La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha declarado este jueves la pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba Mesa, titular de una plaza en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 379.1 d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso".

Alba fue condenado como autor de un delito de prevaricación judicial en concurso medial con un delito de cohecho y de un delito de falsedad en documento público a penas que suman seis años y seis meses de prisión, con pérdida definitiva del cargo y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

La condena fue dictada el 10 de septiembre de 2019 por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y confirmada el 25 de noviembre de 2021 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el 30 de diciembre siguiente remitió copia testimoniada de su resolución al Consejo General del Poder Judicial.

El pasado 13 de enero, la Comisión Permanente acordó el inicio de expediente de pérdida de la condición de magistrado de Alba y, tal y como dispone la LOPJ, dio traslado de su acuerdo al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a fin de que emitieran informe, así como al interesado para que alegara lo que a su derecho conviniera.

Por su parte, la Fiscalía emitió informe de fecha 2 de febrero de 2022 manifestando la conformidad con lo acordado por la Comisión Permanente en aplicación del citado precepto, que prevé para estos casos la "pérdida de la condición de magistrado".

La notificación a Alba Mesa fue practicada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado 1 de febrero sin que, hasta la fecha, y habiendo transcurrido el plazo de diez días que le fue concedido para formular alegaciones, haya presentado escrito alguno.

Salvador Alba Mesa se encontraba en la situación administrativa de suspensión provisional de funciones desde el 19 de julio de 2018 por acuerdo de la Comisión Permanente, como consecuencia de haberse dictado contra él auto de apertura de juicio oral.

Contra el acuerdo del CGPJ se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.