China iniciará 2021 con una cierta y fundada sensación del deber cumplido al hacer efectiva esa “misión histórica” de erradicar la pobreza extrema en el país más poblado del mundo. Sin duda se trata de un logro importante que se le ha resistido al PCCh durante décadas a pesar del considerable progreso económico experimentado que, en paralelo, ha permitido la acumulación de grandes fortunas a unos pocos exacerbando las desigualdades al punto de elevar el coeficiente de Gini a niveles ciertamente inauditos, aunque en descenso desde 2010. Y como se ha demostrado en la lucha contra la pobreza, en la segunda economía del mundo, la voluntad política es un factor determinante a la hora de encarar estos desafíos.

La política social en China es un asunto que debe seguir primando en el conjunto de las políticas públicas. En primer lugar, por justicia: quienes más sacrificios han hecho por aupar a China a su actual estatus, en su inmensa mayoría han estado privados de los beneficios y es hora de corregir drásticamente dicha anomalía, muy especialmente en lo que se refiere a las docenas de millones de inmigrantes rurales que aun padecen discriminaciones que les remiten a la condición de ciudadanos de segunda categoría. Pero también porque si se trata de dar un impulso significativo al nuevo modelo de desarrollo en base al ensanchamiento de la clase media y la conversión del consumo en un pilar determinante del crecimiento económico, son necesarias políticas ambiciosas capaces de liberar el ahorro en base a un incremento sustantivo de los derechos sociales. El producto interno bruto (PIB) per cápita de China superó los 10.000 dólares en 2019, y más de 400 millones de chinos ahora clasifican como consumidores de clase media. No obstante, para que esa cifra siga creciendo es indispensable la adopción de políticas redistributivas activas y sostenidas.

En el XIII Plan Quinquenal que ahora finaliza se incorporó, por primera vez, el objetivo de no solo duplicar el PIB en 2020 con respecto a los niveles de 2010, sino también el valor del PIB per cápita. Este compromiso debiera mantenerse en el XIV Plan Quinquenal, al igual que las inversiones en el sistema público de salud, educación y otros rubros de carácter social.

Entre las directrices que han trascendido para el año próximo persisten las grandes preocupaciones tradicionales de la dirigencia china: el empleo, la mejora del sistema de seguridad social, la optimización de la estructura de distribución del ingreso, la expansión de ese grupo de ingresos medios como parte de los esfuerzos por aumentar el consumo interno, la reducción de las desigualdades campo-ciudad y los desequilibrios territoriales.

Uno de los anuncios más destacados se refiere al abordaje de los “prominentes problemas de vivienda” en las grandes ciudades como una de sus tareas económicas clave para 2021. El enfoque general se basaría en la premisa de que "las casas son para vivir, no para especular", lo cual debiera traducirse en la adopción de múltiples políticas para promover el desarrollo estable y saludable del mercado inmobiliario. No es la primera vez que se realiza un anuncio de estas características, por lo que es comprensible cierto escepticismo con respecto a la voluntad efectiva de propiciar soluciones que pongan freno a la enorme onda especulativa que desde hace años sacude el acceso a la vivienda en la inmensa mayoría de las ciudades chinas.

Otro elemento importante en el que pueden producirse novedades en 2021 es la política demográfica. El patrón chino está experimentando cambios significativos. La población total sigue aumentando, aunque la tasa de crecimiento disminuye. Al mismo tiempo, crece el envejecimiento del país. En 2019, la proporción de personas mayores de 65 años había alcanzado el 12,6 por ciento de la población total, y en 2025 es probable que supere el 14 por ciento. Es probable que las restricciones existentes para tener hijos se flexibilicen aún más, de modo que el derecho a decidir sobre tener hijos puede regresar a las familias y a las propias mujeres. La política demográfica del país debe apoyar el desarrollo familiar de una manera más integral, en la seguridad de que no sólo es una cuestión reproductiva sino social, que por tanto requiere políticas activas colaterales, desde la crianza a la educación.