Ramón Cotarelo

Toda negociación tiene sus entresijos. Se da en un contexto que puede ser más favorable a unas partes que a otras y todas tratan siempre de maximizar sus beneficios valiéndose de distintos recursos. En el caso del diálogo social en España el contexto es muy favorable a la patronal: con más de cuatro millones de parados y en mitad de una grave crisis económica, la fuerza negociadora de los sindicatos merma mucho. Tanto como aumenta la posición de fuerza de los patronos que, de no tropezar con los mecanismos del Estado del bienestar, podrían intensificar la tasa de explotación de los trabajadores y aumentar más sus beneficios. Sobre todo cuando ya se ha exprimido al límite a un Gobierno de izquierda (cuya intervención exigía no hace mucho el presidente de la patronal) que ha tomado medidas excepcionales con sacrificio de todos, especialmente de los trabajadores, para mejorar la situación de bancos y empresas.

En estas condiciones, el recurso que se emplea es, por un lado, la amenaza del mayor aumento del paro, que es el máximo ataque a los derechos de los trabajadores, y la llamada “restricción de alternativas” por otro, esto es, la existencia de una fuerza mayor (en este caso los órganos de gobierno de la CEOE) que impide hacer las concesiones que uno dice que quisiera hacer.

A eso mismo recurría el Gobierno días antes al asegurar que no habría abaratamiento del despido porque su electorado no lo entendería. En cuanto a la amenaza, el Gobierno la ha puesto en práctica al declarar roto el diálogo social y culpar de la ruptura a la patronal.

Ello ha suscitado una acerba crítica del PP en el sentido de que no cabe poner límite a la negociación, pues todo es discutible. Eso es lo que normalmente pide quien está en situación de fuerza. El Gobierno no puede fijar límites, pero sí, en cambio, los empresarios con sus famosos órganos decisorios.

La fulminante intervención del PP prueba lo que este pretende negar, esto es, su unidad de acción y división de tareas con la patronal: unos rompen y otros acusan a la otra parte negociadora de la ruptura. Enfrente están los sindicatos apoyados en un Gobierno de izquierda en una unidad de acción similar y en una situación que es la esencia misma del Estado del bienestar, cuyo principal defensor es siempre las centrales sindicales.

Por eso en el momento de la confrontación el problema del neoliberalismo acaba siendo siempre con los sindicatos, que defienden los derechos de los trabajadores, los servicios públicos, la contratación colectiva y la seguridad social.

De ahí que los patronos pretendan aprovechar el momento de debilidad sindical para desmantelar el sistema valiéndose de esta división de funciones: ellos proponen las restricciones y su partido presiona para que se impongan, valiéndose de la retórica política que pinta de nuevo el viejo capitalismo salvaje y de anticuados a los defensores del Estado del bienestar, como hizo en su día Margaret Thatcher y como quiere hacerlo su principal imitadora nacional, la presidenta Esperanza Aguirre, al llamar “sindicalista piquetero” al jefe del Gobierno.

Catedrático de Ciencias Políticas