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Anticorrupción acusa a Iberdrola y a cuatro directivos por amañar el precio de la luz en 2013

La Fiscalía pide abrir juicio oral y solicita dos años de prisión para los cuatros directivos y que indemnicen solidariamente a las 18 comercializadoras afectadas con 107 millones de euros, que es lo que pagaron de más los consumidores. La compañía amañó la producción y logró así un beneficio de 21 millones. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, interviene en una mesa redonda en la Casa de América, a 4 de abril de 2022, en Madrid.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, interviene en una mesa redonda en la Casa de América, el 4 de abril de 2022, en Madrid. Alberto Ortega / Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado escrito de acusación contra Iberdrola Generación S.A.U., perteneciente al holding Iberdrola S.A. y a cuatro de sus directivos por un delito relativo al mercado y a los consumidores al provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores en los meses de noviembre y diciembre de 2013.

Según el escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso Público, Iberdrola ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, "más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda".

Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del 30 de
noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, "sin causa
legítima que lo justificara", el precio en las ofertas de energía eléctrica
correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario
que impedía casar las operaciones, a
pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la
energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste
óptimo de oportunidad. 

Esa situación determinó la retirada de programación de las mencionadas centrales, es decir, dejaron de producir energía. 

"Las anteriores actuaciones se ejecutaron por el equipo directivo de Iberdrola  compuesto por: Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la
Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de
Recursos y Trading;  José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de
Activos; y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y
Generación Global", consta en el escrito de la Fiscalía. 

Según Anticorrupción, Iberdrola dobló el precio de la energía eléctrica aquellos días. "Quebrantó el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción y provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, logró que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 €/MWh

A partir del 24 de diciembre de 2013 el cambio de las condiciones
meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio
de la energía por la importante aportación de fuentes renovables. 

La consecuencia del "artificio urdido" y llevado a cabo por los acusados fue la
subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 €/MWh), que
ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 de euros,
"teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de
15.000 GWh y que el mayor coste dimanante de la actuación de Iberdrola fue de 7,156 €/MWh". La compañía despachó en aquel período 2.965.779 megavatios (2.965,779 GW) lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros, dice Anticorrupción. 

De esta manera resultaron perjudicadas 18 empresas comercializadoras, que perdieron en torno a 10,5 millones de euros en su conjunto. Por su parte, los consumidores pagaron de más hasta sumar 107.340.000 de euros, cantidad que "fue soportada por los consumidores con contratos a precio variable, y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura a los mismos". 

La Fiscalía Anticorrupción pide dos años de prisión para cada uno de los acusados y para la compañía eléctrica, una multa de 84.891.272 euros, que es el cuádruplo del beneficio obtenido; y el decomiso de las ganancias obtenidas. 

La Fiscalía pide además que los acusados indemnicen hasta un máximo de 107.340.000 de euros conjunta y solidariamente a las comercializadoras de energía eléctrica que resultaron perjudicadas. 

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