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Báñez monta un sistema de denuncias anónimas contra el fraude en el empleo

El Ministerio también retira las prestaciones por desempleo a 60.000 personas por por haber rechazado ofertas de empleo o haber incumplido los requisitos para mantenerlas, ahorrando 915 millones de euros.

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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, ha creado el 'buzón de lucha contra el fraude laboral' para que los ciudadanos puedan denunciar infracciones de forma anónima rellenando un formulario en la web del departamento. La medida coincide con el anuncio del Ministerio de que 60.004 beneficiarios de prestaciones por desempleo han perdido estas ayudas, por haber rechazado ofertas de empleo o haber incumplido los requisitos para su acceso o mantenimiento.

En su página de internet Empleo informa de que cualquier persona que conozca algún incumplimiento de la normativa, 'ya sea laboral, de Seguridad Social o de prevención de riesgos', puede informar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) cumplimentando un formulario.

'El comunicante no tendrá que aportar ningún dato personal y el buzón solo recogerá información sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento', añade Empleo, que pide que los datos sean lo más detallados posible para que, si considera oportuno, pueda planificar las actuaciones 'de la forma más adecuada'.

Por otra parte, cuando el denunciante quiera ser considerado parte o interesado en el procedimiento deberá presentar una denuncia formal en la que tendrá que aportar todos sus datos personales y 'utilizar las diferentes vías para el registro formal de la denuncia'.

Según dice el Ministerio de Empleo, el objetivo es planificar sus actuaciones para conseguir el cumplimiento de la normativa laboral y evitar las irregularidades laborales, porque 'el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar'.

Una carta abierta remitida a los medios de comunicación firmada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, informa de que el Ministerio  ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios por haber rechazado ofertas de empleo o haber incumplido los requisitos fijados para el acceso o su mantenimiento, lo que le ha permitido reducir el gasto en paro en 915,1 millones de euros.

El número de prestaciones retiradas en 2013 has sido un 14,8% superior a la registrada en el mismo periodo de 2012 y ha supuesto un ingreso para el Estado de 119 millones más que un año antes.Él ahorro referido por Empleo se debe al llamado Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado en abril de 2012. Tomando todo el periodo de vigencia del Plan, la lucha contra el cobro indebido de prestaciones por desempleo ha permitido ahorrar hasta 3.160,7 millones de euros.

Además, se han llevado a cabo 334.214 inspecciones en materia de empleo irregular, con las que se han podido aflorar 130.512 empleos. En cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se han llevado a cabo 35.761 inspecciones en esta materia. Como consecuencia, se han anulado 64.379 altas ficticias, a partir de 3.523 infracciones. Sólo en los primeros seis meses de 2013 han aumentado un 30,5% las infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mimas, detectadas por Empleo.

Además, se han realizado en estos seis meses 14.842 inspecciones, un 46,8% más, y se han detectado 1.964 infracciones (+146,3%). En la carta, la ministra de Empleo ha mostrado su intención de actuar 'con la mayor contundencia' contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social y enfatiza que 'todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicarlo'.'Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos, pero si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude, para que la inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda actuar de inmediato, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua', sentencia la ministra de Empleo. 

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