SEVILLA.- La Junta de Andalucía estudia recurrir ante la Justicia europea la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el apartado del decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, conocido como decreto antidesahucios, que permite la expropiación de viviendas vacías a los bancos por considerar que invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". La sentencia del TC llegó tras la interposición de un recurso por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, ha avanzado el posible recurso este miércoles en una rueda de prensa en Sevilla, y ha insistido en pedir al Gobierno central que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Función Social de la Vivienda, que el Ejecutivo andaluz elaboró con posterioridad.

La consejera ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy "celebre" la sentencia del Constitucional porque de esa forma "se pone en contra de los más desfavorecidos", y ha asegurado que la Junta "no va a parar para ayudar a las familias -en riesgo de desahucio- a arbitrar una solución dentro de la ley".

La consejera de Vivienda alerta de que el TC "vacía de competencias" a las regiones

Ha vuelto a pedir al Ejecutivo que rectifique y "se ponga del lado de los más débiles" retirando el recurso contra la ley andaluza de la función social de la vivienda, posterior al mismo recurso y que también fue recurrida por el Gobierno ante el Constitucional, aunque todavía no ha dictado sentencia.

Serrano ha discrepado de la sentencia, aunque la acata, porque excluye la expropiación de viviendas de las competencias de la comunidad autónoma, y ha alertado de que por ese camino "van a vaciar de competencias" a las regiones.

En su sentencia, el Constitucional considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".

La sentencia, que cuenta con los votos particulares de cuatro magistrados, entiende que el decreto-ley andaluz obstaculiza (con las expropiaciones) la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno.