ÓSCAR CELADOR ANGÓN

Es fascinante la facilidad que tienen algunos líderes mundiales para justificar una cosa y a continuación la contraria, porque así lo exige el mantenimiento del orden internacional. Por supuesto, se refieren al orden que a ellos les conviene. Los atentados terroristas de Nueva York han servido en los últimos años como un cheque en blanco para que Estados Unidos cumpla sus sueños imperialistas. Las Administraciones estadounidenses han contribuido de forma definitiva a la conformación del modelo político afgano. Primero fue la amenaza comunista, después el radicalismo islámico y el terrorismo internacional y ahora es la necesidad de defender las libertades y consolidar una democracia ficticia que sólo sirve a los intereses de las potencias occidentales y de los jerarcas afganos.

La Constitución de 2004 simboliza los profundos cambios políticos y sociales que el establishment occidental previó para Afganistán. Se trata de un tigre de papel que refleja el sinsentido de diseñar un marco político característico de una sociedad avanzada para un país con unas estructuras sociales y culturales feudales. Por una parte, reúne los ingredientes básicos del Estado democrático, al proclamar la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, de culto y de prensa, y el respeto a la Carta de Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero, por la otra, establece una república islámica donde “ninguna ley puede ser contraria a la fe ni a los mandamientos de la sagrada religión del islam”.

El principal inconveniente que presenta el marco constitucional es que los gobernantes no están dispuestos a cumplirlo y sólo les interesa en la medida en la que legitima su tiranía. Por este motivo, en una sociedad tan incongruente como para proclamar la absoluta paridad de derechos entre los dos sexos pero que al mismo tiempo obliga a las mujeres a utilizar el burka, puede repugnarnos –pero desde luego no sorprendernos–, que el Parlamento de Kabul acabe de aprobar una ley que anula los principales derechos de las mujeres al subordinarlas en el terreno civil y de su libertad sexual a los deseos de sus padres y/o maridos.

Ahora bien, ¿qué interés tienen las potencias occidentales en que Afganistán sea un país democrático y seguro? ¿Por qué la mayoría de las aportaciones económicas destinadas a Afganistán se dedican a gastos militares y no a programas de desarrollo, pese a que tiene el índice de analfabetismo más alto del mundo? La respuesta es sencilla y conocida por todos. Afganistán es uno de los países más pobres del mundo, pero tiene una posición geográfica clave entre Asia y Europa para el trazado de los oleoductos que servirán para transportar gas y petróleo desde las antiguas repúblicas soviéticas hacia el Índico sin pasar por Rusia ni por Irán. En otras palabras, la cruzada de Estados Unidos contra el terrorismo internacional le ha servido, a modo de pretexto, para consolidar sus intereses estratégicos en la zona. En la batalla por el control de los recursos energéticos mundiales todo vale y Afganistán no es más que un peón en un tablero.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado