Desde que conocemos que el Banco de España, con la elevada competencia que le caracteriza, se dispone a vigilar los sueldos de aquellos banqueros que superen el millón de euros al año –prácticamente todos-, podemos irnos a dormir tranquilos con la seguridad de que estamos a salvo de la quiebra. A Fernández Ordóñez, el supervisor más avispado de Occidente, no se le escapa un detalle, y si detectara que salarios de casi 10 millones de euros o pensiones de más de 80 millones podrían dar lugar a una gestión imprudente de los riesgos de las entidades, allí estará él para advertirlo. Lo de impedirlo seguirá siendo otro cantar, ya que a liberales está por nacer el que nos gane.

Tan liberales somos que esta obligación por la que bancos, cajas e intermediarios financieros han de informar de cuán crudo se lo llevan sus ejecutivos deriva de una disposición de la ley de Economía Sostenible que ha entrado en vigor este mes, con lo que puede colegirse que antes no existía. Es decir, que nada impedía hasta ahora a los gestores del sistema financiero más solvente del mundo escamotear esos engorrosos detalles a sus accionistas y camuflar sus remuneraciones en otras partidas más globales, de manera que no se pudiera saber con exactitud el montante de sus estipendios.

Genera enorme expectación saber si Fernández Ordóñez pedirá a los banqueros moderación salarial con el mismo ahínco que emplea con la tropa de mileuristas o si la guía de recomendaciones que piensa elaborar se parecerá a un convenio colectivo para plutócratas con cláusula de descuelgue. Lo que sí ha quedado claro es que las entidades podrán omitir aquellos datos que consideren confidenciales, lo que augura una nueva modalidad del secreto bancario.

Quienes crean que la nueva normativa no deja de ser otra broma en el camino hacia la refundación del capitalismo es que no han escuchado a Florentino Pérez, el rey del hormigón, pedir este jueves reformas “profundas y dolorosas” para avanzar hacia un "nuevo modelo productivo". He aquí un chiste y no esos de Lepe para los que IU ha pedido que sean declarados bien de interés cultural.