Washington considera que el Sahel es el nuevo escenario de la “guerra contra el terror” de Al Qaeda y por ello dedicó el año pasado más de 100 millones de dólares en reforzar los ejércitos y los servicios secretos de diez países de la zona. Pero la realidad es que esa inmensa extensión desértica (el norte de Malí es mucho mayor que España y sólo cuenta con un millón de habitantes) tiene muy poco que ver con los reductos montañosos de Tora Bora o el fanatismo integrista de Waziristán.

Pese a la tremenda pobreza que padece, la región nunca fue terreno fértil para el extremismo religioso que alimenta el islamismo, sino que se ha ceñido a la moderada rama sufí del islam. Incluso hoy, cuando crece el fundamentalismo, la mayoría de la población condena la violencia yihadista, y hasta el Pentágono reconoce que ni llega a la zona financiación de Al Qaeda, ni desde allí se envían fondos para los talibanes.

Todo indica que los secuestradores de occidentales son meras bandas armadas irregulares que usan símbolos y proclamas salafistas para justificar una actividad de puro bandolerismo, que fructifica en el caótico abandono de las remotas fronteras que siempre prosperaron en el contrabando, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Por eso, los que capturan rehenes suelen acabar conformándose con el rescate en efectivo, olvidándose en cuanto cobran de sus habituales demandas iniciales de liberación de terroristas presos en Argelia o de retirada de las tropas extranjeras de Afganistán.

Las tribus del Sahel ya sufren demasiadas penurias como para guiarse por ideologías.