Cuando el Gobierno de España firmó la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos en el seno de la Unión Europea, sabía que ponía en riesgo el trabajo de nuestra flota pesquera. El Gobierno de España sabe, igual que todas nosotras y nosotros, que el territorio del Sahara Occidental es del pueblo soberano saharaui y por tanto, también lo son las aguas adyacentes, lo han sabido siempre. Lo ha sabido España desde el momento en que tras la Marcha Verde y como resultado de los Acuerdos de Madrid, ilegales e inválidos según el derecho internacional, abandona sus responsabilidades como potencia administradora en 1976 y frena la descolonización del Sahara Occidental entregándolo a la fuerza ocupante del Reino de Marruecos.

El Gobierno de España ha tomado la decisión política apoyar y defender a la fuerza ocupante y asesina que es Marruecos, en cada espacio de negociación interno, de la Unión Europea e internacional. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2018 a respecto de la renovación del Acuerdo de pesca de la Unión Europea y Marruecos es tajante. Dicha sentencia dice literalmente “la zona de pesca marroquí de que habla el protocolo no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental [...] La inclusión del territorio del Sahara Occidental en el Ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación infringe determinadas normas de derecho internacional general aplicables en las relaciones entre la Unión y el Reino de Marruecos, a saber, el principio de autodeterminación.”

Las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental a las que se refiere la sentencia, suponen un 91% del total de las aguas de explotación pesquera incluidas en el acuerdo y donde la flota comunitaria realiza un 94% de sus capturas. El Gobierno de España ha firmado un acuerdo ilegal que deja vulnerable y desprotegida a la flota española, en su mayoría gallega, andaluza y canaria que allí faena. 90 embarcaciones, 80.000 toneladas de captura, 40.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, los recursos y las vidas de familias en suspenso por la irresponsabilidad del Gobierno de España al negar la soberanía del Sahara Occidental y apoyar y defender la ocupación marroquí.

Las claves para resolver el conflicto y anular la posibilidad de repetir la situación de inestabilidad e inseguridad que denuncia nuestra flota pesquera son sencillas si existe la voluntad política del Gobierno del Partido Popular.

La ministra García Tejerina, titular del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, debe asumir su responsabilidad, como Gobierno, son servicio público, no una sucursal de Fertiberia, desde donde por cierto, también se expolian los recursos del pueblo saharaui, en este caso los mineros.

El Gobierno debe acatar y actuar de acuerdo al derecho internacional debe iniciar de inmediato las negociaciones con los y las legítimas representantes del pueblo saharaui, el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática que ya ha apostado por la negociación a través de las palabras de Gilles Denvers, representante del Frente Polisario “la sentencia permite exigir de inmediato la retirada de todos los barcos europeos, para poner en marcha nuestro propio sistema de distribución de licencias”. El Sahara Occidental no es marroquí y Marruecos no tiene ningún derecho sobre él.

El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática es el legítimo representante del pueblo saharaui y su territorio desde la proclamación de independencia declarada por el Frente Polisario en 1976. España debe reconocer de inmediato la RASD y apoyar el referéndum solicitado por el pueblo saharaui para reconocimiento de su independencia y soberanía con carácter universal y vinculante.

El Gobierno de España debe poner en marcha de forma inmediata las ayudas necesarias para garantizar el mantenimiento de nuestra flota pesquera, garantizar que pueda faenar, sus desembarcos de capturas, las infraestructuras y garantizar su seguridad.

El Partido Popular tenía la oportunidad de resolver con éxito dos retos: el reconocimiento de la soberanía del Sahara Occidental y la protección a largo plazo de la flota pesquera española. Sin embargo, optó por el peor camino: alargar con su irresponsabilidad ambos conflictos y entrelazarlos aún más. Toda cesión, para proteger a Marruecos, esa Marruecos que encarcela periodistas, activistas, que asesina en campos de refugiados, que tortura, que quiere ser parte de la Europa Fortaleza criminalizando migrantes.

España tiene una deuda histórica con Sahara Occidental, debe saldarla.

La ministra García Tejerina, el Gobierno de España, son responsables de nuestra flota pesquera. Sin más excusas, protéjanla.