La UE ha puesto este miércoles punto final a la ficción de Europa como garante de derechos y como paladín del respeto al derecho internacional humanitario. Después de casi cuatro años de debates, el Parlamento Europeo aprobó finalmente el llamado Pacto de Migración y Asilo. La gran coalición de socialistas, liberales y populares ha conseguido sacar adelante, in extremis, una de las propuestas estrella de la Comisión Europea para esta legislatura. El acuerdo supone la representación más evidente del viraje del arco político europeo hacia la extrema derecha, resultando en una grandísima victoria de esta última al conseguir marcar la agenda de las políticas migratorias de la UE y al condicionarla a sus intereses en una suerte de chantaje político, claramente ganador.

Esta victoria de la extrema derecha dota de normalización y legitimidad política a lo que es, sin asomo de dudas, una política utilitarista de racismo, exclusión y vulneración de derechos, materializada en la “lucha” contra las personas refugiadas, en razón del asegurado rédito electoral que garantiza movilizar políticamente “la caza al migrante” y la “necesidad de proteger las fronteras exteriores”. Y más aún en un momento político crítico, como es la antesala de la celebración de las campañas electorales para las elecciones europeas.

No es casual que la gran coalición haya hecho lo indecible para acelerar la aprobación de este paquete de medidas legislativas, a costa incluso de permitir que el Consejo aprobara ciertas partes sin que el Parlamento hubiera tenido ni siquiera acceso a ellas. Pero urgía la aprobación de esta legislación. El alineamiento con los intereses de la industria de defensa y de seguridad y la política de recorte de derechos como única vía de (super)vivencia de la UE requieren de estas políticas antipersona y de este discurso estigmatizador hacia las refugiadas y refugiados. Y así, tenemos una legislación que pivota sobre una referencia recurrente y obsesiva a la detención, las deportaciones y la criminalización de las personas migrantes.

Entre los elementos más lesivos, se encuentra la obligación para todos los Estados miembro de disponer de un procedimiento fronterizo de asilo, cuyo objetivo es, fundamentalmente y según la Comisión ha declarado de forma explícita, “deportar rápido al país de origen o a un tercer país seguro”. Se trata de un marco de asilo que deja, por tanto, la puerta abierta a la instauración del odioso modelo “Ruanda”, y más aún si tenemos en cuenta que de forma paralela a la negociación del pacto, la Comisión Europea ha ido “trabajando” acuerdos con terceros países que incluyen una partida multimillonaria para financiar control fronterizo. Estos acuerdos se han consensuado sin el necesario escrutinio parlamentario, como ha sucedido recientemente con Egipto, un país que encarcela a la disidencia política, que mantiene a su población en la miseria y que hace negocio con redes “irregulares” de migración y con la causa palestina. Lo llaman “alianza estratégica” pero solo significa una cosa: externalización de las fronteras e imposición de la agenda europea.

Además de trasladar la gestión fronteriza a países antidemocráticos, más en concreto, en la nueva legislación: se aumenta y amplía el tiempo de detención; los y las solicitantes de asilo no tendrán acceso a asistencia legal gratuita propiamente dicha; las familias con menores podrán ser detenidas, lo que incluye la toma de huellas dactilares y de datos biométricos a menores a partir de los 6 años; se amplían los casos en los que las solicitudes de asilo pueden ser rechazadas de forma automática; no se podrán reconocer los casos en los que una persona llega con traumas o habiendo sufrido abusos; no habrá reubicación obligatoria, tampoco en casos de rescate en el mar; se niega posibilidad de ser transferido/a un país de la UE donde se tenga un hermano/a y por tanto se mantiene el principio de primer país de entrada del sistema Dublín; el mecanismo de supervisión de derechos humanos en frontera ha quedado aguado y, por tanto, no habrá manera de impedir las devoluciones en caliente; existe la posibilidad de que un Estado miembro opte por no reubicar y “dar solidaridad” en forma de contribución económica, lo que puede incluir contribución para la gestión fronteriza, o sea muros y concertinas; todas las personas que se encuentren en situación irregular pueden ser aprehendidas y trasladadas al procedimiento fronterizo, lo que sin duda alguna aumentará las redadas policiales racistas.

Por último, no podemos olvidar que este Pacto de Migración y Asilo ha sido defendido y presentado como uno de los grandes logros de la Presidencia española de la UE (siendo nuestro país uno de los grandes impulsores de los acuerdos de externalización) cuando en realidad supone la legislación migratoria más lesiva que se recuerda en la historia reciente europea. En este sentido, es especialmente preocupante que nadie levantara la voz en el Consejo de Ministros para parar esta barbaridad, que ninguno de “nuestros ministros de izquierdas” planteara un ultimátum en contra de este retroceso.

Quedan también sin respuesta las denuncias de la sociedad civil, del movimiento antirracista y de las propias personas migrantes sobre cuestiones migratorias que el Estado español ha decidido mantener en el silencio y que este pacto no solo no va a resolver, sino que indudablemente empeorará. Problemas acuciantes como las actuaciones racistas de la policía hacia las personas racializadas, los retrasos interminables para pedir cita de asilo, la violencia policial (con resultado de muerte e impunidad) en la frontera sur, la desprotección de mujeres migrantes que quieren denunciar violencias machistas, el hacinamiento y las pésimas condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras migrantes del campo…

Y una mención particular sobre la aprobación a trámite de la iniciativa legislativa popular (ILP), para regularizar la situación administrativa de más de medio millón de personas migrantes en nuestro país, y que ha conseguido más de setecientas mil firmas y el apoyo de novecientas organizaciones sociales. Muchos de los partidos que han apoyado la tramitación de esta ley son los mismos que han aprobado la ignominia del Pacto Migratorio, demostrándose una vez más que la historia no está escrita, que podemos frenar el avance de las políticas racistas y antiderechos. Es una cuestión de correlación de fuerzas.

Durante los próximos meses se hará un análisis técnico de la legislación migratoria para ver cómo implementarla en cada Estado miembro. Y esto no parece tarea fácil debido a la propia naturaleza de lo que se ha aprobado: un laberinto burocrático y sin sentido tanto para las personas migrantes fundamentalmente, pero también para las personas que lo han de llevar a cabo. Aprovechemos este tiempo para seguir denunciando este Pacto de la Vergüenza. Como dice Jorge Riechmann, “no tenemos tiempo para ser pesimistas”. Dejemos de confiar en que unos ministros resuelvan los problemas, y volvamos a tejer las alianzas sociales que nos permitan levantar un movimiento popular que diga no en nuestro nombre a este pacto de la vergüenza.