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Las Cloacas de Interior 'Kitchen', la supuesta investigación policial para robar documentos a Bárcenas en la que casi nada es lo que parece

El día 30 declara ante el juez el exministro Jorge Fernández Díaz y un día antes lo hará su exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez. La supuesta operación policial para localizar documentación incriminatoria para el PP en poder de Luis Bárcenas esconde una trama de la cúpula policial dependiente de ambos mandos para beneficiarse de los fondos reservados y seguir funcionando con impunidad. 'Público' desgrana las claves del caso.

El juez cita como imputado al exministro Jorge Fernández Díaz en el caso 'Kitchen'
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón citó para el dia 30 al exministro del Interior en el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz. Su exsecretario de estado Francisco Martínez Vázquez declarará el día antes.  (Fuente: Europa Press / Cedidas)

Cinco nuevas y relevantes citaciones judiciales tendrán lugar hasta el 30 de octubre en el marco de la pieza Kitchen (dentro de la macrocausa Tándem o Caso Villarejo). Las más esperadas son las del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el día 30 de este mes, y la de su exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez (alias Chisco o Choco Paco), un día antes; ambos declararán como imputados o investigados. Hasta el día 26 se sucederán las de otras cuatro personas —en su caso como testigos— con las que Chisco se cruzó mensajes de los que parecía inferirse que sus interlocutores estaban al tanto de quién ordenó realmente el operativo y de quién protegía a Villarejo, entre otras cosas. La más ansiada de estas cuatro, la de Silveiro Nieto, expolicía, exjuez y a la sazón cura y supuesto confesor del exministro del Interior según algunos medios, no pudo celebrarse este jueves por un incidente doméstico.

Del estudio minucioso de los 3.998 folios (sin contar los anexos) que componen los 13 tomos del sumario, de las declaraciones de imputados, testigos y perjudicados, y de la investigación propia que Público desarrolla desde octubre de 2014 sobre esta organización, se extraen conclusiones claras acerca de sus objetivos y sobre quién ordenó, ejecutó, participó y se lucró y/o pretendía beneficiarse del llamado operativo Kitchen, supuestamente dirigido a conseguir (o hacer ver que se conseguía) documentación incriminatoria en poder de Luis Bárcenas contra los ricos empresarios e influyentes políticos nombrados en sus famosos Papeles, que de marzo de 2013 a marzo de 2015 se investigaron en una pieza separada del Caso Gürtel. Por documentación incriminatoria debe entenderse aquella capaz de demostrar una donación finalista (a cambio de una adjudicación concreta), el único tipo de donación con recorrido penal.

Estas son las claves de un caso que ha vuelto a poner en jaque al Partido Popular (PP) y que, una vez más, demuestra un funcionamiento irregular, como poco, de la cúpula policial, en este caso con el conocimiento de los mandos de Interior.

Banderín de salida: la entrada de Bárcenas en prisión y la 'captación' de su chófer

De acuerdo con muchos indicios, esta historia villareja comienza en el verano de 2013 tras la entrada del extesorero del PP Luis Bárcenas en la cárcel y su famosa declaración de julio de 2013, en la que señaló a María Dolores de Cospedal —entonces secretaria general del partido y con aspiraciones a lo más alto— como supuesta receptora de una donación finalista y, por tanto, perseguible penalmente. El plan se inicia con la captación por parte de la cúpula policial —a las órdenes del ministerio del Interior— del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, al que, según cree la fiscalía, se le da la misión de localizar posibles escondites donde se guarde documentación incriminatoria para el partido y sus dirigentes. Los investigados, incluido el chófer, sostienen que el objetivo era localizar la fortuna oculta de Bárcenas para "apoyar la investigación judicial". A cambio, a Ríos se le ofrecen 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados, retribución que el chófer define como "compensación" por las horas que dedicaba a la familia Bárcenas —la cual ya no podía retribuir su trabajo—, aunque niega que se tratara de esa cantidad.

Dos años de recibos con la firma del chófer frente a cuatro meses de investigación efectiva

En un principio, la fiscalía concluye que la duración del operativo Kitchen coincide con los dos años a lo largo de los cuales se extienden 19 recibís con firma del chófer (algunos de los cuales fueron localizados en casa de Villarejo y otros son aportados por la Policía). Esto llevó a pensar que la duración de la operación fue de dos años, con inicio en julio 2013 y fin en abril de 2015, si bien luego fueron aportados al juzgado cuatro recibos más supuestamente pagados al chófer en 2015 —previo retiro de fondos reservados— por Andrés Gómez Gordo, jefe de Seguridad de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha y entonces recién incorporado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Sin embargo, atendiendo a los datos contenidos en el sumario, las actuaciones policiales de seguimiento y la búsqueda activa de la documentación solo se llevaron a cabo entre julio y octubre de 2013, comenzando con la captación del chófer, siguiendo con los seguimientos a la familia Bárcenas a través de unidades de vigilancia policiales y finalizando con la entrega y posterior volcado de dispositivos móviles que el chófer les entrega en octubre de 2013. Es decir, la Operación Kitchen duró en realidad cuatro meses, aunque los recibís de chófer se firmaran durante al menos dos años. O, lo que es lo mismo, el chófer cobró presuntamente de los fondos reservados sin haber una investigación policial en marcha.

Principales hitos del 'Operativo Kitchen'. (Elaboración propia con datos del sumario 'Tándem').

Objetivo: lucrarse con los fondos reservados y funcionar sin control alguno

Los investigados explican Kitchen como una acción de "apoyo operativo" al juzgado que instruía Gürtel en la búsqueda de posibles dineros de Bárcenas en el extranjero. Pero de los escritos de los fiscales se desprende una operativa parapolicial disfrazada de investigación oficial para actuar en un doble plano: por un lado, conseguir (o simular que intentaba conseguirse) documentación incriminatoria para el Partido Popular, bien para ocultarla, bien para articular una defensa en caso de hacerse pública; y, por otro, retirada de fondos reservados para financiar el tejemaneje y lucrarse personalmente.

Para esconder los motivos y justificar el uso de recursos policiales y de fondos reservados, se buscó el disfraz de una investigación oficial. Y para otorgarle veracidad, esta supuesta investigación fue dada de alta en la aplicación policial Investiga dos años después de finalizada la fiesta a través de una burda "nota informativa" sin encabezado, fecha, ni autoría; una nota de cuatro folios que, según el responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) adscrito a la investigación judicial de Gürtel, es un refrito de datos que ya obraban en el sumario.

Días después de dar de alta la investigación en dicha aplicación, se añaden seis folios con un listado de lugares frecuentados por Bárcenas que tampoco aportaban valor. En su declaración, el DAO Eugenio Pino —que confesó haber ordenado el operativo— le dijo al fiscal que eso era todo (tras, se supone, dos años investigando) y que a ello había que añadir "notas informativas" que Villarejo fue entregando a "los de Asuntos Internos y la Comisaría de la Policía Judicial". La fiscalía requirió la documentación a ambas unidades. No existía. 

¿A quién le interesaba el contenido de los papeles de Bárcenas?

La fiscalía señala a políticos del PP como clientes potenciales o de facto de Villarejo por su eventual interés en el contenido de los papeles de Bárcenas y halla indicios para dos grupos: de un lado, el triángulo conformado por Fernández Díaz, su secretario de Estado Martínez Vázquez y Cospedal, para la que, además, se indica un posible interés añadido y personal por el señalamiento del que es objeto por parte de Bárcenas en su declaración; y, de otro, un grupo conformado por políticos del PP afectados por la causa Gürtel, grupo al que se llega tras el hallazgo de un borrador de contrato (hallado dentro de la carpeta "SMP") según el cual Villarejo apoyaría a la defensa letrada de estos políticos, que lideraba el fallecido exfiscal Ignacio Peláez, ubicuo en tejemanejes del comisario.

Sin embargo, el análisis del modus operandi de esta organización criminal arroja dos grupos adicionales que podrían tener interés en la documentación custodiada por el extesorero:

-Personas allegadas a Villarejo implicadas en Gürtel, como Adrián de La Joya, y otras cercanas a éste, como Manuel Delgado Solís o Eduardo Eraso Campuzano. 

-El propio Villarejo y sus socios buscando generar "negocio" con dicha documentación, por la vía de asustar a los ricos empresarios de los Papeles para ofrecerse seguidamente a resolverles el asunto. A pesar de que los policías investigados alegan que el objetivo de la supuesta investigación era buscar el dinero de Luis Bárcenas, no se ha localizado entre los archivos de Villarejo ese característico pack documental que elaboraba en cuanto tenía el mínimo interés por un personaje. Un pack que sí existe para varias empresas nombradas en los Papeles; por ejemplo, Constructora Hispánica, propiedad entonces de Antonio García Pozuelo y de Licuas y su dueño, Joaquín Molpeceres. Para cada una de esas compañías, Villarejo confecciona el paquete documental con el que estructura todos sus rastreos sobre los personajes que se convierten en su objetivo: informes, búsquedas de datos mercantiles, propiedades y vinculaciones, así como noticias relacionadas, extraídas de su fondo de armario de recortes de prensa, que construye a diario y que almacena en las carpetas madre tituladas, según las épocas, "base de datos", "biblioteca" o "Interior" (en referencia a Prensa de Interior y Tribunales).

Los documentos incriminatorios no llegaron a la Policía, pero sí a ciertos medios de comunicación

Sobre Luis Bárcenas no hay notas e informes patrimoniales de relevancia en el material incautado a Villarejo, pero sí "notas" con referencia a supuestos "robos exitosos" o intentos de robo de documentación a Luis Bárcenas, titulados "K1"  "K2", etc. (en referencia a supuestos confidentes o infiltrados en su entorno familiar o en la prisión). Estos documentos nunca fueron entregados a ninguna unidad policial, pero su contenido fue puntualmente reproducido con posterioridad a 2013 en El Confidencial, El Español, Interviú y El Mundo. No es difícil imaginar lo inquietantes que debieron de resultar esas publicaciones para los empresarios y políticos en riesgo de imputación en la pieza de los Papeles de Bárcenas hasta que Pablo Ruz la archivó en marzo de 2015 para todos los empresarios (salvo Luis del Rivero, donante de la campaña de Cospedal) por falta de pruebas de donación finalista.

Los entretenidos relatos sobre los "asaltos", que la fiscalía ni menciona hasta el momento (salvo el de 2013 perpetrado por el falso cura), contribuyeron a crear la impresión de un operativo extendido en el tiempo. Incluían mensajes del tipo "existen ahora mismo cientos de documentos incriminatorios circulando por redacciones y en poder de policías" que se ilustraban con pantallazos del botín de cada incursión, aunque resultó que los relevantes eran siempre casi los mismos y coincidían con los entregados por Bárcenas en el juzgado.

Con respecto de la realidad de la operación y los resultados obtenidos, es resaltable que la mayoría de las grabaciones incluidas como relacionadas por la unidad de Asuntos Internos en la pieza Kitchen son de 2017, cuando se desarrollaba la ofensiva para lograr el nombramiento como DAO de José Luis Olivera. En esas grabaciones se escucha una letanía sin fin de avisos y amenazas en forma de recuerdos en flash back acerca de la documentación sobre el PP que consiguieron y que decían conservar. Por esas fechas, Villarejo y sus amigos sospechaban que sus conversaciones podían estar intervenidas por orden judicial. Lo mismo ocurre con las hojas seleccionadas de su agenda. Son de los años 2016 y 2017.

Los recibís del chófer: posible instrumento de saqueo a los fondos reservados y elemento de extorsión

En total se hallaron 23 recibos mensuales de 2.000 euros cada uno, con la aparente firma del chófer de Bárcenas. 19 fueron localizados en casa de Villarejo y en archivos policiales, y cuatro más fueron aportados por la DAO y correspondían al periodo de julio a noviembre de 2015, pagados por Andrés Gómez Gordo, previa retirada de los 8.000 euros de fondos reservados. Estos últimos son los únicos que Sergio Ríos reconoce haber firmado. 

En su primera declaración, Pino aportó una información muy relevante: aseguró varias veces que las normas prohíben que los confidentes dejen constancia de su participación e identidad, lo que incluye la firma de recibos. A renglón seguido añadió que la práctica consiste en que los funcionarios reciban el dinero para los pagos a confidentes sin necesidad de justificar su destino a posteriori, y así afirma que se hizo con los pagos al chófer por Villarejo y cualquier otro: se les dio el dinero por adelantado. Pino piensa que la existencia de recibos puede obedecer a una "maldad" que define como una argucia para un "cobro doble" por parte de los funcionarios; esto es, primero retirar el dinero para pagar supuestamente al chófer y después presentar dichos recibos en ventanilla para reclamar el dinero.

Recibí de febrero de 2014 pagado por Villarejo al chófer tras recibir el dinero de los fondos reservados. A la derecha , el mismo recibí con sello policial, que podría indicar que se hubiera presentado de nuevo al cobro en la "ventanilla" de los fondos reservados.

Pero hay más: en su primera declaración, de tres horas de duración, el chófer negó haber recibido tal cantidad y también su carácter mensual (habló de unos 10 pagos, el más elevado, según él, de 1.700 euros), y reiteró una y otra vez que no había firmado ningún recibo: "Mire, señor fiscal, no reconozco mi firma". Cuando el fiscal le muestra los primeros 19 (en fase secreta de la investigación), Ríos dijo que era la primera vez que los veía y, en apenas unos minutos, dictaminó que no coincidía la letra, ni en algunos el DNI o que los apellidos estaba intercambiados. En una segunda declaración, sí admitió, por el contrario, haber firmado los cuatro recibos que gestionó Gomez Gordo y que aún no habían aparecido cuando declaró la primera vez. La disposición de fondos reservados para pagar los 19 primeros recibos está acreditada. Por tanto: si no fue el chófer, ¿quién los cobró? 

Pero los recibos también tenían otra eventual utilidad: servir de elemento de extorsión, en caso necesario, contra las autoridades, dado que en un momento determinado podían ser utilizados como pruebas de pago por operaciones alegales o ilegales. La fuerza de este tipo de documentos se demuestra con la propia apertura de la pieza Kitchen: sin el hallazgo de los recibos es improbable que se hubiera iniciado esta investigación.

Quién es quién en la ejecución de 'Kitchen': el espectáculo de la confusión

Cuando se llega al capítulo de responsabilidades, se entra como sucede siempre con estas personas, en el espectáculo de la confusión. Según su primera declaración, es Eugenio Pino quien toma la iniciativa tras consultarlo, según él, con su jefe directo, Ignacio Cosidó, después de recibir en el verano de 2013 la visita de Gómez Gordo —entonces director de seguridad de Cospedal en Castilla-La Mancha—, en la que le informa de la posibilidad de captar al chófer de Bárcenas porque, según el relato de Pino, los Bárcenas no le pueden pagar más y necesita el dinero. En realidad, el chófer sí tenía un trabajo: estaba contratado para prestar servicio de seguridad en una agregaduría de Arabia Saúdí, a lo que dedicaba según su declaración tres cuartos de su tiempo, siendo el cuarto restante para los Bárcenas. Gómez Gordo le conocía de cuando Ríos era chófer de Francisco Granados y él, jefe de Seguridad de la Ciudad de la Justicia.

En las conversaciones flash back de Villarejo de 2017 con Enrique García Castaño (alias El Gordo) y otros socios-amigos, el comisario encarcelado señala al secretario de Estado y al ministro como beneficiarios últimos ("se destruyeron pruebas en lugar de entregárselas al juez, yo lo tengo denunciado", dice Villarejo, llamándolo "operación cuisine" con la boca llena), se autoatribuye sutilmente la idea de captar al chófer y afirma que, en la puesta en marcha del plan, colaboran Cospedal y su marido, que son quienes meten a Gómez Gordo en escena a raíz de que García Castaño no lograse una línea de confianza con el chófer. El chófer declara, por el contrario, que es él quien contacta con Gómez Gordo cuando García Castaño se le aproxima para obtener referencias suyas y que, tras eso, Gómez Gordo le presenta a Villarejo.

Eugenio Pino afirma en el juzgado que él da la orden, pero que delega en Villarejo como "jefe de la unidad". Sin embargo, Villarejo no ha sido nunca jefe de ninguna unidad, ni adjunto al DAO, ni agente encubierto de nada, como confirmó la Dirección General de la Policía al juzgado que instruye el Caso Nicolás. Pino continúa diciendo que la designación de Villarejo la hizo por indicación de Cosidó, pero poniendo a sus órdenes para vigilancias a "la gente de Marcelino [Martín Blas]", primero, y a la unidad de seguimientos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de García Castaño en sustitución de "la de Marcelino", poco después.

[Marcelino Martín Blas fue cesado por Pino como jefe de Asuntos Internos por su empeño en investigarles. Ya en 2012, Martín Blas inicia investigaciones contra Olivera, Salamanca y otros pidiendo incluso intervenciones telefónicas que el fiscal de Madrid José Javier Polo Rodríguez deniega. La organización criminal fue informada al punto de esta petición].

¿Un cabeza de turco llamado Marcelino?

Al igual que otros investigados y dos testigos a ellos vinculados, Eugenio Pino hace protagonista de la operación a Marcelino Martín Blas, razón por la cual ha acabado imputado en la causa. En el caso de Pino, por ejemplo, son incontables las veces que pronuncia la palabra "Marcelino" durante las casi cinco horas de sus declaraciones. Lo presenta como conocedor de la operación desde el inicio, implica a sus agentes en las vigilancias —que además sitúa bajo las órdenes de Villarejo— e incluso dice que hizo un pago al chófer y que le entrevistó previamente para saber su valía. Y remata repitiendo varias veces que era a Martín Blas a quien Villarejo enviaba sus notas informativas sobre Kitchen.

Pero los hechos le desmienten. Preguntado y repreguntado por el juez y los fiscales, el chófer Ríos declaró que solo tuvo contacto con Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo. En ninguna declaración menciona a Martín Blas, ni como colateral. Por otro lado, las notas informativas que menciona Pino se han demostrado inexistentes y, además, las actas de vigilancia certifican que en ellas solo participaron agentes de la unidad de vigilancias de la UCAO, la que dirigía García Castaño. 

Oficio firmado por Francisco Migueláñez , jefe de Asuntos Internos, y enviado al juzgado a requerimiento de los fiscales y el juez.

No faltó nadie a la cita contra Martín Blas. Como testigo en su contra, también declaró el inspector Jesús Vicente Galán que, sin prueba alguna, afirmó ante Asuntos Internos que el entonces responsable de dicha unidad le ordenó una vigilancia en las proximidades del domicilio de Bárcenas. De existir dicha orden, habría quedado por escrito. Galán ha participado presuntamente en la construcción de historias falsas y difamatorias contra Unidas Podemos y en presiones a los jóvenes agentes de la Comisión Judicial blindada del Caso Nicolás para que le revelaran detalles de la investigación o para que abandonaran. Como reconocimiento, fue nombrado agregado de Interior en Mauritania, un puesto remunerado con más de 10.000 euros brutos mensuales.

El sumario acredita que en las vigilancias solo participó la unidad de seguimientos de la UCAO, que dirigía García Castaño.

Por si fuera poco, la unidad de Asuntos Internos también ha contribuido a que se deduzca una participación y/o conocimiento de Martín Blas sobre Kitchen, incluyendo en un oficio la transcripción mutilada de una conversación telefónica entre Villarejo y Eugenio Pino sobre Kitchen. Dicha conversación se produce después de que Villarejo llamara al móvil de Martín Blas a sabiendas de que este y Pino estaban reunidos y le pida que le pase con él (ver gráfico inferior).

En la transcripción que se incluye en el cuerpo del oficio se omiten las palabras intercambiadas entre Villarejo y Martín Blas (cosa inexplicable, dada la condición de investigados de ambos), su charla se define como una "conversación" (sin describir su contenido) y se hace pensar a quien lo lea que ésta versa sobre Kitchen, porque es de lo que Villarejo habla seguidamente con Pino. Martín Blas está delante de Pino, pero de la simple lectura de la transcripción se colige fácilmente que Pino habla en clave y, por tanto, una persona que le escuche no puede saber de qué habla.

Si ya es sorprendente que no se transcriba la conversación entre dos imputados, lo es más aún el hecho de que la misma transcripción de la charla entre Villarejo y Pino que figura en el oficio se recoja también en el anexo, aunque con un matiz importante: parece la misma, pero no lo es. Se trata de un juego visual: si se hojea rápido el anexo, parece idéntica a la del oficio, porque ambas tienen una introducción de longitud similar. Pero es en la del anexo en que todo se explica correctamente.

El sumario acredita que en las vigilancias solo participó la unidad de seguimientos de la UCAO, que dirigía García Castaño.

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