Mirado del derecho y del revés, se hace difícil evaluar a corto plazo el impacto económico de reducir en 10 kilómetros hora la velocidad máxima en autovías y autopistas, más allá del ahorro individual en carburante que el Gobierno ha estimado en 1.400 millones de euros al año. Cuanto más se confirme esa previsión, más dejará de recaudar el Estado vía impuestos, que representan más del 40% del precio final del combustible. Por el contrario, a medida que se relaje el cumplimiento de la norma, la caída de ingresos para el Estado será menor, compensada tímidamente con el aumento de las multas.

No es, por tanto, una iniciativa pensada para hacer caja, ni tiene comparación con decisiones similares tomadas por EEUU en la crisis de los años 70. Si el mayor consumidor de crudo del mundo reduce sus importaciones puede conseguir, por efecto de la ley de la oferta y la demanda, que el precio del barril baje y contener la inflación, algo a lo que un pequeño país como España no aspira ni en sus sueños más voluptuosos. En definitiva, que ni reportará más dinero ni dará un respiro al IPC, aunque las bondades de disminuir la dependencia del petróleo y de ahorrar energía sean indiscutibles: los problemas de suministro, si los hubiere, serán menores y el medioambiente lo agradecerá.

El Gobierno, aunque lo niegue, ha de prever futuras dificultades de abastecimiento dadas la convulsiones sociales que viven los países productores, porque sólo eso explicaría la provisionalidad de las medidas. Si fuera así, lo aprobado es claramente insuficiente. No basta, desde luego, con bajar un 5% el precio de las cercanías de Renfe, que en diciembre subieron un 3,1%, sino que se requiere un plan de apoyo al transporte público, en manos de unos ayuntamientos que se debaten entre la deuda y la ruina. Hasta para ahorrar hace falta dinero.

Si el suministro no es el problema, la temporalidad resulta incomprensible. ¿Qué se gana limitando la velocidad por un pequeño período de tiempo? Pues enojar a los que habían capeado resignadamente el reformismo gubernativo. Y luego hay quien no se explica las encuestas.