Era tan serio el temor a que las posiciones más ultramontanas pudieran imponerse en el Tribunal Constitucional, que ayer se recibió con alivio (fuera de la caverna) la constatación del fracaso del penúltimo intento de destrozar el Estatut. Guillermo Jiménez, vicepresidente propuesto por el PP, admitió su incapacidad para conseguir el apoyo de la mayoría necesaria. La presidenta, María Emilia Casas, asume ahora toda la responsabilidad en el intento de elaborar una ponencia que salga adelante aunque sea haciendo uso de su voto de calidad. Después de más de cuatro años de bloqueo en un tribunal caducado por la no renovación de un tercio de sus miembros, en el seno del Gobierno se considera lo ocurrido una especie de “mal menor”.

En Catalunya, a excepción del PP, todos los grupos confían en que el actual tribunal se quede ya sin margen para acordar una sentencia antes de las elecciones de otoño. Sería lo más higiénico para la salud del propio tribunal y para salvaguardar las reformas estatutarias desarrolladas no sólo en Catalunya sino en el resto del Estado. Porque conviene no olvidar que el punto cero al que hoy se vuelve implicaba ya un recorte serio de la ley votada por los dos parlamentos y por el pueblo catalán en referéndum. El Estatut no ha roto España, como proclamaba el PP, pero el manoseo al que ha sido sometido durante casi cuatro años a punto ha estado de enterrar un concepto plural del Estado. Y ese riesgo sigue latente.