El 29 de noviembre de 2023, a la una de la tarde, se celebró la última reunión oficial de la que se tiene constancia entre la Consejería de Sanidad de Comunidad de Madrid y el Grupo Quirón Salud, líder de la sanidad privada en Madrid, para quien trabaja Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha solicitado la copia del acta de aquella reunión pero la Mesa de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones lo ha denegado por considerar que se trata de una solicitud "prospectiva", es decir, orientada a buscar irregularidades sin que existan indicios previos. 

Pero no es cierto. En este caso existen motivos justificados para el interés de la oposición política en todo lo que tenga que ver con los contratos públicos que afectan a Quirón, grupo empresarial que gestiona tres hospitales públicos en la región y, en la capital, la Fundación Jiménez Díaz, y que además es la principal fuente de ingresos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña.

El Grupo Quirón Salud cuadruplicó los pagos a Alberto González Amador, pareja desde mayo de 2021 de la presidenta Díaz Ayuso, por trabajos de consultoría. En concreto, en 2021 recibió 1.049.500 euros, casi cuatro veces más que el año anterior (275.273,83 euros). 

González Amador está siendo investigado por dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento mercantil por defraudar a Hacienda 350.000 euros procedentes de las comisiones por intermediar en la compra-venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. 

El Grupo Quirón, en el foco

A la reunión entre la Consejería de Sanidad y Quirón Salud acudieron la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que casualmente procede profesionalmente del Grupo Quirón; la viceconsejera del ramo, Laura Gutiérrez; y el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo. Por parte del grupo empresarial, acudieron un consejero delegado y el director general de operaciones, cuya identidad no se desvela en el Portal de Transparencia, como ha podido comprobar este diario. 

El diputado socialista Daniel Rubio solicitó a la Consejería de Sanidad a finales del pasado mes de marzo una copia del acta de la reunión porque "es necesario conocer de qué se trató en aquella reunión. No vale con decir que existió la reunión sino que necesitamos conocer los detalles, la justificación del motivo de la convocatoria y las conclusiones a las que se llegó", explica Rubio a este diario. 

Llama la atención que desde 2019 los responsables de la Consejería de Sanidad no se reunían con el Grupo Quirón ni con ninguno de los otros adjudicatarios de los hospitales privatizados en la región. 

Una comisión inoperante

La reunión de noviembre de 2023 es un misterio y, de momento, seguirá siéndolo. La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones es de facto inoperante, como quedó patente la semana pasada, cuando el PP dejó clara su negativa a darle competencias fiscalizadoras, en contra de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

Los de Ayuso quieren que dicha comisión se dedique al mero estudio estadístico de las contrataciones públicas, aduciendo que las funciones fiscalizadoras las ejercen las diferentes comisiones permanentes legislativas de la Asamblea; mientras la oposición quiere que la comisión de vigilancia de las contrataciones, constituida en julio de 2023, permita conocer a fondo las ejecuciones de los contratos para ver, por ejemplo, las variaciones de precio. 

A finales de febrero pasado dimitió la presidenta de la citada comisión, Ana Cuartero, de Vox, debido a las trabas que pone la mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea para admitir las diferentes iniciativas de control ordinario, según manifestó Cuartero. 

En este sentido, el diputado socialista Daniel Rubio afirma que él ha presentado 30 iniciativas y el PP le ha tumbado 20, entre las que se encuentra la negativa a entregarle una copia del acta de la reunión entre Quirón y la cúpula de la Consejería de Sanidad. 

Respecto a los vínculos de Quirón con la pareja de Ayuso, Más Madrid ha registrado este lunes la solicitud de comparecencia del directivo de Quirón Fernando Camino, uno de los propietarios de Mape Asesores, la empresa gallega que resultó beneficiada por la intermediación de Alberto González Amador en el negocio de las mascarillas. Más Madrid quiere que Camino explique en la Asamblea de Madrid qué tipo de convenios mantiene el Grupo Quirón Salud con la Comunidad de Madrid.