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Caso Villarejo El juez procesa al marido de Ana Rosa Quintana y otras 13 personas en el 'caso Villarejo'

El juez instructor concluye la investigación de la tercera pieza de la macrocausa 'Tándem' por extorsión y revelación de secretos.

Ana Rosa Quintana habla, por fin, de su marido (y las redes estallan)
Ana Rosa Quintana y su marido en una imagen de archivo.

europa press

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al marido de Ana Rosa Quintana y a otras 12 personas por los presuntos delitos de extorsión, descubrimiento y revelación de secretos investigados en la pieza separada número 6 del caso Tándem, denominada Pintor.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que este lunes solicitó que concluyera esta parte de la investigación sobre el encargo que habrían realizado los empresarios Juan y Fernando Muñoz a Villarejo, en prisión provisional. Así, ya son tres piezas separadas de una veintena que conforman el caso las que ya han terminado de investigarse.

Así, en un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado, el magistrado propone juzgar a Villarejo, su hijo, su abogado Rafael Redondo, los empresarios Juan y Fernando Muñoz, al policía jubilado Antonio Bonilla Martínez, al subinspector de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Javier Fernández Pérez y al miembro del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel González Escobar. También los abogados José Luis García González y Ricardo Álvarez-Ossorio Fernández; la detective Elisa Gabán González y Nuria Morales Castro, Gervasio Cañabete Mesas, Juan Manuel León Leiva, José Luis García González.

Información "sensible y de acceso restringido"

Los hechos que han originado esta pieza se centran en la contratación que realizaron los hermanos Muñoz a principios de 2017 de los servicios de José Manuel Villarejo para conseguir información de un exsocio que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de Hacienda en concepto del IVA. Al declararse insolvente, toda la reclamación se dirigía exclusivamante frente a Fernando Muñoz.

El juez relata a lo largo de 11 páginas que Villarejo, con la colaboración de varios de los miembros de su entramado empresarial denominado Grupo Cenyt, proporcionó a Juan y Fernando Muñoz "diversa información sensible y de acceso restringido" del ex socio y de su abogado, el exjuez Francisco Javier de Urquía, "a cambio de 20.000 euros, precio que se abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental".

El objetivo de esa contratación ilícita era localizar activos patrimoniales del ex socio investigado para evidenciar el "carácter ficticio de la situación de insolvencia", a la par que obtener "debilidades" del abogado, como medida de presión para forzarles a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los Muñoz.

Para lograr su cometido, el comisario se habría valido de un vídeo de contenido sexual que grabó en su día al entonces juez en Marbella en connivencia con el traficante de armas Monzer Al Kassar, y que ofreció a los empresarios a cambio de un precio asegurando que era obra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Servicios de una detective y policías

El juez explica que para obtener la información sensible, Villarejo, su hijo y su abogado Rafael Redondo se sirvieron de los servicios de una detective y de funcionarios de policía que realizaron accesos ilegítimos a bases de datos policiales.

Serían los letrados de los hermanos Múñoz, Ricardo Álvarez Ossorio Fernández y José Luis García González, los que "recibirían el material sensible para mostrárselo a su colega y conseguir de esa forma el pacto que se buscaba", indica el auto. Añade el magistrado que los investigados "no habrían llegado a utilizar toda esta información reservada".

Así, de la investigación realizada el juez García Castellón concluye que la actividad contratada a Villarejo "iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives", constatándose que José Manuel Villarejo y Rafael Redondo ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar "una situación de crisis, que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones de carácter reservado y confidencial". A partir de ahora las acusaciones disponen de 10 días para formular su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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