El 'otro' 12 de octubre: lo que las Fuerzas Armadas prefieren obviar en la fiesta nacional

Madrid acoge el desfile militar tradicional para celebrar la Fiesta Nacional de España, en un contexto de guerra en Europa —la invasión de Ucrania por Rusia— y de aumento de gasto militar exigido por la OTAN. Más allá de estos fastos, el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles tiene el deber de afrontar ciertos problemas y tareas pendientes que ensombrecen la percepción de las Fuerzas Armadas.

Algunos de esos 'cabos sueltos' responden a comportamientos tradicionales en el seno de los Ejércitos, otros se derivan de la falta de interés político y algunos de ellos son relativamente fáciles de subsanar, mientras otros requieren de un profundo cambio de actitud tanto por parte de los altos mandos como por parte del propio ministerio.

La propia 'militarización' de esta efeméride —los Ejércitos tienen su propio día conmemorativo, el DIFAS, o Días de las Fuerzas Armadas, que se celebra el domingo más próximo a la onomástica del rey Fernando III, el 30 de mayo, también con paradas militares— parece en sí mismo un anacronismo, dado que el día 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España y cuenta con su propia ley.

En dicha norma (Ley 18/1989), de artículo único, se exponen los motivos de esta controvertida celebración, y dice literalmente: "La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".

Dado el carácter militar del principal acto oficial para este día festivo (del que absolutamente nada dice la mencionada ley), quizá sea el momento ideal para resumir los principales problemas y retos de las Fuerzas Armadas que, a menudo, son ignorados o convenientemente tapados por parte del aparato del Estado.

"Tabúes" que duelen

Durante las últimas décadas han existido tragedias como la del Yak 42, que se estrelló en Turquía el 26 mayo del 2003 —la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, murieron 75 personas, de las que 62 eran militares españoles que regresaban de Afganistán—, el accidente con minas caducadas en el campo de tiro El Palancar en Hoyo de Manzanares (Madrid) el 24 de febrero de 2011 —en el que murieron cinco militares y quedaron gravemente heridos otros tres—, la caída al mar en aguas de canarias de un helicóptero Superpuma el 19 de marzo de 2014 —con cuatro militares fallecidos—, y otros siniestros protagonizados por aviones (F18, Eurofighters, F-5 y C-101, entre otros) y otras circunstancias.

Llama la atención que en algunos de los casos más graves, las propias víctimas y los familiares de éstas han tenido que pelear dentro y fuera de los tribunales para lograr esclarecer las circunstancias de dichos siniestros. Homenajes aparte, comportamientos vergonzosos como los que tuvieron que soportan los afectados por el caso del vetusto Yak 42 o el maltrato institucional y judicial a las víctimas de las minas caducadas en Hoyo de Manzanares indican una actitud difícilmente excusable por parte del Ministerio de Defensa.

Como declaró a Público el sargento primero retirado Raúl Alfonso González, que quedó prácticamente ciego en la explosión del material defectuoso en el citado caso de Hoyo de Manzanares, son "temas tabúes", silenciados por las autoridades que, "de lo contrario, reconocería errores propios". Algo que de entrada nunca reconoce el Estado.

Presupuestos crecientes (y tapados)

Como cada año, una lectura minuciosa de los Presupuestos Generales del Estado indica un creciente gasto en lo que corresponde a Defensa. Este año, bajo el mantra del cumplimiento con los compromisos de España en la OTAN, el gasto previsto aumenta nada menos que un 25,8% respecto al año anterior.

Sobre el papel, el Ministerio de Defensa aumenta sus recursos en un 6,5%, cifra que se incrementa hasta el 8,4% si se incluyen los Fondos Europeos. Pero globalmente, el gasto pasa de 9.791 millones a 12.317 millones para 2023, alrededor de 2.600 millones más. Ese 25,8% se completa con los llamados programas especiales de modernización, que ascienden a 4.900 millones.

Afirma Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, en un post de esta misma semana en Público, que "el supuesto presupuesto social de este Gobierno salta por los aires al dedicar buena parte del presupuesto a la carrera armamentística que ha desencadenado esa guerra de Ucrania, para mayor satisfacción del complejo militar industrial español que, de la mano del PSOE, consigue que sus socios de Gobierno de Unidas Podemos se coman ese enorme sapo del gasto militar".

Una tropa preparada con pocas salidas

Quizá uno de los principales problemas y quebraderos de cabeza en el Ministerio de Defensa es cómo solucionar el problema de los militares profesionales un compromiso de larga duración, cuya vinculación con las Fuerzas Armadas finaliza obligatoriamente al cumplir 45 años tal y como indica la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería].

Al profesionalizar las FFAA y extinguirse el servicio militar obligatorio, la Administración Púbica no tuvo en cuenta en enorme problema que supone echar a la calle a militares después de años de entrenamiento y especialización. Si bien se están cerrando acuerdos con ayuntamientos y otras entidades para facilitar el reenganche laboral de estas personas preparadas y con mucha vida laboral por delante, sus reivindicaciones suenan desde hace años.

El mejor homenaje que se puede hacer a estas personas es asegurarles un futuro digno y a la altura de sus capacidades y preparación. De momento, la situación está muy lejos de solucionarse.

Los de arriba, protegidos (el problema de la Justicia militar)

La existencia de una Jurisdicción militar, con sus propios tribunales, jueces auditores y Sala propia —la Quinta— en el Tribunal Supremo, ha complicado mucho la detección, persecución y resolución de delitos e ilícitos, como ciertos abusos, en el seno de las Fuerzas Armadas (y de la Guardia Civil, sujeta también a esta jurisdicción).

Si bien ha habido ciertos avances mediante el establecimiento de protocolos contra el acose sexual, por ejemplo, a menudo las denuncias se vuelven contra el o la denunciante, como hemos visto en multitud de casos.

La Constitución establece esta jurisdicción especial en su artículo 177, y la vincula a la defensa nacional. Cuenta con una Ley Orgánica (LO 4/1987) que la desarrolla y un Código Penal (LO 14/2015) específico que recoge como actos punibles la desobediencia, el maltrato y el abuso, la deslealtad, delitos contra los deberes del servicio, etcétera.

Algunos de dichos supuestos se solapan con la jurisdicción ordinaria y se pueden generar problemas, en primer lugar porque los miembros de los tribunales también son militares. Un caso evidente de este problema es el de la capitana retirada Lourdes Cebollero, a quien ha costado años trasladar su causa de abuso a los tribunales ordinarios, aunque los tres mandos acusados lo son no por abuso sino por revelación de secretos.

La percepción de los Ejércitos

Finalmente, lo que la sociedad piensa acerca de las Fuerzas Armadas es un dato demasiado importante como para ignorarlo. No obstante, resulta significativo la escasa publicidad de los sondeos a este respecto. Recientemente, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba un estudio en el que se refleja el rechazo de una parte importante de la población al incremento del gasto militar.

Es llamativo que el último informe oficial de Defensa sobre este asunto date de 2019, y en él queda reflejado que la mayor parte de los encuestados perciben los ejércitos con una "imagen arcaica y anticuada", en donde reina la "opacidad", socialmente "aislados" y con beneficios y privilegios a los que la población civil no tiene acceso, como los clubes de oficiales. Se detecta en el informe un rechazo hacia las FFAA por su vinculación con la guerra.

"Se habla", se puede leer en este estudio, "de la Justicia castrense considerada como un elemento que pone a los militares por encima de Ley o

tratados de manera distinta que si se procediese desde la justicia ordinaria".

Sin embargo, y aparte de las evidentes carencias comunicativas de Defensa, el informe detecta un cierto apoyo a "una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad, en ámbitos no sólo de catástrofes sino también asistenciales": más allá de eso los militares "deberían realizar más trabajos para la sociedad, involucrarse más en las labores sociales, o que existan más fuerzas tipo la Unidad Militar de Emergencias (UME)".