Antes de la merendola de hamburguesas habían sido los churros, una docena de la que nadie sabía nada hasta que este jueves desveló su existencia la portavoz del PSOE, Lola Ranera, en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Lo hizo, precisamente, durante el debate de una moción en la que se proponía a los concejales que mostraran su rechazo al "uso partidista y personal de los recursos municipales" al socaire del 'merendolagate’ de seis hamburguesas que ha lanzado a la fama, cuando menos a escala estatal, a la alcaldesa del lugar, Natalia Chueca (PP), a la que también se pedía que devolviera su coste, de 136,70 euros.

"¿Quiere que saque todos los mandamientos [de pago de tickets de concejales] que aprobó el otro día la señora [Blanca] Soláns [concejal de Hacienda]?", preguntó Ranera en el cierre del debate al portavoz del PP, que acababa de remontarse más de un cuarto de siglo, a la etapa del 'tripeo' y el trasiego de Vega Sicilia en el consistorio que en los 80 y los 90 escandalizó a la ciudad como si eso fuera a alterar la valoración moral de la merendola de hamburguesas con tres concejales y dos asesores que Chueca cargó al erario.

"Yo le hablo del presente, del 2 de junio del 23", le dijo, mientras mostraba el tiquet de los churros y recordaba que en esa época, entre las elecciones del 28M y su investidura el 17 de junio, la actual alcaldesa era concejal de Servicios Públicos y Movilidad en funciones.

Este segundo ticket de la alcaldesa, anterior al de la merendola de hamburguesas aunque se ha conocido después, recoge la compra con pago en efectivo de una docena de churros por ocho euros (7,27 de principal y 0,73 de IVA) que tuvo lugar a las 8,49 horas del viernes 2 de junio en una céntrica churrería situada a unos metros de la plaza del Pilar, en la que se ubica el ayuntamiento zaragozano.

¿Dónde está el reintegro del precio de la merendola?

Chueca, que utilizó un turno de palabra después de que Ranera mostrara el ticket, eludió hacer ninguna manifestación sobre esa comanda que cargó a las arcas públicas en una fecha en la que la agenda municipal oficial no recoge ninguna actividad suya ni como miembro del equipo de gobierno, entonces en funciones, ni tampoco como concejal del PP.

El episodio revela, además de cierta querencia de la alcaldesa por las comidas ricas en hidratos como los bocadillos y los fritos, el arraigo en Zaragoza de la secular tendencia de los cargos públicos, o cuando menos de algunos de ellos, al 'gratis total' a costa de las instituciones pese a lo abultado de sus sueldos.

El salario de Chueca como alcaldesa asciende a 86.343,18 euros brutos, más del triple de los 24.153,38 que recoge la Encuesta Anual de Coste Laboral como la media de los que cobran los aragoneses, y con los que, obviamente, se pagan los bocadillos y los churros que puedan ir consumiendo.

"No admito que me den lecciones", dijo Chueca, que acusó al PSOE de "embarrar" el debate por denunciar esos episodios al tiempo que subía una marcha en el 'ventilador': "hay casos más graves que nunca se llegaron a reponer", dijo, mientras intentaba reducir el asunto de la merendola a "un error administrativo" cuyo coste asegura haber reintegrado a las arcas municipales.

Al discurso, en una línea similar a la de Lorén, que unos minutos antes de conocerse el ticket de los churros aseguró que "los ciudadanos pueden estar convencidos de que no va a volver a suceder", le faltó, sin embargo, un elemento de atrezzo que habría resultado tan definitivo para el debate como turbadora deviene su ausencia: el justificante del reintegro de los 136,70 euros de la merendola en formato de papel, con el número de cuenta borrado si se quiere.

"Está mintiendo", le había dicho poco antes Ranera a Lorén tras pedirle el justificante de ese ingreso y recomendarle tener "cuidado con confundir lo privado con lo público".

El PP rechaza su posición en el ‘gominagate’

Por lo demás, Vox unió sus votos a los del PP para rechazar la moción presentada por el PSOE, que sí obtuvo el apoyo de ZeC (Zaragoza en Común), cuya portavoz, Elena Tomás, arremetió contra "la falta de transparencia del ayuntamiento".

Tomás lo enmarcó en una tendencia iniciada la pasada legislatura con episodios como las clases de inglés del anterior alcalde, el actual presidente autonómico Jorge Azcón; su intervención directa en la votación para desencallar negocios en los que participaban familiares suyos; los episodios bajo sospecha en la gestión de la empresa pública Zaragoza Vivienda, que investiga la Fiscalía, o, entre otros, la vertiginosa concesión de una licencia urbanística a un amigo del antecesor de Chueca.

Resulta llamativo que la moción fuera, corregidas las concordancias de género, la misma que siete años atrás había presentado el PP en ese mismo pleno durante aquel disparatado vodevil del 'gominagate', organizado al socaire de un bote de champú fijador cuyo coste fue ocho veces y media inferior al de la merendola de hamburguesas.

"El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza el uso partidista y personal de los recursos municipales e insta a la Alcaldesa de Zaragoza a reintegrar en las arcas públicas el dinero de la factura indebidamente cargada al Ayuntamiento por no tratarse de gastos institucionales y, en todo caso, a dar explicaciones de la forma en que se ha procedido a compensar dicho gasto al ayuntamiento", reza la moción.

Vox, ausente del consistorio en aquella época, justificó su voto en contra argumentando que se trataba de "un asunto menor" sobre el que Chueca despejó en una conversación privada las dudas de su portavoz, Julio Calvo, que aportó un curioso argumento: "yo no presumo de honradez, solo puedo presumir de tener el precio alto".