En Catalunya se cumple esta semana el primer año desde la entrada en vigor de la ley que permite regular los precios del alquiler y, después de cinco años de subidas interrumpidas y exorbitantes, parece que las rentas dan un respiro. Si bien, coinciden todas las fuentes consultadas, no ha sido el mejor año para evaluar los efectos de una norma que comenzó a regir en plena segunda ola del coronavirus.

Los análisis y conclusiones son muy diferentes entre partidarios y detractores de la norma. Por un lado, el Sindicato de Inquilinos de Barcelona —máximo impulsor y artífice del texto legal— celebra su eficacia al haberse reducido los precios un 5,5% en ciudades con la regulación en vigor, mientras que en los municipios sin regular ha bajado un 2,7%.

Por su parte el sector del alquiler, compuesto por los portales inmobiliarios, agencias y grandes propietarios, habla de una caída de la oferta de más del 40%, y atribuye la bajada de precios a una tendencia nacional que es incluso superior en ciudades donde no hay regulación, como Madrid.

Sin embargo, los datos del Sindicato de Inquilinos proceden del Instituto Catalán del Suelo (INCASÒL), empresa pública dependiente del departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, donde se registran las cuantías de las fianzas depositadas tras la firma de contratos de alquiler; mientras que los datos de portales como Fotocasa o Idealista son propios y responden a los precios fijados en sus anuncios.

El secretario de Vivienda e Inclusión Social de la Generalitat, Carles Sala, descarta que con estos datos pueda "apreciarse de forma objetiva" el efecto de la ley debido al "efecto distorsionador de la pandemia". Aunque confía en que en los próximos trimestres sí sea posible, ya que el mercado parece haber retomado la normalidad.

Una tendencia clave

Aunque dejando de lado las cifras, hay una tendencia incuestionable: cada vez más municipios piden ser declarados zona con precios tensionados, el requisito para poder regular los alquileres. La Ley 11/2020, aprobada con los votos de JxCat, ERC, los comunes y la CUP y con el rechazo de Ciutadans, PSC, PP y PDeCAT, comenzó a aplicarse en 61 ciudades de más de 20.000 habitantes, incluyendo Barcelona, Girona Tarragona y Lleida; y tenía un año de vigencia.

Según la Generalitat, la gran mayoría ha aprobado en pleno municipal solicitar la prórroga por otros cinco años (el máximo permitido por la ley). Además 24 nuevas localidades han dado luz verde a su declaración o intentan hacerlo. La lista todavía está abierta y no hay duda de que habrá más incorporaciones.

La Badalona de García Albiol también pide la prórroga

Entre los municipios que piden poder regular los precios se encuentran no pocos donde gobiernan partidos detractores o que votaron en contra de la norma en el Parlament. Destaca el caso de Badalona, regida por Xavier García Albiol (PP), cuyo partido recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional antes incluso que el Gobierno central.

Pero también lo piden una mayoría de ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona en los que gobierna el PSC. Entre ellos está el de Gavà, cuya alcaldía dejó la socialista Raquel Sánchez para hacerse cargo del Ministerio de Transportes, que ha de pilotar la empantanada ley estatal de vivienda que pactaron PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de Gobierno de Coalición.

"No hay mejor prueba que esta de que la ley es necesaria y funciona. Demuestra que no tiene color político y que el problema es muy real. Los inquilinos tienen ahora la tranquilidad de que no les van a echar para aumentar el precio, están más protegidos ante la especulación inmobiliaria", afirma Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos.

Los precios caen un 7% en Barcelona

En el primer semestre de 2021, según los datos de la Agència de l'Habitatge, los precios bajaron un 2,7% de media en toda Catalunya. En Barcelona, que ya ha aprobado en pleno la prórroga para considerar tensionada toda la ciudad, los alquileres cayeron más del 7%.

Y lejos de provocar la parálisis en el mercado del alquiler, como vaticinaron portales inmobiliarios como Idealista en marzo, el número de contratos firmados en este segundo trimestre asciende a casi 85.500. Supone un aumento del 48,8% respecto al segundo trimestre de 2020, donde la caída fue acusada debido a la pandemia. Sin embargo, según destacó el secretario de vivienda catalán, los datos ya se asemejan a los de 2018.