Víctor Mella

Estudiante Erasmus en la Universidad de Leuven

Asunción López

Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid

José María Mella

Exprofesor Jean Monnet de la UE en la Universidad Autónoma de Madrid

La Declaración de Schuman puede considerarse como el origen de la actual Unión Europea. Fue una propuesta gubernamental presentada por el Ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman en mayo de 1950, cuyo principal objetivo era introducir una nueva forma de organización de los Estados en Europa llamada “comunidad supranacional”.

Una de las consecuencias más importantes de esta declaración fue transformar al viejo continente mediante un proceso que condujo a la unificación de Europa, la del Este y la del Oeste. Unificación —siguiendo a Schuman— que debería cristalizarse en una comunidad supranacional con cinco instituciones todavía a fecha de hoy en desarrollo: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los comités consultivos, el Consejo de Ministros y el Tribunal Europeo de Justicia.

Sin embargo, con el paso del tiempo, órganos intergubernamentales, no supranacionales, se fueron constituyendo, liderando la creación de la Unión Europea en 1993. Más recientemente, el desafío de la crisis de deuda pública ha provocado el incremento del uso de este tipo de mecanismos para la toma de decisiones, especialmente para la adopción de paquetes de ayuda a los Estados miembros que se enfrentan a dificultades financieras.

Nos referimos concretamente a la modificación del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, que aprobó una modificación al artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (coordinación de la política económica). Esta modificación permite establecer mecanismos intergubernamentales permanentes para la prevención de crisis como el "Mecanismo Europeo de Estabilidad" y el "Tratado Internacional de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria", acordados entre los gobiernos de los Estados miembros, y que entró en vigor este último el 1 de enero de 2013.

Es evidente que estas decisiones están en contradicción con la Declaración de Schuman y los principios democráticos de participación ciudadana. En este contexto, sería necesaria la apertura de un proceso constitucional para diseñar la política de la UE sobre la base previa de la redacción de una Constitución. Esta Constitución debería sentar los fundamentos de un futuro gobierno europeo, que no sólo se dote de una política monetaria con objetivos de crecimiento ecológico y de pleno empleo, sino también de una política presupuestaria, fiscal, económica, científica, tecnológica y social para toda la Unión.

Con tal finalidad, ese proceso constituyente requerirá la legitimidad necesaria y el apoyo de los ciudadanos, que ven la cesión de las competencias de sus propios Estados sin su participación y asentimiento.

Las elecciones europeas del año 2014 deben ser el primer paso hacia la elección directa —en ejercicio de la soberanía popular— de los representantes de las diferentes instituciones, la asignación de competencias específicas a cada una de ellas, entre las cuales el Parlamento debería ser la piedra angular del marco institucional futuro.

Por una razón evidente: para superar el actual déficit democrático y centrarse en los intereses de Europa (no en los de una "Europa alemana") y controlar desde el mismo al Consejo, a la Comisión y al Banco Central Europeo. La UE puede ser dirigida por un gobierno con autoridad real y política y un presidente elegido por sufragio universal directo.

Con esta nueva política, que dependa de las mayorías sociales y ese proceso constituyente democrático de las instituciones, podríamos hablar de otra Europa. En esta ocasión de una Europa, coherente con la Declaración de Schuman, más democrática y basada en la voluntad ciudadana.