Desde que el pasado 3 de diciembre de 2019 tuviera lugar la constitución de las Cortes, la Comisión de Gastos Reservados todavía no se ha creado, lo que ha impedido que el Gobierno de Pedro Sánchez haya rendido cuentas en sede parlamentaria sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el uso de los fondos reservados.

En realidad, este órgano parlamentario, conocido como comisión de secretos, lleva sin reunirse desde el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes por los comicios generales de abril de ese año. Desde entonces, los responsables de los ministerios implicados en estas materias (Presidencia, Interior, Defensa y Exteriores) no han informado a sus señorías acerca del destino de estas partidas presupuestarias ni de las actuaciones llevadas a cabo por el servicio de inteligencia estatal, protegidas por la ley franquista de secretos oficiales (pendiente de modificarse también).

En el momento en el que la legislatura ha superado su ecuador, el debate sobre la constitución de esta comisión vuelve a estar sobre la mesa a raíz de conocerse que al menos 65 políticos, abogados y activistas relacionados con el independentismo catalán y vasco han sido espiados a través del sistema israelí de Pegasus, que según su fabricante solo se vende a fuerzas del orden y agencias de inteligencia.

La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado hacia esta comisión como única vía para dar las explicaciones oportunas sobre este caso de espionaje masivo, también conocido como catalangate, ya que el Gobierno se escuda en que todas las actuaciones del CNI están salvaguardadas por la ley promulgada hace 53 años por el dictador Francisco Franco.

"Espero que cuando se constituya la comisión, se pueda declarar con toda claridad. Porque el sometimiento a la ley es total y absoluto", ha señalado este miércoles la titular de Defensa en una entrevista toda vez que ha rechazado confirmar o desmentir si el CNI compró hace unos años el software Pegasus, ya que "estaría incumpliendo la ley". "Sería muy bueno que la comisión se constituya y se pueda explicar todo, con documentación y transparencia. Es gratuito hacer imputaciones, pero yo me creo que estamos en un Estado de derecho", ha espetado.

Se necesitan 210 diputados

Lo cierto es que esta comisión lleva dos años y medio sin constituirse, precisamente, por la dificultad de llegar a acuerdos a gran escala y los supuestos vetos cruzados entre partidos de la derecha y de la izquierda, a pesar de que supone un incumplimiento de la ley. En este sentido, el texto legislativo que regula los fondos reservados desde 1995 determina un control parlamentario directo sobre estas partidas presupuestarias a través de dicha comisión, "a la que se atribuyen competencias para el control de la aplicación y uso de estos créditos".

Asimismo, determina la especial obligación de los ministros que tengan a su disposición gastos reservados de "informar periódicamente a dicha comisión parlamentaria". El artículo 7 de la norma recoge que el órgano encargado competente estará compuesto por el presidente de la Cámara Baja, que la presidirá, y "aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales".

Es decir, en virtud del reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara (210 votos), en una votación secreta mediante papeleta en urna.

En todo caso, las sesiones de la comisión "serán secretas y sus miembros vendrán obligados a no divulgar las informaciones obtenidas", en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 del reglamento del Congreso de los Diputados. También, la ley añade que, "con carácter anual", la comisión "podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas".

Balones fuera

Con todo, para que los representantes de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu y la CUP (como portavoz del Grupo Mixto) puedan estar presentes en dicho órgano, se requiere de los votos de la derecha. Lo mismo ocurre con la ultraderecha, que necesita recabar apoyos de una mayoría progresista que ejerce un cordón sanitario contra la formación de Santiago Abascal.

A pesar de los vetos cruzados de los grupos, fuentes socialistas destacan a este medio que tanto esta formación como el Gobierno han tratado de poner fin a esta anomalía, por lo que vuelve a reiterar su disposición a activarla con los representantes de todos los grupos, sin ninguna excepción. Asimismo, los socialistas dejan la pelota en el tejado del PP, a quien acusan de "torpedear" al Gobierno toda vez que los partidos independentistas, aliados parlamentarios del Ejecutivo, han anunciado que pedirán la constitución de dicha comisión.

Por su parte, el grupo popular sigue escudándose en que tiene que ser la presidenta del Congreso, en este caso, la socialista Meritxell Batet, "la que inicie los trámites formales" para su puesta en marcha, ya que es quien preside el órgano parlamentario. "Que la active, la lleve a votación al pleno y que los integrantes obtengan 210 votos", añaden fuentes populares.

No obstante, desde la Presidencia del Congreso se insiste en que se pondrá en marcha dicha comisión "cuando los grupos lleguen a un acuerdo", una tarea complicada que impide el control parlamentario sobre informaciones encerradas bajo llave y sobre las que pesan fuertes acusaciones, como es el caso del presunto espionaje a los líderes y activistas independentistas.