Una de las primeras órdenes dictadas por los hermanos Kennedy en 1961, recién llegados a la Casa Blanca, fue la de asesinar a Fidel Castro. Con un rifle de mira telescópica, por envenenamiento en el desayuno o apuñalado. Los planes aparecen detallados en documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desclasificados entre 2003 y 2005. Eisenhower había autorizado 170 grandes operaciones encubiertas en ocho años de mandato; los Kennedy pusieron en marcha 163 en dos años y medio. “Operación encubierta” quería decir entonces y ahora “operación ilegal”, ya consistiera en matar a un político, sobornar a otro o derribar un régimen. Punto y aparte. La primera reunión oficial mantenida por Barack Obama el pasado 5 de noviembre, a las pocas horas de ser elegido presidente de Estados Unidos, fue con los responsables de la Seguridad Nacional. Pasarán probablemente 50 años hasta que se desclasifique el acta o la grabación de esa cita en Chicago, donde quizás Obama fuera informado en detalle sobre las operaciones encubiertas ordenadas por George W. Bush.

Lo cierto es que los inquilinos de la Casa Blanca, ya fueran demócratas o republicanos, han mantenido desde finales de los años cuarenta la peligrosa costumbre de utilizar la CIA para controlar palacios y alcantarillas en medio mundo. El respeto a los derechos humanos es algo que no encaja en la filosofía fundacional de la CIA. Por eso tiene prohibido actuar dentro de las fronteras norteamericanas, al menos oficialmente.

A partir del 11 de septiembre de 2001, el enemigo a batir ya no era un barbudo comunista ni un dictadorzuelo latino poco fiable, sino el terrorismo islamista y todo humano viviente mínimamente sospechoso de un parentesco lejano con los talibanes o con Al Qaeda. La Guerra contra el Terror declarada unilateralmente por Bush a raíz del 11-S consistía, entre otras muchas cosas, en aplicar el modelo de las operaciones encubiertas de la CIA al nuevo enemigo y a destajo. Disparar antes de preguntar. Detener primero y torturar hasta arrancar una confesión. Vuelos secretos. Guantánamo.

¡Señor, sí, señor!

El documento desvelado el pasado miércoles en el Congreso por el ministro Moratinos confirma el contenido de los papeles publicados por El País y demuestra lo que todo el mundo sabía: Aznar dio luz verde en enero de 2002 al aterrizaje en España de aviones norteamericanos que podían transportar a prisioneros detenidos ilegalmente en cualquier otro país. Añadió Moratinos que, a día de hoy, no hay pruebas de que las aeronaves del Pentágono o de la CIA que efectuaron escalas en aeropuertos españoles entre 2002 y 2006 llevaran dentro a secuestrados camino de Guantánamo. El ministro incluso justificó la autorización otorgada por Aznar bajo el paraguas de la OTAN y la ONU con motivo de la Operación Libertad Duradera contra los talibanes de Afganistán.

Ese último punto de la intervención de Moratinos dejó en el Congreso un aroma a pasteleo difícilmente justificable. A quien realmente perjudica el escándalo de los vuelos secretos es al Gobierno de Zapatero, que nunca autorizó las ilegalidades de Bush, pero que aparenta haber hecho la vista gorda a las escalas efectuadas durante su mandato. Por mucho que insista Moratinos, quizás con el objetivo único de no envenenar la relación con la Administración de Barack Obama, ni la ONU ni la OTAN arroparon nunca actuaciones contrarias al derecho internacional. Los documentos desaparecidos en Exteriores y hallados en el archivo del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, ubicado en el Ministerio de Defensa, constatan los cabezazos de Aznar y de su ministro Piqué ante la petición concreta de Estados Unidos para que España colaborase en el objetivo ilegal de Guantánamo, cárcel repleta de individuos encerrados sin pruebas, sin asistencia legal, sin juicio previo y sometidos a torturas.

Aznar ya fue juzgado políticamente con la derrota electoral del PP y su apellido aparecerá en la ilustre compañía de Bush, Rumsfeld o Cheney cuando se desclasifiquen los documentos de la guerra sucia contra el terrorismo islamista. Si hubo o no responsabilidades penales lo decidirá la Audiencia Nacional. Entre tanto, los deseos de una gran amistad con Obama no deberían impedir que el Gobierno revise el Tratado Hispano-Norteamericano. Hoy no hay forma de controlar lo que la CIA transporta en sus aviones.