Hace tres días, Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por el PP entre diciembre de 1999 y febrero de 2009, confesó por escrito. Su autoinculpación, dirigida a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cerca al Partido Popular y lo encuadra con precisión en la trama 'Gürtel', en vísperas de que arranque el juicio por la 'pieza de Boadilla' o 'Gürtel' segunda época, en el que hay 27 procesados, incluido González Panero y el PP como partícipe a título lucrativo. Es esta una de las líneas de investigación derivada del caso 'Gürtel', por el que ya fue condenado el partido por enriquecimiento ilícito.

González Panero, conocido dentro del Grupo Correa --como define la Fiscalía al entramado en torno a Francisco Correa, el líder de la trama-- como El Albondiguilla, confiesa el cobro de comisiones y el amaño de concursos públicos del ayuntamiento que dirigió casi una década a favor a las empresas de la trama 'Gürtel' para la obtención de mordidas para los miembros de la trama, incluido el propio Partido Popular, como así lo señala este exalcalde popular. 

Entre las comisiones que fueron a parar al PP, según el exalcalde de Boadilla, figura una de 30.050 euros que se destinó a la campaña para las elecciones municipales y autonómicas de 2003 y para la campaña de las generales de marzo de 2004. "Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP". En aquella época, Mariano Rajoy ya era el nuevo presidente del partido, tras la marcha de Aznar; y en Madrid, lo dirigía Pío García-Escudero. 

Un total de 27 acusados y 13 sociedades, más el Partido Popular, se sentarán en el banquillo el próximo 16 de noviembre para ser enjuiciados por la presunta corrupción urbanística en la localidad de Boadilla del Monte, donde prácticamente toda la política urbanística entre 2001 y 2009 estuvo dirigida en connivencia con Francisco Correa y sus empresas con el objetivo de amañar contratos públicos.

Beneficio para el PP

Algunas de las comisiones obtenidas por los miembros de la trama en Boadilla son, según la Fiscalía, en el caso de José Galeote, exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) 557.609,9 euros; en el de Arturo González Panero 1.800.000 euros; en el de Tomás Martín Morales, exgerente de EMSV, 1.327.235,5 euros, y en el del también exgerente de EMSV Alfonso Bosch  941.652 euros. Asimismo, la Fiscalía afirma que "el Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198,64 euros". 

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la trama corrupta cobraba a las entidades públicas, incluyéndolo en el coste de los concursos, parte de las comisiones abonadas a los funcionarios y autoridades intervinientes en las adjudicaciones, "así como parte de los fondos destinados a beneficiar al Partido Popular". Francisco Correa ingresó 2.702.315,59 euros en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo, y Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, 593.000 euros. 

Confesiones en cadena

La Fiscalía pide cuarenta años de prisión para Arturo González Panero por los delitos de asociación ilícita, delito contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo, prevaricación, falsedad documental, fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Su confesión admitiendo los hechos y colaborando con la Justicia puede paliar la pena. Por eso no es el único que ha confesado en esa pieza del caso 'Gürtel'. Antes que el exalcalde de Boadilla del Monte, admitieron los hechos Francisco Correa y Pablo Crespo, considerados los número uno y dos respectivamente de la trama corrupta de la que se nutrió el PP.

Este mismo jueves se ha conocido la confesión de otros tres acusados: el arquitecto Antonio de Miguel Reyes, la administradora de empresas de Correa Isabel Jordán, y Francisco Javier del Valle, que ayudó al alcalde de Boadilla a ocultar el dinero en estructuras opacas fuera de España. 

Los tentáculos de 'Gürtel'

Ha pasado ya una década desde que en septiembre de 2011 se dictara la primera sentencia relacionada con 'Gürtel'. Fue por la conocida como trama de los trajes que salpicó al entonces presidente valenciano Francisco Camps. Aunque este resultó absuelto en un juicio con jurado, dos altos cargos de su gobierno fueron condenados por cohecho por los regalos recibidos de la trama de Francisco Correa.

Desde entonces, han sido siete las piezas juzgadas derivadas de la trama 'Gürtel'. La más importante por la cuantía de las penas y la dimensión política fue la primera época de Gürtel, cuya sentencia sumaba 323 años de prisión para los 29 condenados. El PP resultó condenado como partícipe a título lucrativo. También resultó condenada la exministra de Sanidad del PP Ana Mato por idéntico concepto. 

Se han juzgado ya como piezas de 'Gürtel' las adjudicaciones ilícitas del Gobierno valenciano entre 2005 y 2009 para la feria de turismo, Fitur; los contratos ilegales en AENA; el desvío de fondos públicos en la visita del Papa a Valencia en 2006; las adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Jérez de la Frontera (Cádiz); la reforma en dinero negro de la sede del PP; y la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electores de 2007 y 2008. 

Juicios pendientes: Camps en el banquillo

El expresidente valenciano Francisco Camps no se librará de su propio juicio por la trama 'Gürtel'. Será procesado por la Audiencia Nacional, junto a otros 27 acusados de presunta prevaricación, entre otros delitos, por los contratos que su gobierno otorgó a Orange Market, una de las empresas de Francisco Correa para la feria de Turismo de 2009. La Fiscalía pide dos años de prisión para Camps.

Por la corrupción urbanística en Arganda del Rey (Madrid) cuando su alcalde fue el popular Ginés López también habrá juicio en 2022. La Fiscalía considera que el regidor y otros cargos del PP, junto a varios empresarios, se repartieron 25 millones de euros por la venta amañada de varias parcelas municipales.

La pieza 'blanqueo' derivada del caso 'Gürtel' se propone desentrañar la estructura que usó la trama para ocultar las ganancias ilícitas y defraudar a Hacienda. Los principales acusados, de nuevo, son Francisco Correa y Pablo Crespo, junto con el presunto blanqueador de 'Gürtel', Ramón Blanco Balín. 

La línea de investigación que aún no está claro que derive en juicio oral es la relativa a las donaciones finalistas recibidas presuntamente por el PP. La Audiencia Nacional sigue investigando contratos públicos de la época de José María Aznar como presidente del Gobierno para comprobar si las empresas adjudicatarias fueron también donantes del partido.