Enésimo intento para que el Congreso investigue los presuntos negocios ilícitos de Juan Carlos I. Unidas Podemos y otros seis grupos vuelven a registrar un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara Baja para crear una comisión de investigación sobre las tarjetas black del rey emérito. Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, los grupos -menos Junts- que presentaron el pasado viernes dos solicitudes para indagar sobre las finanzas del padre de Felipe VI, han aunado fuerzas para volver a solicitar al órgano presidido por Meritxell Batet otra petición en esta dirección, después de que PSOE, PP y Vox vetaran nuevamente este intento de abrir una comisión parlamentaria sin un informe de los letrados.

La Mesa acordó su inadmisión a trámite "de acuerdo con los antecedentes existentes y los informes de los letrados". En este sentido, el criterio ofrecido por los servicios jurídicos siempre ha sido el mismo: la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, "no está sujeta a responsabilidad". Asimismo, los letrados consideran que, a pesar de que Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 en favor de su hijo, su inviolabilidad constitucional "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado", es decir, la inviolabilidad es permanente. Además, el equipo jurídico añade que el Congreso tiene por objeto fiscalizar al Gobierno, no a la Casa Real.

Tal y como sostuvo Unidas Podemos en el escrito de la semana pasada, los partidos insisten en que el motivo de la investigación se refiere a hechos acaecidos ras la abdicación del rey Juan Carlos, por lo que no se le puede aplicar la inviolabilidad contenida en el artículo 56.3 de la Constitución española. Es más, según el Tribunal Constitucional, "la inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva, relacionado con quien ostenta la figura del rey en nuestro sistema constitucional". Sin embargo -continúan- "parece evidente que esta prerrogativa, como ocurre con otros receptos constitucionales debe interpretarse de manera evolutiva, atendiendo a 'la conciencia social en cada tiempo y lugar'", sostiene el texto.

Una cuestión de interés público

El escrito expone que la Fiscalía Anticorrupción indicó la existencia de indicios que apuntarían a la comisión de un presunto delito fiscal, ya que se trataría
de incrementos de renta no declarados superiores a la cantidad de 120.000 euros en un solo ejercicio y que se habrían cometido cuando Juan Carlos I ya no ostentaba la figura de jefe del Estado. Además, también podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, si se acreditara el origen ilícito de este dinero.

El padre de Felipe VI pagó la semana pasada ante la Agencia Tributaria 678.000 euros para evitar el delito fiscal por el presunto uso de las tarjetas opacas al fisco. Aún sí, a pesar de la regularización, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció que seguirá investigando a Juan Carlos I para comprobar la "espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia".

"Más allá de la suerte que pueda correr la vía judicial, es importante recordar que esta no es la única en la que se pueden sustanciar estas cuestiones. De acuerdo con los artículos 76 de la Constitución española y 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados, este último podrá crear comisiones de investigación 'sobre cualquier asunto de interés público', único requisito material establecido por la Constitución y el Reglamento de la Cámara", ahondan los solicitantes.

En este sentido, el texto esgrime que la "sola implicación de personas de notoria relevancia pública", como la del ex jefe de Estado, en la presunta comisión de un delito fiscal y un delito de blanqueo de capitales, "es una cuestión de interés público que justifica una investigación parlamentaria" como la que plantean.

Asimismo, los grupos recuerdan que en otras ocasiones, la Mesa del Congreso ha considerado que la investigación de presuntas irregularidades cometidas por actos de carácter personal de personas con relevancia pública "se ajusta perfectamente a la noción de interés público exigida por la Constitución y por el Reglamento de la Cámara Baja". Fue el caso de la investigación parlamentaria sobre el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio por el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas o la comisión de investigación sobre la gestión de fondos presupuestarios asignados a la Dirección de General de la Guardia Civil mientras fue director Luis Roldán.

"En ninguno de estos casos se dudó del interés general de investigar esos asuntos. Tampoco se consideró que mediante aquellas comisiones de investigación se pretendía el control de personas que no estaban sometidas al control de las Cámara Parlamentarias. La relevancia pública de los asuntos, la obtención de información para el ejercicio del trabajo parlamentario y el control del Gobierno en los asuntos que se señalaban eran motivos más que suficientes para admitir a trámite y aprobar aquellas comisiones de investigación", argumentan.

Por ello, los siete grupos piden que la comisión investigue si los reyes eméritos usaron entre los años 2016 y 2018 las tarjetas opacas con cuentas ubicadas en el extranjero y si se pagaron "abundantes cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la Familia Real". También, quiere que se indague sobre la eficacia de "las medidas aprobadas en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales". Como la Fiscalía del Alto Tribunal descarta el uso de estos plásticos por parte de Felipe VI y sus hijas, estos "quedarían al margen de la investigación" en dicha comisión parlamentaria. Además, proponen que la constitución de este órgano sea "a la mayor brevedad posible".