Las causas judiciales todavía pendientes del 1-O

En solo 24 horas se ha evidenciado que las consecuencias judiciales derivadas de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 están todavía bien presentes en la política catalana. Pese a los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y estatal, la desjudicialización del conflicto territorial está lejos de ser completa.

El regreso después de más de cinco años en el exilio de la exconsellera de

Ensenyament Clara Ponsatí y el juicio al actual titular de Acció Exterior,

Meritxell Serret, han puesto de manifiesto que la represión contra el

independentismo no se ha detenido, si bien es cierto que la situación está

lejos de la que existía hasta junio del 2021, cuando nueve dirigentes

políticos y sociales acumulaban ya años en prisión. Repasamos en qué

estado se encuentra cada caso y cuáles son las próximas citas judiciales

que tendrán que afrontar los políticos implicados en el 1-O.

El regreso a Catalunya de Ponsatí, aunque fuera durante unas horas, acaparó buena parte de la atención mediática del martes. En un golpe de efecto, la actual eurodiputada de Junts tuvo tiempo de dar una rueda de prensa en la que denunció que la orden de detención contra ella en el Estado emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "es ilegal", dada la inmunidad de la que goza como parlamentaria comunitaria.

Posteriormente fue detenida por los Mossos d'Esquadra -en cumplimiento de

su labor de policía judicial- y quedó en libertad al cabo de cuatro horas -poco antes de las 11 de la noche- con el requerimiento de comparecer ante

Llarena en el Supremo el 24 de abril, donde si se presenta se le comunicará

su procesamiento por un delito de desobediencia.

Pese a sus críticas a ERC, Ponsatí -que este miércoles regresó a Bruselas para asistir al pleno de la Eurocámara- decidió volver a pisar a Barcelona después de que la reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno español y los republicanos derogara el delito de sedición y ella pasara a estar acusada únicamente por desobediencia, un delito que no comporta penas de prisión.

En cuanto a Meritxell Serret, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

(TSJC) celebró este miércoles el juicio contra ella como acusada de "desobediencia grave" por la organización del 1-O. Si es condenada, Serret, que entonces era la consellera de Agricultura, se vería obligada a abandonar el Ejecutivo, donde ahora ostenta la cartera de Acció Exterior. Le piden un año de inhabilitación. Tras tres años y medio en Bélgica, Serret volvió por sorpresa al Estado en marzo de 2021 y tras comparecer ante Llarena quedó en libertad sin medidas cautelares.

La situación de Puigdemont, Comín y Puig

Más graves son las acusaciones que Llarena mantiene contra el expresident

Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, los tres afincados en Bélgica desde finales de octubre del 2017. En concreto, el magistrado del Supremo confirmó la semana pasada que quiere procesarlos

por los delitos de desobediencia y malversación agravada. Y éste podría comportar penas de hasta 12 años de cárcel.

Como Ponsatí, Puigdemont y Comín son eurodiputados de Junts per

Catalunya y los tres están pendientes de que el Tribunal General de la UE se

pronuncie definitivamente sobre su inmunidad como parlamentarios, algo

que puede ser decisivo para que el expresident y el exconseller de Salud se

planteen o no su regreso a Catalunya sin riesgo de ser detenidos y

someterse a un juicio que podría acarrearles, previsiblemente, condenas de

prisión.

De momento, sin embargo, Llarena no ha vuelto a emitir las euroórdenes

contra ninguno de ellos. En el caso de Puig en principio estaría esperando a

que la orden de procesamiento sea firme, mientras que en cuanto a

Puigdemont y Comín no habrá novedades al menos hasta que el TGUE haya

resuelto la cuestión sobre su inmunidad como eurodiputados.

La última dirigente independentista que dejó Catalunya después de los

hechos del otoño de 2017 y todavía no ha vuelto es la secretaria general de

ERC, Marta Rovira. A raíz de la reforma del Código Penal, como Ponsatí ha

pasado a estar únicamente acusada de desobediencia y no de sedición. Tras

cinco años en Ginebra (Suiza), recientemente ha afirmado que "mi posición

es clara: cuando acaben de discutir sobre qué delitos me acusan y haya un

auto firme, tomaré una decisión y la comunicaré". Dicho en otras palabras,

se plantea un retorno en un plazo relativamente breve cuando tenga

garantías de que no le comportará el ingreso a prisión.

También está acusada de desobediencia la exdiputada de la CUP Anna

Gabriel, que se presentó voluntariamente en el Supremo el pasado verano

después de cuatro años y medio en Suiza. Gabriel está pendiente de que la

Audiencia de Barcelona fije fecha por su juicio, que en cualquier caso no le

comportará ninguna condena de prisión.

Peticiones de prisión para Jové y Salvadó

Otros dirigentes pendientes de juicio son los republicanos Josep Maria Jové,

Lluís Salvadó y Natàlia Garriga. Los tres eran altos cargos del Departamento

de Vicepresidencia en el 2017, cuando esta cartera estaba liderada por el

presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Hace un mes y medio, la Fiscalía hizo público que pide siete años de cárcel y 32

de inhabilitación para Jové -actual presidente del grupo parlamentario de

ERC- y seis años y tres meses de cárcel y 27 años de inhabilitación para Lluís

Salvadó, que ahora preside el Puerto de Barcelona-, por los delitos de

malversación agravada, prevaricación y desobediencia por los preparativos

del 1-O. A Garriga, actualmente consellera de Cultura, se la acusa únicamente por desobediencia y la petición es de un año de inhabilitación. Hasta días antes del 1-O, Jové era secretario general del Departamento de Vicepresidencia y Economía; Salvadó fue secretario de Hacienda del Govern desde el 19 de enero de 2016 hasta el 24 de octubre de 2017, y en esa época Garriga era la directora de servicios de Vicepresidencia.

Además, hace un par de semanas se celebró la repetición del juicio contra los miembros independentistas de la Mesa del Parlament durante el 2017, después de que el Supremo anulase la sentencia por la falta de imparcialidad de dos de los magistrados del TSJC que la dictaron. Habían sido condenados a un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia. La sentencia del nuevo proceso todavía no se conoce.

Más allá de los cargos públicos se arrastran también causas pendientes contra activistas independentistas, normalmente ligadas a movilizaciones, como las que se produjeron en octubre del 2019, cuando salió la sentencia del juicio del 1-O. Vinculado a este proceso, a mediados de febrero el Supremo anunció que mantenía las condenas a inhabilitación a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, mientras que desaparecían las de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Josep Rull y Quim Horno. Todos habían sido indultados parcialmente en junio del 2021, lo que permitió su salida de prisión.