González Amador cuadruplicó su facturación al grupo Quirón tras empezar su relación con Ayuso

El cerco sobre Isabel Díaz Ayuso por los negocios de su pareja, Alberto González Amador, se estrecha. Una información de elDiario.es señala que los pagos del grupo sanitario Quirón a González Amador se multiplicaron desde que el empresario imputado por fraude fiscal y falsedad documental empezó su relación sentimental con la presidenta madrileña.

A esto hay que añadir otra información de Infolibre, según la cual entre los años 2020 y 2021 el novio de Ayuso recibió 1,6 millones de Quirón, en concreto de Quirón Prevención SL, la filial del gigante sanitario adjudicataria del servicio de reconocimientos médicos para la plantilla de la Comunidad de Madrid y principal beneficiario del proceso de privatización de la sanidad madrileña.

Ayuso y González Amador mantienen una relación estable desde mayo de 2021. De acuerdo con los datos aportados por elDiario.es, en 2021 "las dos empresas que González Amador usó para facturar a Quirón ingresaron de la empresa sanitaria 1.049.500 euros", casi cuatro veces más que el año anterior: en 2020 el novio de Ayuso facturó al Grupo Quirón 275.273,83 euros a través de su empresa principal, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL.

De ese total de 1.049.500 euros facturados sólo en 2021, Quirón Salud pagó a Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, 722.180 euros al inicio de la relación con Ayuso, mientras que los 327.000 euros restantes fueron facturados a través de la empresa pantalla Masterman & Whitaker, adquirida por González Amador en 2020. Infolibre eleva a 600.000 euros los pagos a esta empresa fantasma en 2021. Masterman & Whitaker carecía de personal y medios para prestar ningún servicio, según Hacienda.

El PSOE pasa a la ofensiva

Ante esta situación, el PSOE ha redoblado su ofensiva sobre Ayuso. Los socialistas madrileños se han personado como acusación popular en el caso de la imputación por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta madrileña, por "el interés general de la ciudadanía". Así lo solicitó este lunes el PSOE de Madrid al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que citó a declarar a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, el próximo 20 y 21 de mayo, junto a cuatro personas más investigadas por presuntos fraudes a la hacienda pública y falsedad documental.

"Estamos viendo que en este procedimiento la empresa de la pareja de Ayuso pasó de tener un beneficio de 27.000 euros a 1,9 millones, principalmente, porque ha recibido dinero del grupo Quirón, que en los últimos años ha sido el mayor receptor de fondos públicos en la comunidad de Madrid, explicó este lunes Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid.

Por otro lado, el PSOE ha registrado este lunes en el Senado una petición para que se condenen los ataques "intolerables, inadmisibles y graves" a los periodistas por parte de los responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en referencia a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien este pasado domingo volvió a insistir en las mentiras sobre los periodistas que investigan el caso del fraude fiscal del novio de Ayuso.

Esta moción será debatida en el pleno de esta semana en la Cámara Alta por los mensajes de "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar" que envió Rodríguez a una periodista de elDiario.es después que este medio publicara varias noticias sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso.

También la Comunidad de Madrid envió un comunicado a través de Whatsapp en el que acusaba a dos periodistas del diario El País, indicando sus nombres e incluyendo fotografías, de acosar a los vecinos de González Amador y Ayuso.

Mediante esta moción, el PSOE pide al Senado que reitere su compromiso y defensa del artículo 20 de la Constitución que reconoce el derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión sin que puedan existir injerencias, amenazas, ni presiones por parte de los poderes públicos a los profesionales que ejercen esta actividad.