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“¿De qué vale que digan que mi hijo es un héroe? El Gobierno debe cuidar de sus militares heridos y fallecidos”

Víctimas y familiares de soldados accidentados denuncian estar “abandonados por Defensa” y convocan un manifestación el lunes frente al Congreso de los diputados: “Mucho patriotismo de banderita, pero luego los dejan tirados”.

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Imagen del vehículo blindado 'Lince' en el que viajaba Iván Ramos en el momento del accidente. 

MADRID.- Parte de lesiones: Pérdida de bazo y riñón. Traumatismo craneoencefálico grave con pérdida de memoria. Pérdida de audición. Derrame pleural. 17 fracturas óseas: dos vértebras; hombro derecho; cúbito, radio y varios huesos de la muñeca en el brazo izquierdo; tibia, peroné y metacarpianos de la pierna izquierda. Para peritos médicos independientes, las consecuencias del accidente que el cabo Iván Ramos sufrió en Afganistán a bordo de un vehículo blindado Lince le provocaron un grado de minusvalía del 81%. Para la Comunidad de Madrid, del 75%. Para el Ministerio de Defensa, del 24%.

"Todo es cuestión de dinero. Ese 24%, ¿qué derechos le da a mi hijo? Ninguno. Dos años de paro como a cualquier otro trabajador. Ni pensión, ni derecho a ser atendido por los médicos de Defensa. A la calle y adiós muy buenas", explica Marisa, madre del cabo Ramos, quien partió el 15 de marzo de 2011 hacia Afganistán como miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) 19, con la misión de entrenar al ejército afgano. El 13 de abril, apenas un mes después, sufre un accidente escoltando un transporte de pertrechos para la base española en Herat.

​"Un supuesto accidente", recalca Marisa, que tras cinco años de pelea por los derechos de su hijo ha perdido toda credulidad para con el Ministerio de Defensa. Sospecha que tras lo que éste vendió como un “accidente de tráfico”, un choque contra un camión afgano que se abalanzó sobre el convoy español, hay en realidad un ataque terrorista. De ser así, la indemnización de su hijo sería mucho mayor. Pero esa es otra batalla que llegará después, cuando el Gobierno reconozca al menos la gravedad de sus secuelas.

Y es que bastante duro está siendo ya ese primer objetivo. La madre del cabo Ramos y su hijo confiesan que se han sentido abandonados por el Ministerio de Defensa, que en un primer momento ni siquiera reconoció que su accidente ocurrió en acto de servicio. Tuvieron que reclamarlo, con abogados e informes independientes por delante. También presentaron batalla para conseguir un grado de minusvalía justo: tras el estudio de los médicos de la Comunidad de Madrid y peritos a los que Iván Ramos y su familia tuvieron que pagar de su bolsillo, Defensa lo elevó al 42%. Del 24 al 42, lejos todavía de los resultados del resto de informes, pero que sí da derecho a una pensión.

"Debieron pensar ‘éste no es tonto, vamos a darle dinero para que se calle’. Y con los mismos datos, le dieron casi el doble. ¿Por qué no se lo dieron desde el principio?", se pregunta Marisa, que pese a todo, adelanta que seguirán luchando para que Iván reciba "lo que le corresponde”: “Mi hijo no estaba tomándose copas, estaba cumpliendo su misión y las órdenes que le habían dado".

Mientras Marisa relata cómo estos cinco años de lucha han afectado a su familia en su conversación con Público, su hijo Iván va chivándole cosas. El nombre de la misión, detalles del vehículo blindado, de su unidad. Pese a todo, ella tiene suerte: otras madres de militares que han chocado contra el Ministerio de Defensa lo han hecho en trances más duros. Es el caso de Margarita, que despidió a su hijo Francisco Javier Soria en 2014. Partía al Líbano en misión de paz para Naciones Unidas.

El 28 de enero de 2015 Israel bombardeó la aldea fronteriza de Ghayar, donde Soria estaba destinado junto a otro medio centenar de cascos azules, matando al cabo español. El suceso está siendo investigado por la Audiencia Nacional, donde el juez Andreu ya ha solicitado recibir toda información disponible tanto al ministro de Exteriores José Manuel García Margallo como a Israel, cuyo alto mando militar conocía perfectamente la posición del destacamento de la ONU. Mientras, su madre va conociendo los detalles de la muerte de su hijo por la prensa.

“Defensa pasa de todo el mundo. Yo no sé nada al respecto de la muerte de mi hijo. Todo lo que sé es a través de los medios”, lamenta Margarita ante Público. Quiere ver sentados en el banquillo a los responsables de la muerte de su hijo pero, como ella dice, “ya sale llorada de casa”, y ahora trabaja para que nadie más tenga que pasar por lo mismo, para que nadie más sea “abandonado por Defensa”. Y así, a través de las redes sociales, conoció “otros casos aislados”, uno tras otro, hasta verse “desbordada”: parejas de hecho no reconocidas tras un accidente, indemnizaciones racaneadas, resoluciones de tribunales médicos militares injustas, acosos, muertes de soldados en extrañas circunstancias.

“No son números, son personas, y el Gobierno debe cuidar de ellos”

Fue así como conoció a Marisa. Y ya se sabe: la unión hace la fuerza. Entre estas dos madres han convocado una manifestación para este lunes 9 de mayo en los alrededores del Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno y a Defensa que no abandone a sus militares. “Para ellos parece ser que estos chicos son números. Y no, no son números, son personas. Personas que dan su vida. ¿De qué me vale que digan que mi hijo es un héroe? Este Gobierno tiene la obligación de velar por ellos”, sentencia Margarita: “Aquí mucho patriotismo de banderita, pero luego los dejan tirados. No se lo merecen”.

Las protagonistas de la lucha por los derechos de los militares están siendo sus madres y parejas. “Son las más activas”, reconoce un teniente herido

No estarán en la manifestación todos los protagonistas de los casos que han ido conociendo. “Algunos tienen miedo”, afirma la madre del cabo Soria, mientras que “otros están muy mal psicológicamente”. Sí habrá, sin embargo, muchas madres. Otras tantas parejas. Porque tras los accidentes, las verdaderas protagonistas de la lucha por los derechos de los militares están siendo ellas. “Son las más activas”, afirma el teniente José Manuel Candón, al que una explosión de minas anticarro caducadas en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid) le hizo perder un ojo y el 85% de la visión del otro en 2011. Y con una indemnización por parte de Defensa que viene a ser una cuarta parte de la que habría recibido si sus lesiones se hubieran producido en un accidente de tráfico.

“En mi caso fallecieron cinco, hubo dos heridos graves y uno leve. Pues el único que está haciendo manifestaciones soy yo. El resto no quieren… Ya están cansados, creen que no vale para nada, que no nos tienen consideración ninguna, que no paran de salir noticias en la prensa y no hay ningún tipo de cambio…”, lamenta Candón, que estudia impulsar una Plataforma de “militares abandonados por Defensa” para luchar juntos por sus derechos. Marisa y Margarita están en el ajo. Porque nadie va a devolverles la vida junto a sus hijos que disfrutaban antes, pero la lucha social reconforta, como dice Marisa: “Por favor, deja patente que lo que queremos es que no pase esto más. Y que vamos a seguir hasta el final, hasta Estrasburgo, hasta donde haga falta. Lo vamos a conseguir. Ponlo ahí”.

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