La fundación Hay Derecho, organización sin ánimo de lucro
que lucha por la defensa del Estado de derecho y contra la corrupción, advirtió este jueves  de que las agencias y oficinas antifraude son un mecanismo indispensable de lucha contra la corrupción. También de la  protección y apoyo a las personas que la denuncian, por lo que  tanto no pueden formar parte de negociaciones políticas para rebajar su capacidad ni estar al servicio de intereses partidistas.

Así lo asegura al fundación en un comunicado en el que advierte de  que para que esos organismos puedan llevar a cabo su labor de manera efectiva no pueden, ni deben, estar expuestos "a cambios drásticos en su estructura ni estrategia", ni ver "amenazada su existencia en función de procesos electorales o partidistas. Así se ha planteado, denuncia el comunicado, "en las negociaciones de formación de gobiernos auonómicos en el País Valencià y en Balears" entre Vox y el Partido Popular. 

"Las agencias antifraude independientes incomodan porque precisamente ponen el foco en el abuso del poder. Es esencial dotarlas de recursos adecuados, reforzar sus competencias y respetar que trabajen con independencia", señala Safira Cantos, directora general de
Hay Derecho.

"A la hora de diseñar la organización administrativa, precisamente estas autoridades independientes son las menos prescindibles. Su acción, lejos de ser una carga par el erario público, contribuye a que el dinero que es de todos se destine a sus fines y no que se desvíe por corrupción política o institucional", añade la secretaria general de la fundación, Elisa de la Nuez.

Protección para los ciudadanos que denuncien corrupción

Hay Derecho insiste en que "hay que avanzar, no retroceder, en materia de protección de los ciudadanos que acuden a las agencias antifraude para denunciar casos de corrupción". Sus portavoces recuerdan que la directiva europea que regula esa figura establece que los Estados miembros deben articular "canales de denuncia externa independientes y autónomos para la recepción y el tratamiento de la información sobre infracciones".

Según la fundación, en España hay cinco entidades autonómicas de lucha contra la corrupción en Catalunya, País Valencià, Balears, Andalucía y Navarra, y señala que la Agencia Valenciana Antifraude ha sido señalada por la Comisión Europea como "ejemplo local" de lucha contra la corrupción.

"La creación de la entidad nacional de protección a denunciantes ha de ser una prioridad para el próximo Gobierno", así como "asegurarle una dirección realmente independiente" , concluye Safira Cantos.