MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la causa de las 'tarjetas black' opacas al fisco de Bankia y Caja Madrid que seguía contra trece exdirectivos de la entidad, al considerar que el delito de apropiación indebida que se les imputaba habría prescrito al haber pasado más de cinco o diez años desde la última infracción.

Así consta en los autos, en los que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 declara "extinguida la responsabilidad penal" que venía siendo atribuida a los exdirectivos y exconsejeros Elena Gil (que cargó 72.479,96 euros), José Carlos Contreras (23.827,62 euros), Ángel Rizaldos (20.176,32), Rafael Pradillo (28.682,55), Ignacio Varela (35.722,09), Joaquín García Ponte (21.135,10), José Luis Acero (10.163,27 euros), Ignacio del Río (21.029,77), José María Fernández del Río (47.723,71), Miguel Muñiz (20.866), Domingo Navalmoral (42.966,24), José Nieto (19.855,68) y José Caballero (19.790,55)

El gasto total de los 78 imputados, entre 1999 y 2012, ronda los 15,5 millones de euros.

Así, los componentes de esta lista son el exdirector general de Caja Madrid José Carlos Contreras; el jefe del Área de Gestión Operativa y subdirector general, Domingo Navalmoral; los exconsejeros Rafael Pradillo y Elena Gil, Ignacio del Río, José Nieto y José María Fernández propuestos por el PP; Joaquín García Pontes e Ignacio Varela, José Caballero y Miguel Muñiz elegidos por el PSOE; Ángel Rizaldos, vocal de Izquierda Unida (IU); y José Luis Acero, sindicalista de CCOO.

En todos los casos el magistrado recuerda que el delito de apropiación indebida, castigado con hasta seis años de prisión, prescribe a los diez años en caso de que los importes presuntamente sustraídos superen los 50.000 años y a los cinco en el caso de que no se supere esta cuantía.

El juez apunta en todas las resoluciones que los gastos de estos siete exdirectivos fueron cargados entre los años 2003 y 2006, por lo que en todos los casos se habría superado el plazo de prescripción establecido en la ley.

Andreu imputó el pasado 28 de enero a 78 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las tarjetas black, en la que se cargaron en gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.

El juez, que tiene pendientes de resolver otras peticiones de archivo como la del exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, interrogó en febrero a 27 exmiembros del Consejo de Administración y en marzo a otros 37 exdirectivos. En la causa también están imputados los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj.