A pesar de que la indignación empieza a tomar las urnas, la causa republicana parece ahora ligeramente adormecida en España. Al menos, mucho más que hace un año cuando, a 19 de junio, fue entronizado simbólicamente Felipe VI, tras la abdicación de su padre: si no quieres rey, toma dos tazas. El impulso tricolor, sorprendentemente, se vio frenado por un proceso cocido entre la Casa Real y los servicios de inteligencia, una operación de maquillaje a gran escala por la que el primer aniversario del nuevo monarca tan sólo será contestado por algunas concentraciones convocadas el próximo viernes en diversas ciudades españolas.

¿Por qué tan escaso rechazo de la corona, hoy, cuando su popularidad había bajado grandes enteros entre cacerías en Bostwana y otras monterías del Borbón más campechano? Quizá quienes debieran impulsar la caída de la dinastía estén más ocupados y preocupados con problemas del día a día o con la búsqueda de la centralidad perdida que no pasa, en un año copado de elecciones, por el cambio de régimen. O quizá el relevo generacional implique una especie de periodo de prueba. Sin embargo, también ha existido una clara operación de maquillaje a favor de Felipe de Borbón y de Letizia Ortíz, distanciando su imagen de la que disecciona Ana Romero en su excelente libro “Final de partida” o la que imagina de forma más literaria Manuel Vicent en algunos pasajes de su novela “Desfile de ciervos”.

Había que esconder debajo de la alfombra los dos años que La Zarzuela vivió peligrosamente desde que se destapara a gran escala el nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la compañera de aventuras de Juan Carlos I, calificada en países polígamos como su segunda esposa. Claro que más allá del adulterio dentro de una familia oficialmente católica a pesar del origen ortodoxo de doña Sofía, aquella relación suponía también un claro tejemaneje de negocios de alta gama, que arrojaba nuevas sombras sobre el actual rey emérito cuyo patrimonio privado se desconoce tanto en su cuantía como en su origen y que presumiblemente sigue contando con una cuenta en Suiza fruto de una herencia de su padre, el conde de Barcelona: curiosa casualidad si tenemos en cuenta el supuesto legado del padre de Jordi Pujol en Andorra. Juan Carlos perdió el trono cuando pidió disculpas por su comportamiento derrochador en un país asfixiado. Si no lo hubiera hecho, el trono se habría perdido definitivamente. Ahora, entre viajes desconocidos y fastos que apenas trascienden a la opinión pública, se ignora si ha pisado alguna vez el despacho que le habilitaron en el Palacio de Oriente.

Para colmo, tampoco mejoraba la situación de la monarquía española el caso Noos y el papel jugado por la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín. Este escándalo, que aún perdura, no levantó del todo la veda mediática contra la Primera Familia de España, pero al menos rompió el código de silencio que hasta entonces venía imperando en su derredor. A pesar, todo ello, del férreo blindaje legal que amordaza todavía a los medios de comunicación o a cualquiera que someta a los reyes a igual rango de crítica o de caricatura que al resto de sus compatriotas. El blindaje judicial se mantiene para proteger a Juan Carlos. Al perder la inmunidad tras su abdicación, el Partido Popular urdió de prisa y corriendo una nueva forma de protección jurídica al restaurador de la monarquía española, a quien se le concedió el estatus de aforamiento, similar al de los representantes parlamentario, gubernamentales, jueces o fiscales, que se hace extensivo ante el Tribunal Supremo a la reina consorte o al consorte de la reina y a los Príncipes de Asturias, así como al consorte del rey o de la reina que hubiere abdicado.

En contra de la opinión de los últimos asesores que no le adulaban, Juan Carlos de Borbón, cuando todavía era rey de primera división, permitió que, entre exilios dorados entre Estados Unidos y Suiza, su hija Cristina le visitara en el hospital visiblemente acompañada por Iñaki Urdangarín y en contra de quienes pretendían alejarle de esa foto de familia para que la jefatura de Estado no se viera salpicada por semejante asunto. Pesaban más las cámaras de los paparazzi que el hecho de que la Fiscalía jugara –como sigue haciendo-- un papel de auxilio oficioso de la Infanta frente a los tribunales, más que el oficio pesquisidor que el ministerio público mantiene en otras culturas judiciales. La reciente decisión de Felipe VI de retirar a su hermana el título de Duquesa de Palma, que le regaló su padre, forma parte de esa estrategia para intentar limpiar la imagen monárquica, manteniendo su perfil bajo e intentando poner distancia respecto a la fruta podrida. Sin embargo, tan sólo la renuncia a sus derechos dinásticos supondría realmente un punto y aparte en semejante folletín. Claro que dicho paso sólo puede darlo ella misma o, en caso contrario, exigiría un cambio de la Constitución, lo que parece que no toca.

En ese lifting público que emprendió Felipe VI con el fin de mejorar la imagen pública de su oficio, incorporó su célebre bajada de sueldo pocos meses después de su toma de posesión como rey. Un descenso salarial del 20 por ciento, que pretendía convertirlo en un rey low cost, haciendo públicas sus cuentas y comparando sus ingresos con el de otros colegas más o menos próximos. Oficialmente, Felipe VI percibe 234.204 euros al año, es decir, 58.548 euros menos de lo que percibía su padre cuando estaba en su misma situación, ya que desde que abdicó se le destinan 187.356 euros, mientras que la reina Letizia percibe mucho menos, 128.808, el 55 por ciento que el de su marido, lo que viene a confirmar al más alto nivel la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en España. A doña Sofía también se le han reducido las anualidades, hasta situarse en 105.396 euros, mientras que las hermanas del Rey ya no perciben dinero de dicha aportación pública, ni siquiera en calidad de gastos de representación.

Transparencia y ocultismo.-

Hasta ahí, todo aparentemente correcto. Sin embargo, a pesar de los recortes salariales, los Presupuestos Generales del Estado del año en curso siguen asignando a la Casa del Rey la misma cuantía que el año anterior, esto es, 7,7 millones de euros. ¿Por qué? Porque se ha aumentado hasta 155.500 € la cantidad que anteriormente se fijaba en 50.000, como gastos de contingencia. ¿Por ejemplo? Los gastos de informatización y renovación tecnológica de palacio, cuyo importe cierto presumiblemente alcance 650.000 euros para un sistema llamado Rutecar. A lo que cabe sumar el contrato de una consultora encargada de analizar todos los artículos de prensa, comentarios en redes sociales y otros territorios virtuales, que hagan mención directa o indirecta a sus majestades.

Del presupuesto confeso de la Casa Real, 3.806.170 euros se destinan a gastos de personal, entre altos cargos, funcionarios, contratados laborales, incentivos al rendimiento, cuotas, prestaciones y gastos sociales. Más 2.967.000 euros en gastos corrientes de bienes y servicios, incluyendo arrendamientos, cánones, protocolo, gastos de viajes y material de oficina, entre otros.

De ser todo esto cierto, la Corona nos saldría relativamente barata, pero hay otras cantidades que no aparecen en esta relación. Como por ejemplo, diversas partidas que se reparten entre los ministerios de Presidencia, el de Defensa –la Guardia Real le supondría más de 40 millones de euros--, Exteriores –viajes al extranjero--, Interior –custodia-- y Hacienda y Administraciones Públicas –coches oficiales--. Numerosos departamentos destinan cuantías generosas a tan ilustre domicilio pero que no se declaran con tanta transparencia como la que ahora exhibe aparentemente Felipe VI.

Del Patrimonio Nacional proceden las sumas destinadas al mantenimiento del Complejo de la Zarzuela y el Palacio Real, cuyo suministro eléctrico, por ejemplo, supone casi un millón de euros, a pesar de sus bombillas ecológicas de bajo consumo. Para la vigilancia de ese último espacio, se suele contratar a una empresa privada –no es el único caso de externalización de trabajos-- que factura más de dos millones de euros al año. Por no hablar de los actos oficiales que se celebran en dichos enclaves, o los gastos derivados del Palacio de La Almudaina en Palma de Mallorca, o el Palacio de El Pardo. ¿De dónde sale el dinero que cuesta mantener los establos reales o los cincuenta y tantos perros asignados a la Corona? ¿De qué importe estamos hablando en realidad? Lo ignoramos.

La operación de imagen de Felipe VI no abunda tanto en tales incógnitas como en el hecho de que, por primera vez, se han desvelado las cuentas oficiales de la monarquía española. Otros hitos de ese proceso incluyen los viajes reales, especialmente el que realizaron a Cataluña, su irrupción informal en la Semana Santa de Sevilla, la exhibición cordial u oficial de sus hijos, el espléndido palmarés del premio Princesa de Asturias o los viajes solidarios de Letizia Ortíz.

Una amistad peligrosa.-

Otra sombra, sin embargo, ha venido a cernirse sobre Felipe VI en su primer año de reinado. Se trata de una amistad peligrosa, la que mantiene desde la infancia con Javier López Madrid, el yerno del magnate Juan Villar Mir y consejero delegado de su grupo, que se vio envuelto en el escándalo de las tarjetas black como consejero en Caja Madrid. López, según han desvelado varios medios informativos, dio cobijo a Felipe de Borbón, cuando aún estaba soltero, en algunas de sus correrías sentimentales, desde Puerta de Hierro a Peñaranda de Bracamonte o Sotogrande. Tanto él como su esposa Silvia mantendrían aún una cordialísima y cercana relación con Felipe y Letizia.

Javier López Madrid, como destapó Eduardo Inda, fue denunciado por acoso sexual por la doctora madrileña Elisa Pinto, un caso cuya investigación policial es, según todos los indicios, manifiestamente mejorable. Para colmo, en los últimos días, la Fiscalía ha instado a archivar el caso, mientras las sospechas apuntan a una serie de llamadas por parte del acusado a móviles de La Zarzuela. Sumamente sospechoso si, en ese mismo contexto, se ha procedido a la suspensión del comisario de Chamartín que investigaba las dos agresiones por arma blanca sufridas por la denunciante que habría reconocido como autor de una de ellas al enigmático comisario José Villarejo, con quien López habría contactado a través del ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

Resultará difícil, por no decir imposible, demostrar la relación de la Corona con el aparente trato de favor que el Ministerio Público le dispensa a López, pero nuestro rey low-cost debería considerar que puede pagar un precio muy alto si aunque sea honrado en este caso, termine por no parecerlo. En unos días, Felipe VI celebrará su primer aniversario en su actual desempeño profesional. Otros, aunque sean pocos, celebrarán manifestaciones para que la Casa del Rey sufra un ERE tras la proclamación de la III República.