la vida” a la comarca. A Camps le da un impulso más para mantenerse en el poder, y al socialista Jorge Alarte (víctima circunstancial), un nuevo motivo para seguir en la oposición.