Este artículo se publicó hace 2 años.
Carta a Felipe VI de un damnificado por abuso de mandoAltos mandos que acompañan a Felipe VI en el desfile de la Pascua Militar vulneraron derechos fundamentales de un militar
Casa Real hace oídos sordos a la misiva enviada al rey por Ricard Mitjana Solé en la que denuncia que este 6 de enero estará acompañado por generales sobre los que pesa sentencia firme por quebrantar su derecho a la presunción de inocencia, sancionándolo y expulsándolo del Ejército injustamente. Defensa conoce el caso y no ha tomado ninguna acción.
Carlos Enrique Bayo
Madrid-Actualizado a
Ricard Mitjana Solé es vicepresidente de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor, que se dedica a defender a los militares víctimas de acoso laboral y abuso de mando en el Ejército, un hecho corriente en las Fuerzas Armadas por mucho que se niegue incluso su mera existencia desde la cúpula militar. Cabo primero del Ejército del Aire, fue forzado a retirarse por una acusación falsa y la correspondiente sanción injusta, como represalia por denunciar que no se cumplía la normativa de seguridad en vuelos de saltos de paracaidistas y de transporte de mercancías peligrosas.
Tras recurrir durante años a todas las instancias judiciales –y obtener sendas sentencias favorables, la segunda firme, sobre la vulneración de derechos fundamentales que padeció–, sigue sin conseguir que le sea reconocida oficialmente su inocencia y se le restituya su honor e imagen pública. Así lo solicitó hace más de tres años a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hasta el momento, ha recibido "silencio administrativo" como única respuesta.
Ante la falta de comunicación de la ministra, Mitjana Solé se dirigió hace cuatro meses al rey Felipe VI, en sus funciones constitucionales de "Capitán General de los Ejércitos de España". La respuesta de Casa Real es que "no va a ser posible acceder a su solicitud, ya que el asunto que plantea está fuera del ámbito de actuación de esta Casa".
En el escrito, Casa Real también indica: "No obstante, le informo que se ha dispuesto el traslado de su escrito al Ministerio de Defensa, para su conocimiento".
La respuesta del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa Real se puede ver en la carta firmada por el jefe de la Secretaría de Despacho, José Luis Verdú Carrasco, que aquí reproducimos.
La ministra Robles recibió todos los datos de las irregularidades
Sin embargo, Defensa ya tenía pleno conocimiento de todos los detalles de la situación de Mitjana tras su expulsión del Ejército, puesto que en el escrito que dirigió en su día a la ministra Robles expuso detalladamente su caso y señaló, con nombres y apellidos, a los cinco generales, dos coroneles y un comandante a los que había denunciado ante diferentes autoridades por cometer irregularidades, como se puede leer en la página 3 de ese informe, que aquí se muestra:
General Francisco Javier García Arnaiz, actualmente asesor en el
sector privado.
General Javier Salto Martínez-Avial- JEMA, investigado por coaccionar a una de las víctimas del SAR.
General Jose Alfonso Otero Goyánes- jefe del MAGEN y exjefe del Ala 31
General Pedro José Abad Jimeno, exjefe del MAPER y en la actualidad asesor del JEMA
General José Antonio Ezpeleta Plaza- jefe de la Agrupación del CGEA y exjefe del Ala 31
Coronel Andrés Gamboa de la Calleja- exjefe del Ala 31, Informado de su abuso de mando.
Coronel Pedro Miguel Alfonso Hernández- Segundo jefe de la Base Aérea de Zaragoza y exjefe de FFAA en el Ala 31.
Comandante Francisco Parellada García – Exsecretario del coronel Andrés Gamboa de la Calleja, investigado por abuso de mando.
"Todo ello sin haber abierto las investigaciones sobre el Abuso de Mando, Persecución, Indefensión ante los mandos del Ejército, las irregularidades cometidas relacionadas con la Seguridad en Vuelo, Incumplimiento de las leyes relacionadas con retribuciones, que en diferentes ocasiones he puesto en conocimiento de los que fueron mis mandos y de los distintos Ministros de Defensa.
Extraña que tres Ministros, que se reúnen con ciudadanos españoles para despachar diversos asuntos de actualidad, no quieran saber lo que sucede en el seno de su ministerio de primera mano".
Indefensión y terror como norma de funcionamiento
En este último párrafo, Mitjana se refería a que "ya intentó reunirse con sus antecesores para poner de manifiesto la indefensión con la que el incumplimiento de la norma era silenciado por los mandos del ejército, el terror que han impuesto como norma de funcionamiento y la INDEFENSIÓN en la que se encuentran miles de militares por ser esta institución una Administración tan opaca". Por supuesto, todos sus intentos de poner en conocimiento directo de esas irregularidades a los máximos responsables políticos de Defensa fueron "desestimados".
De la misma manera, la ministra actual desestimó sin más la solicitud directa de Mitjana de que le fuera "reconocida de forma expresa su inocencia en todas las causas que estaban abiertas y que fueron archivadas tras su pase a la condición de retiro". Y Robles tampoco cumplió el requerimiento de que, "dentro del plazo de 15 días fijado legalmente, acuerde emitir la correspondiente certificación del silencio administrativo producido con respecto a la SOLICITUD meritada en el expositivo SEGUNDO del presente escrito, y se me notifique el certificado del silencio correspondiente a fin de que, a la vista de su contenido, pueda ejercitar las acciones que considere oportunas".
Todo ello pese a las dos sentencias de tribunales militares que dieron la razón a Mitjana y que obran en poder de Público. De hecho, ya en la primera, fechada el 12 de mayo de 2009, el Tribunal Militar Territorial Tercero de la Sala de lo Contencioso Disciplinario, compuesto por dos coroneles auditores y un comandante, también auditor, dictaminó que Mitjana había sido víctima de resoluciones "contrarias al principio de legalidad recogido en el art. 25 de la Constitución Española". [Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.]
Motivo por el cual el presidente de la Sala y los dos vocales togados anularon las dos resoluciones del teniente coronel jefe del EADA de Zaragoza [Manuel Vela, quien luego fue ascendido a coronel], que condenaron a Mitjana a 14 días de arresto por supuesta "falta de respeto a sus superiores", como se puede ver en las dos páginas de la sentencia que aquí abajo reproducimos:
Diez años después se hizo justicia, pero no sirvió de nada
Diez años después, el 26 de septiembre de 2019, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central sentenciaba firme y definitivamente (como se puede ver en las dos páginas de ese veredicto 192/19 que reproducimos al inicio de este artículo) que:
"En conclusión, el derecho fundamental a la presunción de inocencia se quebranta cuando se produce un verdadero vacío probatorio por ausencia de prueba incriminatoria" y ése es el caso que padeció Mitjana, "pues no existe prueba alguna de la existencia de la orden cuyo incumplimiento se achaca al recurrente".
Por tanto:
"FALLAMOS que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso contencioso disciplinario militar ordinario número 106/18, interpuesto por el Cabo 1º del Ejército del Aire don RICARD MITJANA SOLÉ contra la resolución del General del Aire JEMA [Jefe del Estado Mayor del Aire, Javier Salto Martínez-Avial] de fecha 5 de abril de 2018, que agotó la vía administrativa al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la dictada el 29 de enero del mismo año por el General Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire". [Pedro José Abad Jimeno].
No obstante, ni siquiera esa sentencia firme del más alto tribunal de la Justicia Militar ha sido atendida por la cúpula del Ejército del Aire, que acompaña a Felipe VI este 6 de enero en la presidencia del desfile de la Pascua Militar.
Ante esa dejación de responsabilidad, Ricard Mitjana ha dirigido una nueva carta al rey Felipe VI, a la que también ha tenido acceso Público y que reproducimos aquí íntegramente:
Carta a Felipe VI de un militar víctima de injusticia
Me dirijo a usted como Cabo Primero retirado (forzoso) del Ejército del Aire víctima de Acoso Laboral y al que han vulnerado sus derechos fundamentales. Este interesado recibió contestación de la Casa de S.M. el Rey fechada a 6 de septiembre, por la que se hacía conocedora del caso de vulneración de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y denunciado por mí.
No obstante, me decepcionó ver cómo para el que ostenta el Mando Supremo de los Ejércitos, según el artículo 7 de la Ley de la Carrera Militar, es simplemente una cuestión de carácter formal, y que los actos denunciados quedan "fuera del ámbito de actuación" de sus funciones, apartando así la mirada de un problema de carácter estructural, ya que se viene repitiendo sistemáticamente. ¿De qué sirve tener otro mando que no puede tomar decisiones ni poner orden en su propia casa?
Señor, después de haber jurado y prometido La Bandera, ¿qué conciencia y honor tienen aquellos que, vistiendo uniforme, siendo conocedores, asumidas las responsabilidades del mando, estando obligados por el artículo 43 del Régimen Disciplinario y las Leyes Penales Militares, incumplen o permiten mirando hacia otro lado, que nuestra Carta Magna sea vulnerada y quebrantada?
¿Cómo se puede respetar y obedecer a aquellos que, siendo conocedores de esas deslealtades, por acción u omisión, abandonan a sus subordinados?
¿De qué sirve ostentar el mando supremo si cuando sus subordinados, son despojados de sus derechos, todo eso está fuera del ámbito de su actuación? Esa falta competencial, bien podría justificar la reducción de su sueldo, un dinero que se le paga por realizar unas funciones, que después de conocer su contestación de 6 de septiembre, es tan solo una figura ornamental y, sin embargo, le es retribuida por todos los españoles.
El próximo día 6 de enero, se volverá a celebrar la Pascua Militar en la que usted presidirá y vestirá el uniforme que le identifica como Capitán General de los Ejércitos de España; incluso, cabe la posibilidad de que vuelva a pronunciar en su discurso aquello de "compañeros de armas", pero me gustaría que pensase en lo que tanto nos han enseñado nuestros instructores y que hemos transmitido a los que continuaran la labor de las FAS, "NO SE ABANDONA A NADIE".
No obstante, un año más S.M. estará acompañada por militares que no han respetado los principios fundamentales de nuestra Constitución y usted es conocedor de ello. Los mismos que juraron o prometieron guardar y hacer guardar. Sin embargo, las sentencias firmes de los tribunales les señalan como hombres que han incumplido la palabra dada, perjuros, que formarán en la fotografía junto a usted, representando los valores de las FAS.
Majestad, esas serán sus compañías siendo usted conocedor, el día en que se establecerán las líneas de acción para el próximo año en el seno de las FAS, esperemos que la lucha contra la corrupción de sus acompañantes sea una de ellas y cree las bases de un Liderazgo que no sea simplemente por imperativo legal, y como dicen las Reales Ordenanzas, sea por convicción para sus subordinados.
Majestad, un soldado no rompe su promesa a la Bandera, pero no existe ninguna ley moral, ética o jurídica, que sintiendo como estéril su liderazgo al Mando Supremo de los Ejércitos, me obligue a confiar en usted.
Ricard Mitjana Solé fue tripulante supervisor de carga del Lockheed C-130 Hércules y participó en operaciones militares internacionales en Afganistán, Kosovo, Italia, Indonesia, Mali y Gabón. Posee los certificados de Paracaidista Alemán y de Paracaidista de Alta Cota Americano y fue galardonado con dos medallas al Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco, dos cruces (plata y bronce) a la Constancia en el Servicio, cuatro medallas OTAN (misiones Adriático, KFOR, ISAF y Balcanes) y la Medalla al Mérito Militar de la US Army.
Pero ha sido expulsado del Ejército español por unas acusaciones infundadas –manipulando un expediente para alegar condiciones psicofísicas insuficientes, tras 30 años de servicio galardonado– y unas resoluciones anuladas e invalidadas por la Justicia Militar por constituir vulneraciones de sus derechos constitucionales fundamentales. Ninguna autoridad del Gobierno quiere atender su caso.
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