La Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid, junto a la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y a la Cooperativa de Abogados CAES, va a presentar este próximo miércoles una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por las irregularidades y presuntas ilegalidades detectadas en la utilización abusiva de la figura del contrato menor en los centros de gasto dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Según los datos de los que dispone Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid, durante los años 2017 y 2018 se adjudicaron un total de 571.726 y 458.317 contratos respectivamente. De estos, en 2017, 570.031, y en 2018, 456.292, fueron contratos menores.

Los datos son elocuentes: un 99,7% de las contrataciones realizadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no salieron a concurso público. Esta práctica abusiva impide la concurrencia pública, aseguran desde la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid. De esta manera, se consigue otorgar una posición de ventaja a determinados proveedores, falseando el acceso al mercado libre y practicando la llamada "contratación a dedo", insisten.

Hay indicios claros de fraccionamiento y presuntas ilegalidades en los contratos adjudicados mediante la figura del contrato menor que suponen, entre otras cosas, un despilfarro de recursos públicos que podrían ser utilizados en la mejora de la sanidad pública madrileña, desvío de dinero público, sobrecostes y mala gestión, aseguran desde la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid.