Un informe del Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA), dependiente de la Generalitat, plantea abordar dos vías "no exploradas" para que se pueda celebrar un referéndum sobre la independencia de Catalunya que asegura que podría ser acordado y estar dentro de la legalidad constitucional.

La primera vía que plantea el informe Democràcies i referèndums d'independència. El cas de Catalunya es impulsar desde el Parlament y llevar al Congreso una reforma de la Ley Orgánica sobre la regulación de las distintas modalidades de referéndum, una norma de 1980.

La idea pasa por incorporar a esta ley una disposición adicional que abriera la puerta a un referéndum circunscrito a Catalunya —y no al conjunto de España— "sobre el futuro colectivo del país", lo que se adecuaría a la Constitución, señala el estudio.

La segunda vía también se impulsaría desde la Cámara catalana y, de nuevo, se llevaría al Congreso y pasaría por plantear una reforma de la Constitución, introduciendo en la Carta Magna una nueva disposición adicional que facilitase la celebración del referéndum.

Entre las ventajas que plantea estan dos vías, sostiene el informe, está manifestar desde Catalunya "buena fe" en términos de negociación política; aumentar la legitimidad de las instituciones catalanas de cara a la comunidad internacional, y suscitar apoyos de posiciones que van más allá del independentismo.

Entre las desventajas, constata que supondría una disonancia con la hoja de ruta independentista que pivota en torno al 1-O; profundizaría en la fragmentación del independentismo, y podría poner "en riesgo el autogobierno" ya que algunos podrían utilizar la reforma constitucional para recentralizar competencias.

"Dificultades"

En declaraciones a los medios, el presidente del IEA, el catedrático de Ciencia Política Ferran Requejo, señaló este pasado miércoles que su organismo tiene una función analítica: no se decanta por ninguna vía, sino que plantea "varias opciones" para que el Govern y los partidos debatan, si quieren, la más propicia.

Cree que la vía de la reforma constitucional tiene "muchas dificultades" y que la de vía de reformar la ley orgánica tampoco parece fácil en el contexto actual, pero insiste en que su organismo busca dar elementos para el debate tanto teórico como práctico.

El informe repasa a partir de la política comparada otros casos de referéndums a nivel internacional, y concluye que cualquier solución potencial a la situación de Catalunya debe partir de un reconocimiento por las dos partes del "pluralismo nacional del Estado".

"En caso contrario, para el catalanismo político no habrá más alternativa práctica que la independencia, pese a todas las dificultades estructurales, procedimentales y sobrevenidas que este objetivo conlleva a corto plazo", concluye el documento.

Para impulsar el referéndum a través de estas dos vías no exploradas, el informe plantea crear una comisión de expertos "del más amplio espectro" con miembros, no solo de Catalunya, sino de instituciones académicas del resto del Estado y de los ámbitos europeo e internacional.

Añade que la comisión podría ser una iniciativa del Govern previo encargo del Parlament, y debería tener un plazo de tiempo suficiente para formular una propuesta "abierta" con el objetivo de favorecer un pacto entre las instituciones catalanas y las estatales.

Finalmente, los trabajos de la comisión deberían enviarse al Parlament para que "elaborara la propuesta normativa que considerase procedente", que luego debería llevarse forzosamente a las Cortes para que allí, de nuevo, se abriera un debate y se estudiara la viabilidad.

El informe, que se entregará al presidente Quim Torra y a los grupos parlamentarios de Catalunya, también plantea los varios escenarios de los que dispone tanto el Gobierno central como la Generalitat, para abordar la situación actual de Catalunya.

De todos los escenarios —van desde aplicar un nuevo 155 a la unilateralidad—, los únicos que que permitirían "solucionar el problema político de fondo" son un referéndum de independencia acordado y una propuesta acordada entre Estado y Generalitat sobre cambios en el modelo territorial actual reconociendo las especificidades de Catalunya, precisa.

Así, las únicas opciones que tienen el Gobierno y la Generalitat para solucionar el fondo del problema pasan por el "acuerdo político", añade el informe.