En el año 2005, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ya accionaba su máquina registradora mental, junto a su socio de aventuras el comisario Enrique García Castaño, con respecto del dinero a ganar maniobrando en los casos instruidos por la Audiencia Nacional. Doce años de éxitos más tarde, en febrero de 2017, el modelo de negocio se había expandido más allá de nuestras fronteras y su otro socio Adrián de la Joya presumía ufano ante el todavía asesor aúlico de Donald Trump, Paul Manafort de que, para ellos, los casos judiciales como los que estaba impulsando el colombiano Ivan Velasquez con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se equiparaban a un "gran casino", en referencia a los servicios de gestión de crisis que estaban vendiendo a afectados (o a sus rivales políticos o empresariales) una vez abierto y calentado un caso judicial en su contra.

El caso Gürtel, abierto el 4 de agosto de 2008 por el entonces titular del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (apodado cariñosamente Balta por Villarejo), no fue una excepción. Lo tenía todo: políticos del partido en el poder (en este caso, del Partido Popular) y ricos empresarios implicados. Para ellos suponía un filón, porque podían ofrecer servicios de gestión de crisis tanto a los políticos a cambio de patente de corso, inmunidad y/o ascensos, como protección a los empresarios a cambio de un módico precio. O, también, podía usarse al servicio de rivales empresariales o políticos (internos o externos, según conviniese) de los afectados.

La presencia de Villarejo en el caso Gurtel se advierte ya en su propia génesis. El comisario mismo presumió de su papel en una conversación teóricamente grabada el 23 de octubre de 2009 en presencia de Balta, de la ahora pareja de éste, Dolores Delgado (entonces fiscal de la Audiencia Nacional, y hoy fiscal General del Estado) y de otros entonces altos mandos policiales, sin que nadie le corrigiera o matizase (un audio que no fue encontrado en el material requisado en noviembre de 2017 y que sacó a la luz la web moncloa.com), desviando la atención de otros encuentros mucho más recientes de la pareja con Villarejo.

La presencia del comisario es una constante durante toda la instrucción de Gürtel y sus diferentes piezas y planea en todos los ámbitos (policial, mediático y procesal). Es especialmente perceptible tras los reveses procesales de Luis Bárcenas (petición de imputación, imputación y reimputación de él y de su mujer Rosalía Iglesias, llegada de rogatorias suizas, entrada en prisión provisional, bloqueo de cuentas, etc.) que abrían ventanas de oportunidad para ofertar servicios urgentes de gestión de crisis ante la idea (que el comisario se ocupaba de intensificar) de que, tras cada golpe, el extesorero entregaría al juez o filtraría a la prensa documentación incriminatoria como elemento de presión en una posible negociación o como estrategia de defensa.
Se aprecian al menos cuatro grupos de clientes: miembros del PP afectados o interesados por el caso; rivales internos o externos de éstos; ricos empresarios imputados o en riesgo de imputación; y empresarios en conflicto con los anteriores.

Se aprecian al menos cuatro grupos de clientes objetivo: miembros afectados o interesados por el caso del Partido Popular , rivales internos o externos de estos, ricos empresarios imputados o en riesgo de imputación y empresarios en conflicto con los anteriores. 

Precedentes similares a Kitchen

Entre el primer grupo aparecen Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, supuestamente interesados, como mínimo, en proteger a los afines e informarse sobre la evolución del caso. Cospedal se abría paso en el traicionero avispero del PP y había alcanzado la Secretaría General (la número dos del partido tras Mariano Rajoy) a finales de junio de 2008, tan solo cinco semanas antes de que Baltasar Garzón abriera el caso Gürtel en la Audiencia Nacional.

De acuerdo con un audio de 2009 filtrado por la web moncloa.com, la documental incautada, y las anotaciones de 2012 en las agendas recientemente halladas del comisario relacionadas con Gurtel y/o Bárcenas, se identifican al menos dos momentos en las que se ofrece sus servicios a Cospedal y a su consorte y/o a miembros del PP, con relación al devenir del caso Gurtel y/o lo que pudiera guardar y eventualmente sacar Luis Bárcenas de documentación incriminatoria: el primero, en 2009 con relación a supuestos "encargos puntuales" del matrimonio Cospedal-López del Hierro a Villarejo; y otro en 2012, tras la reimputación de Bárcenas donde se suceden los contactos y Villarejo pergeña junto al abogado Ignacio Peláez el denominado Proyecto SMP.

Aun cuando los separan tres años, lo tratado en 2009 y 2012 presenta múltiples notas comunes a la Operación Kitchen (que se ejecuta entre 2013 y junio 2015, la única que el juez considera merecedora de atención): los tres giran sobre Gürtel; las tres iniciativas se producen tras un revés procesal del extesorero que hace temer una filtración o entrega al juzgado de documentación sensible; y, en al menos dos (el Proyecto SMP y Kitchen) se prima una estrategia de pacto con Bárcenas y se oferta o co-ejecuta en alianza con abogados del estrecho círculo del comisario, como el ex fiscal Ignacio Peláez y el abogado Javier Iglesias Redondo (a los que apoda Pelayo y El Largo, respectivamente).

Los posibles "encargos puntuales" de 2009

Las conversaciones sobre Gurtel durante, al menos, los meses de junio y julio de 2009 (que aparecen en unos audios etiquetados en 2009, que no se encontraban dentro del material requisado a Villarejo, y que fueron hechas públicas por moncloa.com) se producen tras el escrito de marzo de ese año de Baltasar Garzón, en el que solicitaba a una instancia superior que se investigase a Bárcenas por hechos apreciados en el caso, ya que era senador y disfrutaba de aforamiento. En esos meses, el Tribunal Supremo tramitaba y decidía sobre la situación del hasta ese momento tesorero del PP (dimitió en julio) que finalmente fue imputado en septiembre. En esas conversaciones, Villarejo, Cospedal y su marido discutían sobre la actitud de Bárcenas, sobre su imputación en trámite, sobre cómo manejar el caso con ayuda de Jose Luis Olivera (el Oli, entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía) para minimizar daños y/o favorecer la situación personal de dirigentes del partido (como Juan Cotino, ex director general de la Policía y y luego delegado del Gobierno en Valencia, que fue imputado en Gürtel en noviembre de 2014). Las conversaciones desveladas concluían con una petición a Villarejo por parte del marido de Cospedal y en presencia de esta, acerca de si podía realizar para ellos "encargos puntuales".

Los audios de esas conversaciones se filtraban en la misma fecha en que se databa por la unidad investigadora de Asuntos Internos asignada al Caso Villarejo el oficio con el que el juzgado abre la pieza Kitchen (bajo secreto) pocos días después, el 7 de noviembre de 2018. El citado oficio contenía documental del comisario sobre gestiones suyas con relación a Bárcenas, tales como recibos firmados por la mano de un supuesto chófer de Bárcenas captado para presuntamente localizar documentación en su poder, "notas informativas" e "informes" en formato papel o digital sobre supuestas redes de confidentes, etc; pero no los audios publicados, porque ni entonces ni ahora han sido hallados en lo requisado al comisario.

En su auto del pasado 29 de julio de cierre de la pieza Kitchen y su paso a procedimiento abreviado, el juez Manuel García Castellón vuelve a rechazar investigar al matrimonio por estos posibles encargos de 2009 o considerar los audios como indicio de refuerzo para investigarles en la Operación Kitchen. El juez alega que Cospedal ha negado que finalmente le contratase, que no necesitaba informarse por él porque ya los abogados del PP personados le informaban del proceso y califica de "nada más que una sospecha" atribuir a la ex secretaria general "una intención o ánimo determinado cuyo origen no se expresa" y que, según el auto, solo se soporta en unos audios de escaso o nulo valor probatorio o siquiera indiciario: "Audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad; en ningún momento se oye a quien parece ser la investigada expresar los motivos de la reunión; se trata de una grabación que registra solo un fragmento de una conversación, aparentemente, por uno de sus interlocutores, cuya duración y contexto se ignoran", remacha García Castellón dando el asunto por resuelto.

El 'Proyecto SMP' de 2012

En el archivo digital de Villarejo se encontró una carpeta creada en 2012 llamada Proyecto SMP. Las siglas responden a la combinación de las iniciales del bufete creado por el comisario jubilado en 2011 Stuart Mckenzie (SM) y al apellido del abogado y ex fiscal Ignacio Peláez (fallecido en 2017, un mes antes de la detención de Villarejo).

La Fiscalía describe la carpeta digital requisada como "un conjunto documental denominado Proyecto SMP que si no refleja una contratación, sí unos actos previos para ello por parte de un cliente que aparece denominado como 'letrado director' [en referencia a Ignacio Peláez] que actuaría en representación de varios encartados del Sumario G (SG) [en referencia a Sumario Gurtel], encomendando a Cenyt [empresa de Villarejo] un 'proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG''. Por el contenido del conjunto documental intervenido, el cliente sería un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular investigados en el Caso Gurtel". La Fiscalía añade que todo se acompaña de un presupuesto de 15 millones de euros y honorarios de éxito adicionales según resultados. No obstante, también matiza que la unidad investigadora no acreditó si el cliente aceptó la propuesta, ni ingresos en cuentas de Cenyt que puedan ser atribuidos a este proyecto (pero sin especificar a qué cuentas bancarias y de cuales empresas de Villarejo se refiere).

Garcia Castellón descarta dedicar tiempo al Proyecto SMP, en ausencia de  indicios de ejecución y cobro, así como acerca de la identidad y fines de los clientes últimos del "letrado director" (Ignacio Peláez) por la imposibilidad de oír al abogado en declaración (pues ya ha fallecido).

No obstante, existen múltiples indicios indirectos de interacción de Villarejo y afectados concretos por el caso Gurtel en las fechas anteriores y posteriores a la que data el Informe Propuesta SMP (11 de junio de 2012). De una parte, contactos registrados en dicho año con personas implicadas en el caso y con influencia en el PP, según las agendas recién halladas y los registrados en el cuaderno manuscrito de llamadas al teléfono fijo de la oficina de Villarejo en la planta 9 de Torre Picasso de Madrid, requisado en noviembre de 2017 cuando el comisario es detenido (las citadas agendas deben ser tomadas con cautela en tanto no se determine la antigüedad real de cada apunte).

Los contactos con temática Gürtel o Bárcenas se intensifican a partir del mes de marzo de 2012, mes en el que el Tribunal Supremo re-imputa al extesorero y pasa la competencia a la Audiencia Nacional que anula el sobreseimiento dictado en septiembre de 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por grado de interacción, destacan Juan Cotino (entonces ya diputado y presidente de las Cortes Valencianas); Arturo González Panero (que fuera alcalde de Boadilla); Eugenio Pino (el director adjunto operativo de la Policía); Jose Luis Olivera (jefe de la UDEF hasta el mes de julio); Francisco Martínez (entonces jefe de Gabinete del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz); los abogados Javier Iglesias, Ignacio Peláez; y el entorno de Maria Dolores de Cospedal.

Según los apuntes de Villarejo, con los mandos policiales se hablaba de las instrucciones y avisos recibidos por Jose Luis Olivera (la UDEF era la unidad asignada a Gurtel) para que "apoyase" y "ayudase" a Bárcenas. Y según las anotaciones referidas a Ignacio López del Hierro, Villarejo iba informando al matrimonio de estas instrucciones y avances en tiempo real, con anotaciones referidas marido de Cospedal en diciembre de 2012 de este tenor ILH "Apoyo a tope en todo. Me envía a Jose L. Ortí con 100 y promete 50 más".

El Proyecto SMP buscaba la exoneración de los afectados en el caso, siendo una estrategia principal, según la Fiscalía, tratar de anular grabaciones, en referencia probable a las que realizó el ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, y que aportó en 2007 a la Fiscalía Anticorrupción (que, junto a su denuncia, constituyen el origen procesal del caso Gürtel). Pero no faltan signos de ejecución de otra índole dentro del sumario que pudieran ser parte del plan para dificultar o anular la investigación en todo o parte. Así, obra en el sumario la intervención telefónica solicitada a principios del verano de 2012 por el entonces recién nombrado jefe de asuntos internos Marcelino Martín Blas, sobre las comunicaciones de José Luis Olivera, tras acumular indicios de que se estaba alertando a investigados filtrando órdenes secretas de entrada y registro ordenadas por el juez, de tal forma que la prensa llegaba antes que la policía arruinando el efecto sorpresa y por tanto la eficacia de las actuaciones.

Monetización por todas las vías posibles

Villarejo y su lobby de socorristas rentabilizaron Gürtel y sus diferentes piezas separadas (tales como la de Valencia, Arganda, Viaje del Papa, Aena, o la Pieza de los Papeles de Bárcenas abierta en 2013) por varias vías y desde las primeras imputaciones, bien ofreciendo gestión de crisis a los empresarios afectados como servicio principal o complementario a otro que ya se les estuviera prestando o, bien a sensu contrario, usando el caso en su contra como elemento de presión en el marco de un conflicto que mantuvieran con otro empresario al que el comisario estuviera asesorando. El negocio no solo estaría en el asesoramiento de la estrategia a seguir sino también en los honorarios pagados a los letrados personados por su defensa.

Hay varios empresarios y empresas afectados por el Caso Gurtel que fueron objeto de un interés preferente del comisario según la documentación incautada, entre otros:

Fernando Martín. El comisario factura en 2011 a la inmobiliaria Martinsa Fadesa 50.000 euros más IVA según se recoge en la relación de clientes y proveedores de la empresa de Villarejo que se presentó a Hacienda para ese año (el llamado Modelo 347). El 10 de junio de 2011 había sido imputado en Gürtel su mayor accionista Fernando Martín (al que se identifica en agendas como FM) con Villarejo involucrado en varios proyectos que le afectaban: Proyecto Summer y Proyecto Saving , pero también el Proyecto Twist, comercializado desde febrero y con informe propuesta de 26 mayo de 2011, poquitos días antes de ser citado como investigado.

Alfonso García Pozuelo, imputado en 2009 en Gurtel y luego también en la Pieza de los Papeles de Bárcenas en 2013. El empresario estuvo defendido en Gurtel por Javier Iglesias Redondo. García Pozuelo fue dueño hasta 2009 de Constructora Hispánica, adquirida en dicho año por Essentium, la constructora que dirigía Susana Monje. Desde febrero de 2012 el empresario mantenía un conflicto con Essentium con origen en la operación de compraventa de 2009 y ese litigio es el centro del Proyecto Crooked que el comisario oferta en octubre de 2012.

Joaquín Molpeceres, otro empresario imputado en Gurtel y la Pieza de los Papeles, a quien Villarejo apoda Pig. Así nombra una carpeta de la que cuelga otra subcarpeta abierta en diciembre de 2013 llamada PIG-imputado en la que se recoge su imputación en la pieza separada de los Papeles de Bárcenas. Se trata del accionista mayoritario de la empresa Licuas, dedicada a conducciones hidráulicas, y sobre el que gira también el Proyecto Grass que trata supuestamente de un conflicto con su exyerno, socio de un bufete. Se da la coincidencia de que la mano derecha y asesor fiscal de Molpeceres posee un despacho en la entreplanta de oficinas del edificio de Orense 12 de Madrid donde Villarejo posee un piso y un trastero en el que se domicilió una empresa del mando policial bajo el que se destapa Gurtel. En dicha entreplanta ocupa otra oficina la empresa Inneo Torres, que también contrata con Villarejo (en este caso, por un supuesto conflicto de robo de propiedad industrial con Acciona). La carpeta de Inneo Torres la tuvo un tiempo colgando de la supracarpeta Igles, donde almacenaba asuntos en los que colaboraba con Javier Iglesias Redondo.